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Elizabeth Aracely Franks Davis, de 26 años, fue enviada a juicio por el delito de violencia doméstica o intrafamiliar con resultado de lesiones psicológicas en perjuicio de su expareja, el ciudadano estadounidense John Michael Quinn, de 64 años.
De acuerdo con el expediente judicial, la acusada y la víctima mantuvieron una relación de pareja desde que ella era una adolescente de apenas 13 años, procrearon un hijo y actualmente comparten vivienda en la comarca San Antonio Sur, ubicada en el Distrito Cinco de Managua.
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La Fiscalía sostuvo que el hecho más reciente ocurrió la madrugada del 16 de mayo de 2026. Según la acusación, Franks Davis llegó en estado de ebriedad al inmueble, comenzó a insultar a Quinn, lanzó objetos al suelo y posteriormente lo golpeó en dos ocasiones en las manos con una varilla de hierro para derribarle el teléfono celular con el que intentaba grabar el incidente.
El Ministerio Público también incorporó en su acusación otros episodios de presunta violencia ocurridos en años anteriores. Entre ellos figura un incidente registrado el 24 de noviembre de 2025, cuando supuestamente la procesada golpeó en el pecho a su expareja durante una discusión familiar, provocando que este cayera al suelo.
Asimismo, la acusación refirió que en agosto de 2017 la mujer habría sujetado del cuello a Quinn durante una disputa originada por una presunta infidelidad.
Fiscalía reporta afectaciones psicológicas
La representación fiscal señaló que las reiteradas agresiones físicas y verbales habrían provocado afectaciones psicológicas en la víctima, quien presentó síntomas de ansiedad derivados de la convivencia conflictiva y de los constantes episodios de violencia.
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Según el acta judicial emitida por el Juzgado Primero Local Penal de Managua, el Ministerio Público presentó formalmente la acusación el pasado 6 de julio de 2026 por el delito de violencia doméstica o intrafamiliar con resultado de lesiones psicológicas.
El juez Alex Martínez resolvió imponer a la acusada las medidas cautelares de prohibición de salir del país y de asistir a bares o discotecas mientras continúa el proceso judicial. Además, fijó para el próximo 25 de agosto la celebración del juicio oral y público.
Asimismo, el judicial ordenó remitir un oficio al Ministerio de la Familia para la realización de un estudio social que permita evaluar la situación de tutela y convivencia del hijo menor que ambos tienen en común.
«Delito invisibilizado»
Ante este caso, el colectivo feminista Las Venancias expuso en Facebook lo que considera la otra cara de la denuncia: un delito que, a su criterio, ha quedado invisibilizado dentro de la acusación por violencia intrafamiliar. La organización señaló que el ciudadano estadounidense también debería ser investigado por el presunto delito de violación a menor de 14 años, debido a que la mujer tenía apenas 13 años cuando inició una relación de pareja con él, quien entonces tenía 51.
Aunque aclararon que no pretenden eximir de responsabilidad a la acusada, las activistas demandaron que las autoridades reconozcan jurídicamente que la mujer pudo haber sido víctima de violencia sexual cuando era menor de edad.
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De acuerdo con el Código Penal de Nicaragua, comete el delito de violación quien tenga acceso carnal o introduzca, con fines sexuales, dedos, objetos o instrumentos por vía vaginal, anal o bucal a una persona menor de 14 años, aun cuando exista consentimiento. Este delito es castigado con penas de entre 20 y 25 años de prisión.
Asimismo, el artículo 169 establece como circunstancia agravante que la víctima resulte embarazada producto de la violación.
“Por ello nos preguntamos cuántas víctimas hay en este y otros casos similares, y cuántos victimarios siguen en la sombra y en la impunidad”, cuestionó el colectivo feminista.
