En el editorial de ayer dijimos que a todas las víctimas de las confiscaciones perpetradas por la dictadura actual, el nuevo gobierno democrático les tendrá que devolver las propiedades que les han sido robadas, o serán compensadas e indemnizadas cuando por la razón que sea no puedan ser recuperadas.
Al respecto nos hacen la observación, justa y razonable, de que el problema con las indemnizaciones por confiscaciones es que son pagadas por el Estado, o sea por la población general que no tiene culpa de las fechorías cometidas por los dictadores.
Pero es que solo el Estado puede indemnizar y tiene que hacerlo con los fondos creados con los impuestos y otros tributos que paga la gente que trabaja, produce, consume y hace transacciones.
Las dictaduras confiscadoras y ladronas son una plaga mundial. Pero todas terminan tarde o temprano, de manera que hay una rica experiencia internacional sobre el problema de las indemnizaciones a las personas naturales y jurídicas víctimas de las confiscaciones.
En Nicaragua particularmente hay una valiosa experiencia aprendida, por las confiscaciones que se hicieron durante la revolución de 1979 y la “piñata sandinista” (robo masivo de propiedades y bienes ajenos) perpetrada por los dirigentes del FSLN en 1990, después de que perdieron las elecciones del 25 de febrero de ese año.
Pero también hay que recordar, que dos semanas después de haber tomado posesión de la Presidencia de la República, doña Violeta Barrios de Chamorro aprobó con el respaldo de la Asamblea Nacional un Decreto-Ley de Revisión de Confiscaciones.
En aquel decreto-ley presidencial se estableció que “para la construcción de una democracia basada en la justicia y el derecho se hace necesario revisar los actos que produjeron grandes violaciones al derecho de propiedad, sobre participaciones, derechos, bienes muebles e inmueble y patrimonio de particulares por vía de confiscación, expropiación, ocupación de bienes presuntamente abandonados, invasiones e intervenciones al margen de la Ley o con base a Leyes y Decretos arbitrarios”.
Dos años después, en septiembre de 1992, tras un largo y arduo trabajo de recepción y revisión de casos de la Comisión de Revisión de las Confiscaciones, la presidenta Violeta Barrios de Chamorro siempre con el respaldo de la Asamblea Nacional (menos los representantes del FSLN), puso en vigencia tres decretos para ejecutar legalmente “la devolución, o indemnización, de los bienes confiscados injustamente por el régimen sandinista desde 1979, tras el derrocamiento de la dictadura somocista, hasta su derrota electoral en 1990”.
Unas 16 mil propiedades fueron indemnizadas por medio de “bonos de indemnización” que crearon una enorme deuda pública. Los nicaragüenses comunes y corrientes, que son los que pagan impuestos por todo, no tuvieron nada que ver con el latrocinio sandinista, pero tuvieron que pagar por las indemnizaciones porque no había otra manera de resolver el agudo problema nacional de la propiedad.
Para la que pudiera valer, en el Informe de Deuda Pública del Primer Trimestre de 2023, del Ministerio de Hacienda del actual régimen, se informó que se había terminado de pagar la enorme deuda generada por las confiscaciones de la primera dictadura sandinista. Y aseguró que se había “honrado” deuda por 35.2 millones de dólares creada por los bonos estatales de indemnización. Sin embargo, algunos economistas aseguran que los nicaragüenses siguen pagando la deuda creada por la “piñata sandinista”.
Para peor, ahora, según un informe del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción que citamos en el editorial de ayer, desde 2018 unas 135 propiedades privadas por valor de 250 millones de dólares han sido confiscadas por la dictadura neosandinista de Ortega y Murillo. Aunque otras fuentes indican que la cantidad de propiedades confiscadas y su valor estimado es mucho mayor que esas cifras.
Como sea, debemos repetir que cuando termine la actual dictadura se tendrá que hacer justicia con las personas confiscadas, que en gran medida deberán ser indemnizadas por el Estado, porque en este caso no hay otra manera de hacerlo.
Los próximos gobernantes democráticos tendrán que ingeniárselas para devolver las propiedades en todos los casos que sea posible hacerlo; y para perseguir y recuperar las fortunas que escondan en otros países. Pero las indemnizaciones que causan deuda pública, es muy difícil —por no decir imposible— que se puedan evitar.
