El giro político que Trump necesita

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La administración del presidente estadounidense Donald Trump cree que el estatus de moneda de reserva del dólar ha desequilibrado la balanza global en contra de Estados Unidos y ha mermado su competitividad. Si bien se equivoca respecto al dólar, la Casa Blanca tiene razón en un tema que los economistas —quienes, a diferencia de los votantes, no tienen en cuenta los efectos distributivos del tipo de cambio— suelen ignorar. A medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato en noviembre, la administración necesita un cambio de rumbo en su política para alcanzar sus objetivos de reequilibrio y fortalecer la economía estadounidense.

Sin duda, el papel global del dólar, en igualdad de condiciones, aumenta su valor, pero también provoca que Estados Unidos registre déficits por cuenta corriente mayores de los que tendría de otro modo. Sin embargo, centrarse únicamente en los desafíos de una moneda de reserva ignora sus beneficios y, lo que es más importante, las herramientas de política no arancelaria que pueden abordar los efectos indirectos internos, que fueron el motivo de los aranceles del «Día de la Liberación» de Trump, cuyo objetivo era frenar las importaciones y promover las exportaciones.

Los economistas han respondido a las preocupaciones del gobierno de Trump sobre las líneas de intercambio de divisas de la Reserva Federal con bancos centrales extranjeros argumentando que son una característica inherente a la posición del dólar, que obliga a Estados Unidos a suministrar dólares cuando sea necesario. También han señalado que, si bien los déficits por cuenta corriente pueden estar asociados a un dólar fuerte, Estados Unidos ha experimentado grandes desequilibrios comerciales, con la consiguiente inquietud, incluso cuando el valor del dólar en el mercado de divisas ha sido relativamente bajo.

En cambio, los economistas destacan el “privilegio exorbitante” del dólar, que incluye menores costos de endeudamiento y la capacidad de imponer sanciones financieras a adversarios geopolíticos. Además, argumentan que los aranceles no son una respuesta eficaz al impacto del dólar en las exportaciones estadounidenses, ya que elevan los costos de producción nacionales (aproximadamente la mitad de las importaciones estadounidenses son bienes intermedios) y no reducen los desequilibrios macroeconómicos que generan el déficit comercial general.

Estos argumentos son correctos, pero también incompletos. De hecho, las preocupaciones de Trump reflejan una cuestión crucial de economía política: las implicaciones distributivas del dominio del dólar.

Para entender por qué, consideremos la gestión de Robert E. Rubin como secretario del Tesoro de Estados Unidos durante la administración Clinton. Su lema era que “un dólar fuerte es bueno para Estados Unidos”. Podría haberse referido a las características de la economía estadounidense que sustentan el estatus del dólar, como la estabilidad institucional y política y la solidez de sus mercados financieros. Cualquiera que sea su significado exacto, su postura reflejaba la opinión predominante en Wall Street, que se beneficiaba de la fortaleza del dólar derivada de su condición de moneda de reserva.

Pero a pesar de todos los beneficios que obtienen los financieros y los consumidores, un dólar más fuerte dificulta la competencia global de la industria estadounidense, en detrimento del empleo industrial, los ingresos y las comunidades. La postura de Trump recuerda, por lo tanto, la disputa política de 1925 en el Reino Unido sobre el retorno de la libra esterlina a su tipo de cambio anterior a la Primera Guerra Mundial bajo el patrón oro. A pesar de apoyar los intereses financieros y la fortaleza de la libra, el entonces ministro de Hacienda, Winston Churchill, declaró: «Preferiría ver a las finanzas menos orgullosas y a la industria más satisfecha”.

La agenda económica de Trump reconoce los efectos adversos de la globalización y los avances tecnológicos en ciertos sectores de la sociedad estadounidense, a diferencia del énfasis que los economistas ponen en los promedios y los beneficios generales. Sin embargo, Trump ignora la simple verdad de que existen más —y mejores— maneras de ayudar a la industria manufacturera estadounidense y a sus trabajadores marginados que simplemente debilitando el dólar. Tiene a su disposición varios instrumentos políticos que pueden abordar las preocupaciones de estos votantes y contribuir a alcanzar los objetivos de su administración, preservando al mismo tiempo el apoyo al papel del dólar como moneda de reserva.

Para empezar, la administración puede impulsar un sector industrial sólido aumentando la financiación pública para la investigación básica, que impulsa el desarrollo tecnológico, y una red de centros de investigación aplicada para difundir los avances en los procesos industriales. Agilizar las aprobaciones regulatorias para la construcción y la transmisión de electricidad también será fundamental.

En segundo lugar, para ayudar a los trabajadores a desarrollar nuevas habilidades, la administración podría destinar más recursos a los colegios comunitarios, mientras que una ampliación sustancial del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo aumentaría las recompensas por el trabajo. Por último, una ayuda más específica y adaptada a cada lugar podría beneficiar a aquellas zonas que se enfrentan a graves trastornos derivados de la globalización y la tecnología.

Al centrarse en los problemas asociados a un dólar más fuerte, Trump y sus asesores económicos han planteado una vieja pregunta de una forma novedosa. Su error radica en insistir en responderla con el instrumento equivocado. Debilitar el dólar, incluso erosionando la previsibilidad de las políticas y las instituciones económicas que sustentan su hegemonía, agravará las dificultades de acceso a la vivienda que enfrentan muchos estadounidenses y perjudicará la situación fiscal del país. La pregunta ahora es si la administración comprenderá la necesidad de un cambio de rumbo en sus políticas a tiempo para influir en las elecciones de mitad de mandato.

El autor es expresidente del Consejo de Asesores Económicos de Estados Unidos durante la presidencia de George W. Bush, es profesor de Economía y Finanzas en la Universidad de Columbia.

Copyright: Project Syndicate, 2026.
www.project-syndicate.org

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