Rodrigo Chaves, expresidente y ministro de la Presidencia de Costa Rica, introdujo el proyecto de ley «Convenio Regional de Reconocimiento de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior en América Latina y el Caribe». La propuesta busca dotar al país de un marco moderno, transparente y ágil para homologar grados académicos extranjeros y favorecer la movilidad estudiantil y profesional.
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El convenio, promovido internacionalmente por la Unesco y suscrito por Costa Rica en Buenos Aires, Argentina, actualiza la normativa regional de 1974 para adaptarla a la era digital, el aumento de programas virtuales e híbridos y la expansión de agencias de acreditación de calidad.
Protección a refugiados
Uno de los avances más destacados propiciados por el convenio es la protección para personas en situación de vulnerabilidad o desplazamiento forzado, estipulado en el mismo artículo III, numeral 5.
“Cuando se trate de personas refugiadas o desplazadas, cada Estado Parte adoptará todas las medidas razonables en el marco de su sistema de educación superior y de conformidad con sus disposiciones constitucionales y legales nacionales para elaborar procedimientos, incluido el reconocimiento del aprendizaje anterior, que permitan evaluar con equidad y prontitud si reúnen los requisitos pertinentes… aun cuando no se disponga de las pruebas documentales necesarias para el reconocimiento”.
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Un aspecto fundamental es que estas evaluaciones deben realizarse incluso cuando los interesados no dispongan de toda la documentación que normalmente se requiere para un reconocimiento estándar. Esto responde a la imposibilidad material que sufren debido a la movilidad forzada para traer expedientes completos desde sus países de origen.
Facilitar movilidad académica
El Ejecutivo costarricense fundamenta la urgencia de renovar los marcos normativos ante los cambios de la educación actual, según los motivos de ley.
“Hoy en día, la movilidad académica ya no puede entenderse como un fenómeno excepcional o limitado a programas específicos de intercambio… La ausencia de procedimientos claros, oportunos y razonables de reconocimiento puede traducirse en obstáculos innecesarios para la continuidad educativa, la cooperación universitaria, la atracción de talento, la investigación y el aprovechamiento de capacidades profesionales y científicas ya existentes”, se lee en la iniciativa.
El proyecto enfatiza que el tratado no implica una convalidación automática ni restringe las potestades constitucionales del país:
“El Convenio se articula alrededor de principios de transparencia, calidad, confianza mutua, no discriminación, equidad, inclusión y respeto a la normativa nacional. De ahí que su aprobación no pueda interpretarse como el establecimiento de un sistema automático, indiscriminado o irrestricto de reconocimiento de títulos extranjeros. El instrumento mantiene un margen de apreciación para que cada Estado, por medio de sus autoridades competentes, determine la procedencia del reconocimiento y la equiparación dentro de plazos razonables y conforme a sus propias reglas”, indican.
Añaden que respecto a colegios profesionales y leyes nacionales, no elimina los requisitos que el ordenamiento jurídico costarricense pueda exigir para el ejercicio de profesiones reguladas, tales como la incorporación a colegios profesionales, licencias, autorizaciones, pruebas, cumplimiento de requisitos deontológicos, verificación de idoneidad o cualquier otra condición establecida por la normativa nacional aplicable.
Facilidades de acreditación
En lugar de debilitar los controles técnicos, el proyecto promueve la confianza institucional respaldada por agencias como el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes).
“La acreditación, en ese sentido, no aparece como un obstáculo al reconocimiento, sino como una condición que lo hace más confiable, técnicamente fundado y legítimo. Desde esta perspectiva, el tratado no debilita los sistemas nacionales de aseguramiento de la calidad, sino que los coloca en el centro de la arquitectura regional de reconocimiento”, se lee en el documento.
En el artículo III del proyecto de ley, compromete a las autoridades a fijar plazos claros y fundamentar eventuales rechazos.
“Las decisiones sobre el reconocimiento se adoptarán dentro de un plazo razonable, especificado de antemano por la autoridad competente en materia de reconocimiento y calculado a partir del momento en que se haya presentado toda la información necesaria al respecto. Si se deniega el reconocimiento, se deberán declarar las razones de la negativa y se facilitará información sobre las medidas que el titular del título puede adoptar para obtener el reconocimiento en una etapa ulterior”.
Con la firma del proyecto por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo, el expediente iniciará su trámite en las comisiones de la Asamblea Legislativa.
De ser aprobado en el plenario, Costa Rica consolidará su posicionamiento en el espacio latinoamericano y caribeño de educación superior, beneficiando tanto a profesionales extranjeros, incluyendo nicaragüenses que buscan insertarse en el país, como a costarricenses que retornan tras realizar estudios en el exterior.
