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Contra el reloj. Así arranca este viernes la revisión de la tabla del salario mínimo, la cual vencerá el próximo 1 de marzo, por lo que la Comisión Nacional del Salario Mínimo solo tendrá tres semanas para analizar las diferentes variables económicas y determinar el nuevo ajuste que se aplicará a nueve de las diez actividades que esperan dicha decisión.
La mesa de negociación debió ser convocada en la segunda semana de enero de este año, sin embargo, una fuente explicó a LA PRENSA la semana pasada que hasta ese momento cuatro sesiones iban con retraso y hay fuertes especulaciones entre los empresarios y el sector sindical de que este año no iba a haber ajuste del salario mínimo por la situación difícil que afrontan las exportaciones de Nicaragua hacia Estados Unidos, donde se está pagando un arancel del 18 por ciento.
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Pero de forma relámpago, el Ministerio del Trabajo convocó esta semana a los miembros de la comisión para empezar las negociaciones contra el tiempo, aduciendo que la misma se iba a realizar «para garantizar y restituir el derecho de los trabajadores y trabajadoras a un salario digno que permita el progreso y el bienestar para todas las familias de Nicaragua».
Los convocados
¿Quiénes asistirán? Según un comunicado del Mitrab irán representantes sindicales, empleadores y del Gobierno, no obstante, por el lado empresarial lo cierto es que no hay representación real y amplia desde hace varios años. Después del 2018, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) dejó de asistir por la represión gubernamental y la ruptura del modelo de diálogo con la dictadura, luego el régimen en venganza en el 2023 ordenó la eliminación de todo el sector privado organizado.
Desde entonces, si bien se realizan las sesiones establecidas por ley, lo cierto es que la última palabra sobre el ajuste que se debe aplicar a los trabajadores la adopta directamente la Presidencia, es decir los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, esta última inclusive lo acostumbra a anunciar en sus comparecencias de mediodía antes de que los miembros de la Comisión brinden una conferencia.
La Ley del Salario Mínimo establece que entre las variables que deben ser tomadas en cuenta para definir el ajuste figuran la inflación, el costo de la canasta básica y la tasa de crecimiento económico. Generalmente la mesa suele basar su negociación en la suma de la inflación y la variación del PIB.
El año pasado la inflación, que refleja la evolución de los principales bienes y productos de consumo en el mercado nacional, se ubicó en 2.70 por ciento, menos que el 2.84 por ciento visto respectivamente en el 2024. Por su parte, la inflación subyacente interanual fue de 2.91 por ciento, inferior al 3.39 por ciento reflejado el año anterior.
En tanto, el crecimiento económico el Banco Central (BCN) lo ubica en un rango de entre 4.5 y 5 por ciento. “Estamos esperando que la economía finalice el año creciendo entre 4.5 y 5 por ciento, más cercano al 5 por ciento que al 4.5 por ciento”, señaló Ovidio Reyes el mes pasado en un medio de propaganda de la dictadura.
Las principales variables
Es decir que tomando como referencia la aritmética aplicada en años anteriores, el ajuste del salario mínimo estaría en el rango de entre 7.2 por ciento y 7.7 por ciento, respectivamente. En el caso de la canasta básica, el año pasado subió a 20,821.68 córdobas, por encima de los 20,259.81 córdobas requeridos en el 2024. Es decir, que los trabajadores sufrieron el año pasado una erosión de casi 600 córdobas en su bolsillo.
Cabe mencionar que en caso que no se pongan de acuerdo los miembros de la Comisión del Salario Mínimo antes del 1 de marzo y se anuncie una decisión después de esa fecha, generalmente el ajuste se aplica de manera retroactiva a los trabajadores. Se estima que más de 325 mil empleados esperan el próximo ajuste.
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El año pasado, los salarios mínimos recibieron un ajuste anual de cuatro por ciento, lo que ocasionó que la paga mínima más baja se ubicara en 5,950 córdobas en el agro y la más alta en 13,315 córdobas en la construcción, establecimientos financieros y seguros. Es decir, que ninguno de los salarios mínimos vigentes consigue cubrir ni el 80 por ciento del costo de la canasta básica vigente.
Hasta ahora solo el ajuste que se acordó para zona franca en un acuerdo multianual se aplicó el pasado 1 de enero. En medio de una convulsa situación que viven más de 170 empresas de zona franca y con una perspectiva en negativo, más de 100,000 trabajadores emplanillados en este sector recibieron ese mes un ajuste salarial del 6.7 por ciento. Este es el penúltimo tramo del acuerdo tripartito quinquenal, cuya modalidad podría llegar a su fin el próximo año.
A partir de enero, los trabajadores que han sobrevivido a una oleada de despidos empezaron a gozar de un salario mínimo de 9,986.46 córdobas, unos 627.08 córdobas más comparado con lo que devengaban hasta diciembre del año pasado. En el 2025 estos trabajadores tenían una paga mínima de 9,359 córdobas.
