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A menos de un mes de las elecciones presidenciales del 1 de febrero en Costa Rica, el tema migratorio emerge como uno de los puntos de mayor contraste entre los planes de gobierno para el periodo 2026-2030. Mientras algunas candidaturas apuestan por el endurecimiento del control fronterizo bajo el argumento de la seguridad nacional, otras plantean una integración basada en derechos humanos o incluso una visión económica que ve en la migración una oportunidad para el desarrollo.
Las propuestas se presentan en un contexto marcado por desigualdad estructural, envejecimiento poblacional, aumento de la violencia y debilitamiento del diálogo político, factores que, según analistas, influyen directamente en la forma en que los partidos abordan la migración.
Y específicamente sobre la migración, algunas propuestas asocian el fenómeno con el auge del crimen organizado, según una revisión que realizó LA PRENSA a las propuestas de campaña de los candidatos, disponibles en el portal oficial del Tribunal Supremo de Elecciones.
Seguridad, desigualdad y migración: un debate que se cruza
El analista político Sergio Araya advierte que, independientemente de quién gane la Presidencia, el próximo gobierno heredará problemas estructurales no resueltos, como la desigualdad social, la fragmentación productiva y el deterioro del clima de diálogo político.
“Son desafíos que exigen acuerdos pluripartidistas y multisectoriales, pero el escenario de polarización y confrontación que se ha profundizado en los últimos años dificulta esa construcción”, señaló.
En ese contexto, Araya subraya que la migración suele quedar atrapada en discursos simplistas que la vinculan casi exclusivamente con la inseguridad, pese a que el fenómeno responde también a factores demográficos y económicos de largo plazo, como el envejecimiento de la población y la presión sobre el sistema de pensiones.
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Matices y énfasis entre las principales candidaturas
Aunque los planes de gobierno tienden a agruparse en grandes corrientes, algunas candidaturas introducen matices relevantes en la forma de abordar la migración.
En el caso de Laura Fernández, del oficialismo, la propuesta migratoria se inscribe dentro de una lógica de seguridad y control soberano. Su plan “Fronteras Seguras” prioriza el cruce de bases de datos internacionales y la ampliación de la Policía Profesional de Migración, así como la suspensión automática de trámites de residencia para extranjeros procesados por delitos graves. El enfoque parte de la premisa de que el fortalecimiento del control migratorio es una herramienta central para enfrentar la criminalidad, en sintonía con el discurso de continuidad del actual Gobierno.
Por su parte, Natalia Díaz, de Unidos Podemos, combina el énfasis en seguridad con acciones focalizadas en territorio. Su propuesta plantea intervenir cuarterías ilegales y espacios de hacinamiento para identificar personas en condición migratoria irregular vinculadas a actividades ilícitas, al tiempo que refuerza el uso de tecnología —drones y vigilancia satelital— para el control fronterizo. Su discurso subraya la expulsión de quienes delinquen, pero evita plantear cierres generalizados a la migración laboral.
En una línea distinta, Claudia Dobles, de Agenda Ciudadana, pone el acento en la gestión institucional del fenómeno migratorio. Su plan propone simplificar y digitalizar trámites, reducir el rezago en solicitudes de refugio y reconocer nuevas figuras como el refugio climático. Además, plantea la convalidación de títulos profesionales extranjeros como vía para integrar a personas migrantes al mercado laboral formal y reducir la informalidad.
Finalmente, Álvaro Ramos introduce un enfoque que busca equilibrar la protección de derechos con criterios de sostenibilidad social y económica. Su propuesta plantea fortalecer los procesos de regularización, mejorar la coordinación interinstitucional y ordenar los flujos migratorios para evitar presiones desmedidas sobre los servicios públicos, sin recurrir a discursos de criminalización ni a políticas de exclusión.
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Migración y derechos humanos: una visión alternativa
En contraste, partidos como Frente Amplio, Agenda Ciudadana, Partido de la Clase Trabajadora, Justicia Social Costarricense y Unión Costarricense Democrática plantean una política migratoria centrada en la protección de personas en movilidad forzada, la regularización administrativa y el combate a la xenofobia.
Vargas señala que estos enfoques buscan evitar que la migración sea utilizada como “enemigo externo”, una narrativa que —según advierte— ha alimentado corrientes autoritarias en otras regiones.
“Los controles fronterizos son legítimos, pero deben hacerse desde un enfoque democrático. La criminalización del migrante no solo es injusta, sino que no se sostiene con los datos”, afirmó.
El historiador subraya que la población migrante aporta a la economía y que, en el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social, las cotizaciones de extranjeros superan el gasto en atención médica que reciben.
Migración como oportunidad económica
Otros partidos incorporan una lectura estratégica del fenómeno migratorio. Nueva Generación, Aquí Costa Rica Manda, PUSC, PIN y Avanza proponen atraer talento calificado, inversionistas o investigadores extranjeros, así como coordinar políticas regionales para una migración ordenada.
Para Araya, este enfoque conecta con uno de los grandes retos estructurales del país: la transformación de la pirámide demográfica.
“Cada vez somos una sociedad más envejecida. Sin políticas migratorias inteligentes, el sistema de pensiones y la seguridad social enfrentarán mayores tensiones”, explicó.
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Nicaragua, seguridad y migración
Araya y Vargas coinciden en que la situación de Nicaragua debería ocupar un lugar central en el debate migratorio. Este último advierte que la dictadura de Daniel Ortega representa un problema de seguridad nacional para Costa Rica y que su inestabilidad tiene impactos directos en los flujos migratorios.
“No denunciar lo que ocurre en Nicaragua debilita la narrativa democrática interna. La migración nicaragüense no puede abordarse solo desde el control, sino desde una visión regional y humanitaria”, sostuvo.
Dos visiones de frontera
En términos generales, los planes de gobierno revelan dos concepciones opuestas de la frontera: para los candidatos de línea dura, es un filtro de alta presión destinado a bloquear amenazas; para quienes priorizan la integración, es un puerto de llegada, donde lo esencial es registrar, proteger e incorporar a quienes se suman al país.
El próximo gobierno deberá decidir qué modelo prevalece, en un escenario donde la migración seguirá siendo un tema clave no solo electoral, sino estructural para el futuro de Costa Rica.
