Lista de reproducción
- No hay más artículos para escuchar
Hay una fecha que el régimen no celebra: la administra. Cada 19 de julio, la maquinaria Ortega-Murillo saca a relucir la Revolución Popular Sandinista como si fuera una propiedad privada, un título con un solo dueño. Pero la insurrección de 1979 nunca cupo en esa aduana. Fue, como bien ha señalado Mónica Baltodano, una rebelión nacional y no la hazaña de una vanguardia: en ella confluyeron campesinos, estudiantes, obreros, empresarios, religiosos e intelectuales, junto a miles de ciudadanos sin militancia que pusieron el cuerpo, y muchos la vida, contra una dictadura sin legitimidad. Comparto ese punto de partida. Pero quiero ir más lejos.
No basta con decir que reducir aquella gesta a la figura de Daniel Ortega es una de las mayores falsificaciones de nuestra historia reciente. El problema de fondo es que reducir el proceso revolucionario al FSLN es, en sí mismo, una falsificación histórica de diseño orwelliano. El régimen no empezó a mentir en 2018, ni siquiera cuando Ortega regresó al poder: comenzó a reescribir la narrativa desde el mismo derrocamiento de Somoza.
Que esto se diga no significa reivindicar a la dictadura somocista como ejemplo de vocación pacífica o de bienestar; sería una infamia. Significa señalar que la narrativa oficial, centrada en la épica de la vanguardia armada, desconoce de forma deliberada dos verdades incómodas. La primera: el papel decisivo de la población civil desarmada, que antes y durante la insurrección desplegó boicots, paros y formas de desobediencia que hoy reconocemos como métodos de la lucha cívica no violenta. La segunda: que buena parte del pueblo no se movilizó en torno a un proyecto partidario, sino alrededor de una consigna sencilla y compartida: derrocar a una dictadura.
Suele decirse que la historia la escriben los vencedores. Aquí ocurrió algo distinto y más grave. No la contaron los vencedores: fue secuestrada e instrumentalizada desde el inicio, con habilidad, por quienes entendieron temprano que la memoria es un territorio de poder. Y el régimen no se conformó con imponer un relato. Fue más allá, hacia el mecanismo que Orwell describió en 1984: la capacidad de reescribir el pasado y borrarlo según la necesidad del presente. Por eso se apoderó de los archivos históricos resguardados en la UCA y en otras universidades. Quien controla los documentos controla lo que un país puede recordar, y también lo que se le permite olvidar.
Contra lo que algunos temen, no propongo borrar la historia de la Revolución. De eso ya se ha encargado el régimen, que ha convertido el olvido en política de Estado. Lo que reivindico es distinto: el derecho de un país a recuperar su propia historia sin manipulaciones. Un derecho que incluye nombrar a quienes fueron perseguidos, encarcelados, desnacionalizados o forzados al exilio por la misma dictadura que hoy habla en su nombre.
Recuperar esa memoria no es un ejercicio nostálgico. Es un acto de resistencia. Mientras el régimen custodia archivos como quien esconde pruebas, devolver al pueblo nicaragüense la verdad plural de 1979 —la del combatiente y también la del vecino que organizó un paro sin disparar un tiro— es negarle al orteguismo su falsificación más útil: la de haber sido, alguna vez, la Revolución.
La autora es abogada defensora de Derechos Humanos.
