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Soy admirador del escritor laureado en grande como pocos, Sergio Ramírez, que también ha sido un perseverante luchador social, un humanista en múltiples dimensiones, por lo que estoy en completo desacuerdo con la impugnación que un grupo derechista en el exilio, ha hecho de su candidatura a ocupar en la Real Academia de la Lengua, la silla que tuvo Mario Vargas Llosa.
La Real Academia Española cuenta con 46 académicos de número, incluidos el director y los cargos de su junta de gobierno. El último en ingresar como académico de la RAE fue el formidable escritor Javier Cercas, que tomó posesión de la silla R.
Según establecen los estatutos de la RAE, las plazas académicas son vitalicias. Hay dos sillas por cada letra del alfabeto latino, una en mayúscula y otra en minúscula, excepto ocho letras: “v” minúscula, “w” minúscula, “x” minúscula, “y” minúscula, “z” minúscula y las mayúsculas de “Ñ”, “W” e “Y”.
Los académicos deben resolver asuntos lingüísticos, literarios, gubernativos o económicos. En el pleno de esta institución se presentan enmiendas o sugerencias de nuevas entradas en el Diccionario. También se examinan propuestas de comisiones ordinarias y especiales. Las primeras, realizan trabajos fundamentales de la Academia, y las segundas, cumplen funciones específicas, como dictaminar premios, o elaborar informes o estudios.
Los impugnadores tienen derecho a cuestionar a Sergio Ramírez, como a cualquier otra persona en el mundo, sea o no tan pública y famosa como él, sin embargo, no hay nada en la prolongada y muy activa vida política que ha tenido nuestro connacional, que lo inhiba de ocupar la silla “L”, de la RAE, ni ningún puesto semejante.
Uno de los principales señalamientos al Premio Cervantes, es por el atentado con una bomba el 30 de mayo de 1984, en La Penca, territorio nicaragüense fronterizo con Costa Rica, cuya explosión dejó siete muertos, incluyendo tres comunicadores: Linda Frazer, estadounidense, Jorge Quirós y Evelio Sequeira, camarógrafo y periodista costarricenses del “Canal 6”. Resultaron heridas 22 personas, 5 de gravedad. Fue la primera vez que una conferencia de prensa fue objeto de un ataque terrorista.
La bomba fue colocada dentro de una cámara de televisión transportada por un supuesto periodista, de quien se conoció años más tarde, que en realidad era un agente encubierto: Vital Roberto Gaguine, un argentino que se hizo pasar por fotógrafo de noticias danés bajo la identidad falsa de Per Anker Hanseny, según se supo en 1993. El asesino murió en 1989 durante el ataque al cuartel de La Tablada, en su país.
A petición del poderoso y discreto Renán Montero, un experimentado oficial de contrainteligencia militar cubano estacionado en Managua, el periodista y cineasta sueco Peter Torbiörnsson aceptó entregarle un paquete al danés Per Anker Hanseny, sin embargo, él no sabía que le daría una bomba, que quien la recibiría era un terrorista que la haría explotar en La Penca. Atando cabos, el hombre de prensa sueco se dio cuenta de la conspiración para la que lo habían manipulado, y la denunció en 1993. En 2011 estrenó un documental con detalles del atentado terrorista, llamado Último capítulo, adiós Nicaragua, y con una entrevista inculpadora al ministro del Interior de los años 80.
Es decir, Sergio Ramírez, con todo y su cargo de vicepresidente, ni siquiera tuvo oportunidad de darse cuenta de un asunto que manejaban solo tres personas en el Ministerio del Interior (Mint). Era tan compartimentado, que hasta al viceministro Luis Carrión lo dejaron por fuera, pues se enteró años después.
Entre los firmantes de la carta que pide a la RAE no considerar a Sergio Ramírez para ocupar la silla “L”, figuran Juan Lorenzo Holmann, gerente general de LA PRENSA; Luciano García, opositor conservador; Luis Fley, exdirigente de la Contrarrevolución, y Medardo Mairena, líder campesino.
Los que cuestionan a Sergio Ramírez también le imputan responsabilidad por las decenas de miles de jóvenes convocados al Servicio Militar, que murieron en las filas del Ejército Popular Sandinista (EPS) combatiendo a la Contra. En esto tampoco dan en el blanco, no solo porque el ganador de los premios Hamlet, y Alfaguara, no tenía parte ni arte en esa decisión, sino, sobre todo, por el contexto internacional.
En los años 80 en Nicaragua se produjo una guerra civil en toda la línea, no una de intervención, como la calificaba el fallecido Gral. Humberto Ortega, aunque con una directa y muy fuerte participación financiera, armamentista y de inteligencia extranjera: la de EE. UU. apoyando a la Contra; y la de la Unión Soviética, dándole soporte al EPS. Campesinos, por un lado, y campesinos, por otro, hiriéndose y matándose como peones entre las patas de los caballos de las grandes potencias mundiales.
En toda guerra, la primera baja es la libertad de expresión —otro señalamiento de los impugnadores—. Como periodista, rechazo de plano todo tipo de censura. Sin embargo, es obvio que en todo conflicto militar las partes involucradas le impiden informarse e informar a los periodistas y comunicadores, a no ser bajo circunstancias controladas. Los comunicadores tenemos que desarrollar mecanismos para burlarla cuando es posible. Otro palo de ciego.
Cuando comenzaron a escasear reclutas, en tales circunstancias todo Estado acude al Servicio Militar. Atribuirle la responsabilidad que dicen, a Sergio Ramírez, como si fuera un genocida o artífice de delitos de lesa humanidad, no tiene sentido, carece de verdad. La Contra tuvo su servicio militar con jóvenes campesinos que simpatizaban con ellos, y con los miles que secuestraron en las montañas de Nicaragua.
Ni siquiera a Luis Fley, uno de los comandantes de la Contra muy activo dirigiendo tropas en el teatro de la guerra, se le han hecho acusaciones de este tipo, pese a las atrocidades cometidas por ambos bandos, como tropas norteamericanas en Nicaragua, Guatemala, Dominicana, Irak, Libia, Afganistán, etc., y rusos en Afganistán, Chechenia y Ucrania, por mencionar algunas.
Habrían querido los detractores que Sergio Ramírez renunciara a la Revolución por aplicar el Servicio Militar, medida dolorosa, pero indispensable en una guerra. Se hacen de la vista gorda de que este hombre venía cargando una mochila de sueños de justicia social desde antes del 23 de julio de 1959 en León, cuando la guardia de la dictadura masacró a balazos una marcha de estudiantes en la que él participó, asesinando a Sergio Octavio Saldaña González (20 años), José Rubí Somarriba (21 años), Erick Ramírez Medrano (17 años) y Mauricio Martínez Santamaría (19 años). En la lista de muertos pudo estar su nombre, o el de Vilma Núñez de Escorcia.
Los impugnadores también señalan lo que consideran una insuficiente autocrítica pública del escritor. Otros intelectuales han mencionado el contenido de Adiós muchachos (2017, Alfaguara), pero, según su carta a la RAE, los reclamantes quieren más, quizás que Sergio Ramírez se abra las venas, o se inmole entre lenguas de fuego, con lo que perderíamos a uno de los más importantes novelistas del mundo en lengua española; y a un muy activo, e influyente denunciador de las injusticias sociales que oprimen a los pueblos, con acceso a tribunas planetarias.
El autor es periodista y escritor nicaragüense
