LA PRENSA informó este lunes 15 de junio que la residencia familiar, propiedad del fotoperiodista nicaragüense exiliado, Oswaldo Rivas y que fue confiscada por la dictadura, ha sido puesta en venta al precio de 255 mil dólares.
Dice la información que la valiosa residencia que el fotoperiodista Rivas construyó después de más de 20 años de trabajo y ahorro, está ubicada en el reparto Lomas de Cedro Galán, kilómetro 11 de la Carretera Vieja a León, a solo dos calles de donde vive el cocanciller de la dictadura, Valdrack Jaentschke.
Al ser ocupada violentamente por las fuerzas represivas del régimen, la vivienda fue saqueada y después confiscada. Oswaldo Rivas fue acusado de “traición a la patria”, a pesar de que él jamás se involucró en cuestiones políticas opositoras, aunque tampoco a favor del sandinismo y el régimen orteguista.
En realidad, la acusación de “traición a la patria” es un burdo pretexto de la dictadura para tratar de justificar los muchos robos de propiedades que viene perpetrando desde 2018. Acerca de lo cual el organismo no gubernamental Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción publicó una minuciosa investigación realizada por los periodistas nicaragüenses Wilfredo Miranda Aburto y Luciana Quintero.
Según dicha investigación, desde el año 2018 la dictadura ha confiscado 135 propiedades privadas, por un valor de 250 millones de dólares. Sin embargo, personas expertas en este tema aseguran que la cantidad de propiedades confiscadas y el valor estimado de todas ellas es mucho mayor que eso.
Como sea, el caso es que la dictadura de Ortega y Murillo ha creado en Nicaragua un típico Estado ladrón, que además es manejado por ladrones profesionales. Y de los peores.
El concepto de “Estado ladrón” fue acuñado por el escritor colombiano Carlos Lemos Simmonds, en un libro así titulado que publicó en 1993 en el que analiza cómo en algunos países el Estado ha pasado de ser un ente administrador de bienes públicos, a ser una estructura política burocrática y costosa que “en vez de proteger la propiedad y servir a los ciudadanos, utiliza su monopolio del poder y la fuerza para apropiarse de los recursos privados mediante impuestos excesivos, inflación o corrupción”.
A partir del concepto de Estado ladrón, el analista político y económico argentino Cristian Vasylenko ha escrito que “la teoría sociológica del Estado se basa no solo en la evidencia de la historia, sino también en el hecho de que hay dos maneras en que los hombres pueden adquirir bienes económicos: la producción y la depredación. La primera implica la aplicación de trabajo a las materias primas; la otra, el uso de la fuerza. El saqueo, la esclavitud y la conquista son las formas primitivas de depredación”.
Obviamente, el Estado se vuelve ladrón cuando es capturado por bandidos disfrazados de revolucionarios, socialistas, reformadores sociales, ultranacionalistas, etc. Ya en el poder roban la propiedad ajena y el fruto del trabajo de la gente mediante diversos medios, que van desde cargas fiscales coercitivas hasta nacionalizaciones y confiscaciones con pretextos políticos o de cualquier otra clase.
Precisamente porque la Revolución Sandinista de 1979 a 1989 terminó creando un Estado ladrón controlado por ladrones, en 1995, durante el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro y la UNO, la Asamblea Nacional aprobó una reforma constitucional sustancialmente democrática. Aquella reforma incluyó en el artículo 44 de la Constitución Política de la República un párrafo que establecía categóricamente: “Se prohíbe la confiscación de bienes. Los funcionarios que infrinjan esta disposición responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos”.
La dictadura neosandinista de Ortega y Murillo suprimió esa cláusula constitucional. Sin embargo, así como este régimen es ilegítimo por su origen fraudulento y su ejercicio criminal, también es espuria la contrarreforma constitucional ortega-murillista y en su debido momento así tendrá que ser declarada. Cuando termine la nefasta dictadura actual, la cláusula constitucional de prohibición de las confiscaciones y castigo a los confiscadores, tendrá que ser restablecida y aplicada a los actuales ladrones estatales.
Además, todas las víctimas de las nuevas confiscaciones tendrán que recuperar sus propiedades y bienes, y si por cualquier razón eso no fuese posible, deberán ser debidamente compensadas e indemnizadas.
Como dato final, curioso e ilustrativo, vale la pena mencionar que el Diccionario de la Lengua Española menciona 18 sinónimos de ladrón. Pero Guillermo Cabanelas indica en su Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, que “la plaga de ladrones es tal, que ha originado, como sinónimos y especialidades, uno de los repertorios idiomáticos mejor abastecidos”. Y, “por considerarlo de interés técnico”, menciona hasta 170 formas distintas de decir ladrón.
Habría que incluir en el Diccionario de la Lengua Española como el sinónimo 19, y en el diccionario enciclopédico jurídico de Guillermo Cabanelas como el 171, la forma “sandinista ortega-murillista» de decir ladrón.
