El expresidente de Colombia, Iván Duque dijo a Diálogo Américas, una revista publicada en cuatro idiomas por el Comando Sur de Estados Unidos, que el restablecimiento de la democracia en Nicaragua, Venezuela y Cuba es “fundamental para el hemisferio”.
Duque gobernó el país suramericano entre 2018 y 2022 y es presentado por la publicación como un experto en seguridad global al que le preguntan sobre los principales retos en la región. El exmandatario identifica a la violencia urbana (homicidios), el crimen organizado transnacional y las economías ilegales. En este sentido, él menciona con énfasis que la restauración de la democracia en los tres países citados anteriormente es «una tarea fundamental para la seguridad hemisférica».
El análisis de Duque se publica cinco meses después que las tropas Delta de Estados Unidos entraron a Caracas y capturaron al dictador Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores para trasladarlos a New York, donde lo procesan por narcotráfico. Y, mientras, la dirigencia cubana se encuentra en conversaciones con Washington, en medio de una crisis energética agravada por el recorte de la remesa petrolera que le enviaba antes el país suramericano.
En ese contexto, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo está bajo presión de la Administración Trump que ha denunciado las violaciones de derechos humanos, la ilegitimidad del poder ejercido por Murillo, mientras congresistas republicanos como María Elvira Salazar han advertido que son los siguientes. Duque ofreció, sin embargo, esta entrevista en la cumbre de alcaldes de las Américas 2026, una reunión realizada del 24 al 25 de abril en Doral, Florida.
Sobre la incidencia del crimen organizado en América Latina, Duque comentó que estas estructuras son altamente sofisticadas con acceso a armamento de alto calibre, vinculadas al narcotráfico y con capacidad de intimidar y desestabilizar países. Para enfrentar esta realidad, según él, se necesita un pacto regional contra el crimen y explica sobre las economías ilegales que financian la ilegalidad.
Esta situación obliga a los países a cooperar en materia de inteligencia y tecnología. Es lo que él llama en la conversación «corresponsabilidad».
«Hay que atacarlas (economías ilegales) en toda su cadena: desde los precursores hasta el lavado de activos, incluyendo la capacidad de congelar bienes. En esto la tecnología juega un papel fundamental como nunca antes. Estos son tres grandes desafíos, sin dejar de mencionar que en algunos países de la región, como Venezuela, Cuba y Nicaragua, se ha facilitado la operación de estas estructuras desde sus territorios. Por ello, el restablecimiento del orden institucional y democrático en esos países es también una tarea clave para el hemisferio», opinó.
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La entrevista completa puede verse también en el canal de YouTube de Diálogo Américas. Las políticas antinarcóticos de la dictadura de Ortega y Murillo han sido cuestionadas por Estados Unidos. A finales de marzo, un vocero del Departamento de Estado denunció que ha disminuido el número de incautaciones de drogas en Nicaragua y recordó los vínculos del FSLN con el narcotráfico desde los años ochenta.
«Nicaragua continúa incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de control de drogas y, a lo largo de la historia, ha ignorado las solicitudes de colaboración del gobierno estadounidense para combatir el narcotráfico en el país y en toda nuestra región, lo que contribuyó al cierre de las operaciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Nicaragua durante 2025», dijo un portavoz estadounidense a LA PRENSA.
Aquella declaración significó un golpe contra el discurso del régimen de que combaten al narcotráfico con un «muro de contención» que impide el paso de la droga. Sin embargo, solo es propaganda. El 18 de marzo, por ejemplo, las autoridades británicas incautaron casi una tonelada de cocaína en el condado de Hampshire. La droga venía en un contenedor de plátanos que zarpó de Nicaragua y pasó por Panamá.
La dictadura tiene 19 años en el poder
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Bajo la dirección de Ortega y Murillo, Nicaragua ha vivido un proceso de desmantelamiento democrático a lo largo de los últimos 19 años, en que la pareja dictatorial desapareció la independencia de poderes, fortaleció la represión y condujo al país hacia el totalitarismo.
La represión se intensificó a partir de abril de 2018, cuando centenares de personas murieron luego de la respuesta violenta del Estado para aplastar las manifestaciones que pidieron la dimisión de Ortega y Murillo. Aquella matanza agravó la crisis y la encumbró en una de las más preocupantes de la región, en la que se han denunciado ejecuciones extrajudiciales, privación de nacionalidad, confiscaciones, exilio forzado e incluso represión transnacional.
En un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (Ghren) de la ONU, publicado en abril de 2025, se identificó a 54 funcionarios como parte de la cadena de mando de los graves abusos cometidos contra los nicaragüenses. Sin embargo, la dictadura se sostiene en la impunidad y ha buscado establecer alianzas con China y Rusia para evitar rendir cuentas.
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Estados Unidos ha impuesto restricciones de visas a más de 2,300 funcionarios nicaragüenses, además de sanciones a miembros de la familia gobernante, entre ellos Rosario Murillo y algunos de sus hijos, así como su círculo de poder, empresas e instituciones estatales como la Policía por su papel en la represión contra los nicaragüenses. También Canadá y la Unión Europea han denunciado las violaciones de derechos humanos y han responsabilizado a funcionarios leales a los dictadores.
