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El régimen de Daniel Ortega decidió elevar su tono e involucrarse en el conflicto militar que Estados Unidos mantiene cerca de las costas de Venezuela, al fustigar a Washington ante las Naciones Unidas por la incautación de dos barcos petroleros al régimen de Nicolás Maduro.
En un discurso durante una reunión de emergencia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la dictadura de Ortega exigió «el cese inmediato del despliegue militar de Estados Unidos en nuestra región de América Latina y el Caribe. Esta presencia militar pirata es una amenaza directa a la seguridad de nuestras Naciones, estas políticas de agresión son un descarado acto para cambiar gobiernos legítima y democráticamente electos».
Además calificó como «actos de piratería moderna» la decisión de la administración de Trump de incautarle dos petroleros a Venezuela. «Denunciamos que estos robos, el secuestro de buques petroleros y el despojo de activos financieros, que atentan contra la soberanía del pueblo de Venezuela y constituyen un peligroso atentado contra la paz y la estabilidad de toda la región de América Latina y el Caribe, con consecuencias que impactan catastróficamente en el comercio y la navegación mundial», indicó el régimen en un discurso leído por el embajador Jaime Hermida.
Washington acusa a Venezuela de utilizar los ingresos del petróleo para financiar el narcotráfico, mientras que Venezuela califica la incautación de los tanqueros como «robo y secuestro».
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Uno de los barcos incautados se trata de Bella 1, un tanquero de gran tamaño que fue incluido el año pasado en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, afirmando que el buque tiene vínculos con Irán, según reseña la BBC Mundo en un artículo.
El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó la semana pasada un «bloqueo» de los petroleros sancionados que entraban y salían del país. Hasta la semana pasada, más de 30, de los 80 buques que se encontraban en aguas venezolanas o se aproximaban al país, estaban sujetos a sanciones estadounidenses, según datos recopilados por TankerTrackers.com, según el diario británico.
La dictadura de Ortega dijo que condenaba «enérgicamente las agresiones y acciones de hostilidades continuas e intensificadas hacia Venezuela, que se han traducido en un bloqueo económico criminal y en una guerra híbrida diseñada para infligir el máximo sufrimiento a su población civil. Estas acciones deliberadas buscan provocar el colapso de una nación soberana para imponer por la fuerza, intimidación y la hambruna, un Gobierno dócil y servil al servicio de intereses egoístas foráneos».
Y aunque una minoría de países en el mundo se han pronunciado sobre la presencia militar de Estados Unidos cerca de Venezuela, que busca forzar una salida de Maduro, la dictadura de Ortega dijo que se unía «al llamado del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, y a los líderes y lideresas del mundo con conciencia, para condenar estos hechos e instar a activar todos los mecanismos multilaterales necesarios para investigar, sancionar y prevenir estos actos de piratería y agresión económica».
Aunque en el pasado la dictadura ha desconocido los llamados de los organismos internacionales, en su discurso dijo que «el Consejo de Seguridad y Naciones Unidas tiene obligación de salvaguardar la paz y seguridades Internacionales, no puede ser espectadora pasiva del saqueo de un país miembro».
Y añadió: «Reafirmamos que la defensa de la soberanía venezolana es la defensa de la Carta de la ONU, del Derecho Internacional, del principio de no intervención y autodeterminación, del derecho de todos los pueblos a construir su propio destino sin coerciones extranjeras, sin amenazas o uso de la fuerza en las relaciones internacionales».
«Las y los venezolanos quieren paz. Exigimos que se respete la dignidad y soberanía de su país, su derecho inalienable a comercializar sus recursos naturales libremente, y pedimos que se ponga fin de manera inmediata a todas las medidas coercitivas unilaterales ilegales, las cuales socavan la estabilidad de la Región y constituyen un castigo colectivo prohibido por el derecho Internacional».
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