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I. La patraña de Porras y el Consejo Supremo Electoral: el absurdo jurídico
El reciente embrollo institucional provocado por el régimen de Daniel Ortega el 19 de julio en la Plaza de la Fe, en el aniversario de la Revolución Sandinista, exhibe una desconexión total entre el cálculo autoritario y la realidad jurídica.
Tras el exabrupto en el que Ortega proclamó que “aquí no volverán a haber elecciones”, la maquinaria oficialista activó un control de daños desesperado. Mientras los propagandistas intentaban la fallida maroma de que se había malinterpretado el verbo haber por un supuesto ver, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, junto a los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), se apresuró a impulsar una reforma tan absurda como redundante: Un nuevo marco jurídico para «blindar» supuestamente los procesos electorales y prohibir la participación de «traidores a la patria».
Lejos de ser una defensa de la soberanía, esta maniobra expone a un régimen que busca maquillar su vocación totalitaria. Sin embargo, el aspecto más delirante de este show legislativo no es solo el intento de Porras y el CSE por justificar al caudillo, sino la enorme distorsión interpretativa que este anuncio provocó en sectores de la pseudo dirigencia del exilio.
II. La amnesia de la oposición: el absurdo de legislar sobre una «muerte civil» consumada
Buena parte de la reacción indignada de la oposición tradicional en el exterior partió de una premisa falsa y desinformada: la creencia de que este nuevo «candado» anunciado por Porras y el CSE representaba una amenaza inédita a derechos cívicos que, hasta antes del anuncio, todavía poseían.
Aquí es donde reside la ceguera política y el profundo divorcio con el derecho positivo interno:
El bloque fundacional de los 222 (febrero de 2023): Los prisioneros políticos excarcelados y expulsados hacia Estados Unidos no solo fueron despojados arbitrariamente de su nacionalidad, sino que cargan con sentencias penales fabricadas bajo la Ley 1055 que imponen formalmente la inhabilitación absoluta y perpetua, sumiéndolos en una absoluta muerte civil y en la pérdida total de sus derechos civiles y políticos.
Los bloques posteriores (los 94, los 135 a Guatemala y demás desterrados): intelectuales, periodistas, defensores de derechos humanos y opositores sufrieron exactamente el mismo destino: confiscación de bienes, apatridia y una condena judicial que los borró del mapa jurídico nacional.
Para estos núcleos —los más importantes y representativos de la resistencia cívica—, la inhabilitación electoral no es una propuesta nueva ni un «candado» que Porras eche a andar ahora; es una realidad jurídica consolidada desde hace años.
Pretender rasgarse las vestiduras, discutiendo alarmados sobre la imposibilidad de inscribirse bajo las reglas de una reforma que el CSE y la Asamblea traman, denota una profunda ignorancia: están intentando ponerle candado a puertas que llevan años selladas y a personas sobre las cuales el Estado ya ejecutó una sentencia de muerte civil.
III. La trampa del debate estéril
Discutir hoy si la diáspora podrá o no participar en las urnas bajo las directrices que Porras cocina con el Consejo Supremo Electoral es caer de lleno en la trampa del simulacro. El régimen no necesita crear nuevas leyes para excluir a quienes ya declaró apátridas y criminales en sus tribunales; lo que busca con este sainete es agitar fantasmas para justificar su esquema de partido único y blindarse ante cualquier presión internacional futura.
Mientras la dirigencia de salón en el exilio siga desgastándose en debates electorales ficticios sobre un sistema que fue incinerado, la realidad interna de Nicaragua seguirá exigiendo lo que el pactismo histórico se niega a admitir: una refundación total del Estado, no una simple disputa por cuotas dentro de un mapa político que el totalitarismo ya borró por completo.
El autor es doctor en Ciencias Políticas
