El mercado de carbono de Europa debe mirar hacia el futuro

Sin embargo, hay un hecho que sigue siendo difícil de dilucidar: El Régimen de Comercio de Emisiones (RCDE) de la UE ha reducido las emisiones de dióxido de carbono con mayor rapidez y a un menor coste que casi cualquier otra política climática. La cuestión ahora no es si se debe fijar un precio al carbono, sino cómo lograr que el sistema sea más justo, eficiente y resiliente a los obstáculos políticos. La credibilidad climática de Europa depende de encontrar el equilibrio adecuado entre ambición y pragmatismo económico.

Desde su lanzamiento en 2005, el ETS ha generado importantes reducciones de emisiones impulsadas por el mercado. Las emisiones del sector eléctrico se han desplomado, el carbón ha quedado prácticamente excluido del mercado por su precio, y las emisiones de los sectores participantes se han reducido aproximadamente el 50 por ciento y miles de millones de dólares de ingresos del ETS se han canalizado hacia tecnologías de energía limpia.

Como resultado, lo que comenzó como un sistema experimental de topes y comercio de emisiones se ha convertido en el mayor mercado de carbono del mundo en términos de ingresos y un modelo para sistemas similares desde California hasta China. Hoy en día, casi el 30 por ciento de las emisiones globales de CO2 están cubiertas por algún tipo de sistema de precios —en comparación con menos del 6 por ciento hace dos décadas—, lo que genera más de 100,000 millones de dólares en ingresos públicos al año.

Este crecimiento inevitablemente presenta nuevos desafíos. A medida que el ETS se expande a sectores como el transporte y la construcción, y que los derechos de emisión gratuitos se eliminan gradualmente entre 2026 y 2034, el aumento de los precios del carbono afectará más directamente a las empresas y los hogares. Estas realidades no deben ignorarse, pero no justifican abandonar una política que ha demostrado su eficacia. Por el contrario, exigen una recalibración cuidadosa para mantener el sistema justo y políticamente sostenible.

Si bien la tentación de suavizar o suspender los precios del carbono durante períodos de tensión económica es fuerte, cambios bruscos de política erosionarían la confianza de los inversores, aumentarían la incertidumbre y socavarían la credibilidad de Europa como líder climático. La estabilidad es la base de la innovación a largo plazo, y el auge de la inversión en tecnologías limpias en Europa depende de ella.

Dicho esto, el objetivo de la tarificación del carbono no es penalizar a la industria. Al señalar que la contaminación tiene un alto coste y que la producción más limpia es rentable, las empresas pueden optar por la vía más eficiente para reducir las emisiones, en lugar de ajustarse a mandatos universales. Los ingresos pueden, y deben, reinvertirse en la economía para apoyar a las empresas y hogares vulnerables durante la transición.

Un «dividendo climático» para los hogares, financiado con los ingresos del ETS, podría compensar los mayores costos de energía y transporte, a la vez que fortalecería la confianza pública. El apoyo específico, al estar condicionado a avances mensurables en la descarbonización, podría facilitar la transición de las industrias afectadas hasta que las alternativas bajas en carbono se vuelvan comercialmente viables, siempre y cuando los responsables políticos eviten subsidios que encubran la ineficiencia con el pretexto de promover la competitividad.

El Mecanismo de Ajuste en Frontera de las Emisiones de Carbono (CBAM) de la UE, que entrará en vigor en 2026, es un complemento crucial, aunque malinterpretado, del RCDE. Extiende el precio del carbono a las importaciones de acero, aluminio, cemento, fertilizantes, electricidad e hidrógeno, garantizando que las empresas europeas no se vean perjudicadas por competidores extranjeros con mayores emisiones de carbono. Contrariamente a lo que afirman algunos críticos, esto no es proteccionismo; es realismo climático.

El CBAM también podría catalizar una revolución silenciosa en la política climática global. Al vincular el acceso al mayor mercado único del mundo a la transparencia en materia de carbono, la UE envía un mensaje claro: si se quiere vender aquí, se deben respetar las mismas normas ambientales. Otras grandes economías, como Estados Unidos, ya están explorando ideas similares, lo que refleja un creciente reconocimiento de que la competencia justa y la acción climática pueden ir de la mano.

Sin embargo, la mera posibilidad de que los sistemas de fijación de precios del carbono converjan a través de las fronteras es precisamente la razón por la que algunos gobiernos y grupos industriales buscan bloquear o fragmentar el comercio de emisiones. Al fin y al cabo, un precio del carbono transparente y comparable erosiona la ventaja competitiva de la manufactura intensiva en carbono.

La UE no debe permitir que las presiones políticas dicten el ritmo ni la dirección de su transición energética. Sin embargo, el Marco de Acción Comunitaria (CBAM) debe perfeccionarse para garantizar que la ambición no se convierta en rigidez. Para ello, destacan cuatro medidas.

En primer lugar, la evaluación comparativa de las importaciones podría ofrecer un alivio parcial a los productores extranjeros que cumplan con los mejores estándares de la UE. Este enfoque recompensaría la producción climáticamente eficiente, reduciría las tensiones comerciales y permitiría a la UE mantener derechos de emisión gratuitos para los productores europeos de energía limpia.

En segundo lugar, la UE debería introducir devoluciones a la exportación para las empresas europeas que operan en mercados sin una tarificación eficaz del carbono. Para impulsar un progreso climático significativo, los productos europeos limpios deben poder competir a nivel mundial.

La tercera prioridad es simplificar y armonizar los requisitos de información para el CBAM y otros. Un CBAM simplificado podría sustituir la multiplicidad de normas superpuestas por un precio del carbono único y transparente tanto para la producción nacional como para los bienes importados, reduciendo así la burocracia y ofreciendo mayor claridad a las empresas.

Por último, el CBAM debería introducirse gradualmente para evitar perjuicios no deseados a las economías más pobres y vulnerables del mundo. La UE podría incluso destinar una parte de los ingresos del CBAM a ayudar a estos países a invertir en una producción más limpia. En lugar de debilitar el sistema, esto contribuiría a su objetivo de equidad y reciprocidad en los costes del carbono.

Es fundamental reconocer que la resiliencia climática y la competitividad no son mutuamente excluyentes. Lejos de las restricciones burocráticas, el RCDE y el CBAM son la base de la futura economía europea. Al impulsar la innovación en tecnologías limpias, la tarificación del carbono puede impulsar el crecimiento de sectores estratégicos, desde el hidrógeno verde hasta los materiales avanzados y la fabricación circular, a la vez que reduce la dependencia energética.

Para que este modelo funcione, los responsables políticos deben centrarse en tres principios: equidad, para mantener la participación ciudadana; previsibilidad, para conservar la confianza de los inversores; y coherencia, para mantener el liderazgo de Europa en el escenario mundial. Si Europa evita cambios bruscos de política durante la transición energética, no solo cumplirá sus objetivos climáticos, sino que también definirá las reglas del juego de la emergente economía baja en carbono.

Los autores: Günther Thallinger es miembro del Consejo de Administración de Allianz SE, es responsable de Gestión de Inversiones y Sostenibilidad; Ludovic Subran es director de Inversiones y economista jefe de Allianz. 

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