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Un juez federal de Massachusetts dictaminó este miércoles que el Gobierno de Donald Trump no puede deportar a inmigrantes a un tercer país sin antes intentar enviarlos a la nación designada en su orden final de expulsión.
“Este caso se trata de si el Gobierno puede, sin previo aviso, deportar a una persona al país equivocado, o a uno en el que es probable que sea perseguida o torturada, privándola así de la oportunidad de solicitar la protección a la que sin duda tiene derecho”, escribió el juez federal de distrito Brian Murphy.
El juez también ordenó a la Administración republicana que proporcione una “notificación sustancial” antes de realizar cualquier expulsión a un tercer país, para permitirles el debido proceso, lo que significa darles tiempo para impugnar esa deportación.
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La importancia del debido proceso
“El Congreso estableció como política de Estados Unidos no expulsar, extraditar ni efectuar el retorno involuntario de ninguna persona a un país en el que esa persona corra el riesgo de ser sometida a tortura”, escribió el juez Murphy. “El Congreso decidió que el Gobierno no puede expulsar a nadie a un país en el que su vida o su libertad corran peligro”.
“Estas son nuestras leyes, y es con profunda gratitud por la increíble suerte de haber nacido en Estados Unidos que este tribunal afirma estas y las principios fundamentales de nuestra nación: que ninguna ‘persona’ en este país puede ser ‘privada de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal’”, añadió el magistrado.
