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La comparecencia de Nicolás Maduro ante un tribunal federal en Nueva York abrió un debate internacional que va más allá de las acusaciones penales en su contra. La captura del depuesto dictador venezolano y su traslado a Estados Unidos (EE. UU.) provocaron reacciones políticas, cuestionamientos sobre la legalidad de la operación y llamados a respetar el debido proceso, incluso por parte de gobiernos críticos de Washington.
Entre esas voces destaca la de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien pidió expresamente que Maduro tenga un juicio justo en Estados Unidos, al subrayar que ese principio debe prevalecer aun cuando se trate de figuras políticas acusadas de delitos graves. El pronunciamiento de Sheinbaum se suma a otros llamados regionales que, sin respaldar al régimen venezolano, han insistido en la necesidad de que el proceso judicial respete las garantías fundamentales.
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“Puede enfrentar perfectamente un juicio”
Desde una perspectiva jurídica, el abogado Raudí Peña, integrante de la organización Cubalex, consideró en declaraciones a LA PRENSA que en esta etapa del proceso no existen elementos que permitan sostener que Maduro esté siendo víctima de arbitrariedades judiciales. El jurista enfatiza que el caso apenas se encuentra en una fase preliminar.
“Nicolás Maduro puede enfrentar perfectamente un juicio. Por lo que hemos visto hasta ahora del proceso judicial se trata apenas de una audiencia preliminar y de lo que se conoce sobre el tratamiento que han recibido tanto Maduro como su esposa, Cilia Flores, en condición de detenidos. En este momento no puede alegarse que se hayan cometido violaciones al debido proceso”, afirmó Peña.
El abogado añadió que uno de los elementos centrales para evaluar cualquier proceso judicial es el acceso efectivo a la defensa, algo que —según indicó— ha estado garantizado en este caso.
Abogados de primer nivel
Peña subrayó que tanto Maduro como su esposa, Cilia Flores, han contado desde el inicio con asesoría legal y con la posibilidad de contratar abogados de alto perfil dentro del sistema judicial estadounidense.
“Maduro ha tenido acceso a sus abogados y ha contratado a varios, al igual que su esposa. Ambos cuentan con un equipo de defensa que les permite ejercer plenamente su derecho a la defensa, conforme a la estructura y características del sistema judicial federal de Estados Unidos”, explicó.
La defensa del exmandatario está encabezada por Barry Pollack, un litigante con amplia trayectoria en casos complejos y de alto perfil, incluido el del fundador de WikiLeaks, Julian Assange. Para Peña, este dato es relevante porque demuestra que Maduro no solo tiene acceso formal a la justicia, sino también a recursos legales que están fuera del alcance de la mayoría de los detenidos en regímenes autoritarios.
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Garantías en EE. UU. frente a la realidad venezolana
Más allá de la discusión política sobre la captura, el abogado de Cubalex hizo hincapié en el contraste entre el sistema judicial estadounidense y el venezolano. A su juicio, el punto central del debate no debería ser ideológico, sino jurídico y de derechos humanos.
“Dada la importancia que tiene el debido proceso dentro del sistema judicial estadounidense, no hay razones para dudar que Maduro —más allá de todos los señalamientos que puedan hacérsele como autócrata o dictador— enfrentará un juicio justo, es decir, un proceso judicial caracterizado por el respeto a las garantías procesales”, señaló.
Peña fue más allá al comparar esa situación con lo que ocurre en Venezuela. Según explicó, el exmandatario recibirá en Estados Unidos garantías que su propio régimen negó de forma sistemática a quienes fueron encarcelados por motivos políticos.
“Sin duda Maduro recibirá en Estados Unidos algo que el régimen venezolano y su sistema judicial nunca han garantizado a los presos políticos venezolanos: el debido proceso. Una característica propia de regímenes autocráticos, autoritarios o dictatoriales es precisamente la violación sistemática del debido proceso, especialmente cuando se trata de personas detenidas por motivos políticos”, afirmó.
Un contraste que marca el debate regional
Para el abogado, el caso evidencia una contradicción difícil de ignorar: mientras Maduro accede a jueces independientes, defensa técnica y reglas procesales claras, miles de opositores venezolanos fueron encarcelados sin esas mismas garantías.
“En ese aspecto, Maduro va a recibir garantías procesales, judiciales y políticas que su propio régimen nunca ofreció a quienes fueron encarcelados por razones políticas en Venezuela. Esto responde a las profundas diferencias entre los sistemas judiciales y los contextos políticos de ambos países”, concluyó.
En ese marco, los llamados de líderes como Claudia Sheinbaum a respetar el debido proceso refuerzan un punto central del debate: exigir un juicio justo para Maduro no implica absolverlo políticamente, sino reafirmar un principio que ha sido negado durante años a las víctimas de la represión en Venezuela.
