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En Managua, las obras públicas avanzan a un ritmo que a primera vista podría interpretarse como progreso: carreteras ampliadas, proyectos habitacionales, infraestructura urbana. Sin embargo, detrás de ese dinamismo aparente se abre una pregunta incómoda pero necesaria: ¿quién decide, cómo se decide y a quién benefician realmente estas inversiones?
Legalmente, Nicaragua cuenta con un marco que exige transparencia en la contratación pública. En teoría, toda obra debería estar respaldada por procesos abiertos, información accesible y competencia entre oferentes. En la práctica, esa información es fragmentada, incompleta o simplemente inaccesible. La ausencia de un registro claro y consolidado de contrataciones no es un detalle técnico: es un síntoma de un modelo que limita el escrutinio público.
Cuando la mayoría de los procesos se canalizan mediante licitaciones selectivas o mecanismos poco visibles, se reduce la competencia y se concentra la ejecución en un grupo limitado de actores. Esto no prueba automáticamente la corrupción, pero sí eleva el riesgo y debilita la confianza ciudadana. La transparencia no es un lujo administrativo; es una condición mínima para garantizar que los recursos públicos se utilicen de forma justa.
Pero el problema no es solo cómo se construye, sino para quién se construye.
A inicios de febrero, más de 40 familias del barrio Bóer fueron desalojadas de sus hogares sin una reubicación digna. Familias trabajadoras que, de un día para otro, quedaron fuera de un espacio que habían habitado durante años. El motivo: la ampliación del complejo habitacional “Nuevas Victorias”, un proyecto cuyas viviendas superan los 80,000 dólares.
El desarrollo urbano no es, en sí mismo, negativo. Las ciudades necesitan crecer, modernizarse y ofrecer mejores condiciones habitacionales. El problema surge cuando ese crecimiento se construye sobre el desplazamiento de los más vulnerables, sin alternativas reales ni seguras. Cuando el progreso implica excluir, deja de ser progreso.
Este tipo de decisiones revela una lógica preocupante: la priorización de proyectos dirigidos a sectores con mayor capacidad económica, mientras se desatiende el derecho básico a la vivienda de quienes menos tienen. Es una visión de ciudad donde la dignidad parece condicionada por el ingreso, donde el acceso a un hogar seguro deja de ser un derecho y se convierte en un privilegio.
Managua no necesita menos inversión, necesita mejor inversión. Necesita transparencia, sí, pero también una visión urbana que ponga en el centro a las personas, no solo a los proyectos. Porque al final, una ciudad no se mide por la cantidad de obras que construye, sino por la justicia con la que distribuye sus beneficios.
El autor es estudiante de Economía, empresario en el sector de desarrollo urbano, secretario general de Convergencia.
