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La aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República de Guatemala para 2026 —el más alto de su historia, con un monto cercano a los 163 mil millones de quetzales (unos 21,400 millones de dólares)— ha vuelto a poner en evidencia un problema estructural que trasciende coyunturas partidarias y gobiernos de turno: la captura del Estado por una clase política que concibe el presupuesto no como un instrumento de desarrollo, sino como un despojo a repartir. Es el típico caso del “Estado botín” que se repite, sin excepción, a lo largo de Centroamérica.
La forma en que fue aprobado —de madrugada, bajo un procedimiento de urgencia nacional y con un debate público mínimo— encendió un intenso debate político y social. Más allá de su legalidad formal, el método utilizado dejó profundas dudas éticas y democráticas. En países con instituciones frágiles, la manera en que se decide el gasto público importa tanto como el monto aprobado.
En países como Guatemala, donde la corrupción ha sido históricamente sistémica, aumentar recursos sin fortalecer controles suele traducirse en mayor discrecionalidad y menor impacto social. El resultado es el fortalecimiento de una nueva “casta”, como la denomina Javier Milei, el estadista argentino, al referirse a los grupos de poder que, amparados en discursos ideológicos y promesas de bienestar colectivo, parasitan al Estado y convierten el presupuesto en un mecanismo de reproducción del poder político.
La fiscal general, María Consuelo Porras, añadió un elemento adicional al debate al cuestionar públicamente la capacidad del Gobierno para ejecutar su propio presupuesto, incluso increpando al presidente de la República, Bernardo Arévalo. Aunque las cifras oficiales contradicen parte de sus afirmaciones, el señalamiento reforzó una percepción ciudadana ya instalada: la profunda desconfianza hacia la gestión pública y la eficacia real del gasto estatal.
Las protestas no tardaron en manifestarse. Trabajadores del sistema de salud bloquearon accesos al Congreso tras la aprobación del presupuesto, denunciando la exclusión de partidas destinadas a mejorar las condiciones laborales y el financiamiento del sector. Este episodio evidenció una constante regional: los presupuestos suelen priorizar intereses políticos antes que necesidades sociales urgentes, incluso en áreas tan sensibles como la salud pública.
A ello se suma una dinámica perversa que parece repetirse elección tras elección: en Guatemala se observa una competencia entre aspirantes presidenciales en la que quien llega a ocupar la silla principal del poder termina gobernando peor que su antecesor. El efecto dominó de la decepción se ha convertido en una constante histórica. Terrible.
Giovanni Fratti, activista beligerante contra la corrupción estructural y directivo de la anticomunista Liga Pro Patria de Guatemala, afirmó que se presentará un recurso de inconstitucionalidad contra el presupuesto aprobado. Señaló, además, que otra institución interpondrá un recurso adicional por la inversión considerada ilegal de 40 millones de dólares en el Banco CAF, operación que —según sostuvo— serviría para “lavar dinero de Venezuela en Guatemala y de los negocios sucios del mandatario Arévalo en el país sudamericano”. Otros por su parte hasta aseguran que parte de estos fondos saldrán para el pago de un inmueble de lujo en la capital mexicana.
Por su parte, la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies) alertó sobre la inclusión de un artículo que permitiría utilizar Reservas Monetarias Internacionales para la incorporación de Guatemala al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Según este centro de pensamiento, la disposición genera incertidumbre legal y podría afectar la autonomía monetaria del Banco Central, pilar fundamental de la estabilidad macroeconómica.
Especial controversia ha generado la asignación de recursos a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede). El Congreso autorizó trasladar fondos no ejecutados del año anterior y aumentó significativamente su presupuesto, permitiendo que diputados influyan directamente en la ejecución de obras mediante empresas seleccionadas por ellos mismos. Para muchos analistas, este esquema abre de par en par la puerta al clientelismo político y al uso electoral del gasto público.
Según estimaciones ampliamente difundidas, cada diputado que aprobó el presupuesto dispondría de alrededor de 30 millones de quetzales para supuestas obras comunitarias —unos 3.5 millones de dólares—, mientras jefes de bloque y miembros de la Junta Directiva del Congreso manejarían montos aún mayores, que alcanzarían hasta 8 millones de dólares por cabeza.
El caso guatemalteco no es una excepción regional. En Honduras, el presupuesto proyectado para 2026 también ha sido cuestionado por la oposición, que denuncia su uso como instrumento de consolidación política en un contexto de institucionalidad frágil. En El Salvador, analistas advierten sobre presupuestos con ingresos sobreestimados y creciente dependencia de financiamiento extraordinario.
Incluso países con instituciones más sólidas, como Costa Rica y Panamá, enfrentan debates similares. En Costa Rica, la oposición rechaza cualquier intento de flexibilizar la regla fiscal por considerarlo irresponsable para las generaciones futuras. En Panamá, las críticas se concentran en la eficiencia del gasto y la priorización de megaproyectos frente a servicios públicos básicos.
El caso de Nicaragua es aún más patético: todo lo decide la pareja presidencial, mientras los poderes del Estado, incluida la Asamblea Nacional, se limitan a obedecer. Ejecuciones como estas, sin mayor transparencia, seguirán produciendo resultados mediocres y corruptibles.
Mientras Guatemala sobrevive entre carencias estructurales y pobreza persistente, la aprobación de este presupuesto —que bien podría llamarse de la madrugada de los sobres largos— quedará como el símbolo de un sigilo legislativo en el que, lejos del debate público y de cara a un país empobrecido, se repartió el botín con precisión quirúrgica. No hubo sangre en el hemiciclo, pero sí un despojo sistemático del erario. Fue un atraco de Estado, consumado mientras el país dormía.
El autor es escritor y periodista nicaragüense, exiliado en Estados Unidos. Columnista internacional y fundador del Partido Liberal Conservador Clásico (OPA).
