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El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció este 1 de julio que más de 800 mil nicaragüenses han huido del país desde la crisis de derechos humanos surgida en 2018 y urgió una “atención internacional urgente y total a la situación en Nicaragua”. El país vive el totalitarismo impuesto por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El director de la División del Consejo de Derechos Humanos y Mecanismos de Tratados, Mahamane Cisse-Gouro, expresó su preocupación por las graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua durante el 62.º período ordinario de sesiones, que se celebra en Ginebra, Suiza, entre el 15 de junio y el 7 de julio.
El clamor del Consejo de Derechos Humanos se une al de la OEA, que demandó en junio el fin de las violaciones de derechos en la Asamblea General en Panamá. En esa cita regional, Estados Unidos demandó además cero tolerancia con los regímenes totalitarios, entre los cuales se encuentra el nicaragüense.
“Más de 800,000 personas han huido al extranjero en el contexto de la crisis de derechos humanos que comenzó en 2018”, subrayó Cisse-Gouro. Eso significa que, al menos, el 11.42 por ciento de la población ha abandonado el país si se compara con la población, estimada por el Banco Mundial en más de siete millones de personas en 2025.
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El funcionario del organismo de la ONU resaltó que el espacio cívico en Nicaragua está “casi cerrado”, que las detenciones arbitrarias, desapariciones y muertes bajo custodia continúan. También persisten los ataques a periodistas, sociedad civil y pueblos indígenas y «se mantiene el riesgo para la celebración de elecciones libres en 2027».
Piden derogación de reformas constitucionales
En enero, el régimen de Ortega y Murillo cumplió 19 años en el poder. En 2025 aprobaron unas reformas constitucionales que abolieron la independencia de poderes, fortalecieron el aparato represivo, inventaron el cargo de copresidente para nivelar jerárquicamente a ambos y se alargaron un año el período presidencial para fijarlo en 2027.
“Necesitamos una atención internacional urgente y total a la situación en Nicaragua por el bien de su pueblo. Pedimos al Gobierno que derogue sus reformas antidemocráticas, reabra el espacio cívico y restablezca el Estado de derecho”, declaró Mahamane Cisse-Gouro.
El alto funcionario de la ONU instó a la “liberación inmediata de todos los detenidos arbitrariamente”. Recalcó que “todas las muertes bajo custodia deben ser investigadas de manera independiente y exhaustiva”. Este punto de sus declaraciones hizo referencia a las nueve muertes de presos políticos que se han dado bajo custodia del régimen desde 2019. La última de ellas es la del líder indígena y exdiputado de Yatama, Brooklyn Rivera Bryan, el 30 de mayo.
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El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua contabilizaba 46 personas bajo custodia del régimen por motivos políticos hasta mayo. Trece de ellas son adultos mayores y nueve se encontraban en condición de desaparición forzada.
Sin embargo, la cifra podría ser mayor si a esto se le suma la detención y desaparición forzada de seis familiares y dos allegados de Brooklyn Rivera. Ellos fueron apresados por el régimen el 31 de mayo, cuando se presentaron en Managua a reclamar el cuerpo del líder indígena.
A mediados de junio, Claudia Pineda, vocera del Mecanismo para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas, aseguró a LA PRENSA que la cifra de presos políticos en condición de desaparición forzada se había elevado a 10 y dejó claro que la cifra puede ser mayor si los familiares de los nuevos detenidos en el caso de Rivera daban su consentimiento para que fuesen parte de la lista.
El régimen mantiene una política represiva dirigida a todos los que considera críticos de su gestión. Esta semana se conoció la detención de tres religiosos: el obispo emérito de Estelí, monseñor Juan Abelardo Mata, el sacerdote Francisco Morales, párroco de la parroquia Cruz del Calvario, y el diácono Wilfred Arauz Rodríguez. Todos relacionados a la misma diócesis, tres casos que se explican en la persecución religiosa liderada por Ortega y Murillo.
También se encuentra detenido, desde el 26 de julio de 2024, el padre Frutos Constantino Valle Salmerón, de 81 años. Permanece vigilado, incomunicado y aislado por la dictadura en el Seminario Interdiocesano Nacional Nuestra Señora de Fátima, en Managua.
Llaman al régimen a comunicarse con ellos
El Consejo de DD. HH. de la ONU se declaró “listo” para brindar apoyo a Nicaragua en el tema de los presos políticos y las investigaciones de las muertes en custodia. Llamó al régimen a reanudar “un diálogo constructivo” con su oficina y el sistema de derechos humanos.
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“Destacamos la necesidad de que los Estados miembros apoyen a los nicaragüenses en el exilio, incluso protegiéndolos contra la devolución forzosa y la represión transnacional”, expresó el director de la División del Consejo de Derechos Humanos y Mecanismos de Tratados.
Entre los temas de preocupación para el Consejo de DD. HH. de la ONU, Mahamane Cisse-Gouro mencionó la represión transnacional. “Nuestra oficina ha registrado al menos 16 casos que involucran amenazas de muerte”, informó. También se refirió a los familiares de exiliados que, además de sufrir la separación, “enfrentan amenazas y represalias” por parte de la dictadura.
Cisse-Gouro hizo hincapié en los más de 450 nicaragüenses que han sido despojados arbitrariamente de su nacionalidad y otros “miles más” a los que se les ha negado la renovación de sus documentos de identidad, “exponiéndolos al riesgo de la apatridia”.
Indígenas amenazados
El funcionario de la ONU expresó que la expansión minera en Nicaragua pone en riesgo la “supervivencia cultural y física” de los pueblos indígenas. “Más de la mitad de las concesiones mineras otorgadas durante los primeros cinco meses de este año afectan a la Región Autónoma de la Costa Caribe, donde vive la mayor parte de la población indígena y afrodescendiente”, remarcó.
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Mahamane Cisse-Gouro insistió en que “una cuarta parte del territorio indígena está sujeto a concesiones mineras, muchas de ellas otorgadas sin el proceso adecuado”.
Al concluir la intervención de Cisse-Gouro, el vicepresidente del Consejo de DD. HH. de la ONU, Marcelo Vázquez Bermúdez, cedió la palabra a la delegación de Nicaragua para que su representante se expresara al respecto. Sin embargo, la dictadura no envió a nadie.
Nicaragua dejó de ser miembro del Consejo de DD. HH. de la ONU en febrero de 2025, cuando el régimen anunció su retiro irrevocable de este organismo como parte de su política de autoaislamiento con la que intenta evadir la rendición de cuentas por los abusos cometidos desde 2018. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) ha documentado con esmero los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura de Ortega y Murillo. Las violaciones de derechos humanos no han cesado en el sistema totalitario desde hace ocho años.
