El canciller de la dictadura sandinista de Nicaragua, Valdrack Jaentschke, sostuvo el 2 de diciembre una reunión con el embajador bielorruso en Managua, Vitali Barchuk, supuestamente sobre oportunidades de «inversión, comercio y cooperación internacional» entre ambos países.
La retórica pudiera dar la idea de que entre ambos países —los dos sufriendo dictaduras desde hace más de 20 años— existen lazos considerables, sobre todo por su relación común con la potencia político-militar que es la Federación Rusa. Pero esto dista mucho de la realidad.
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El comercio bilateral entre Bielorrusia y Nicaragua es insignificante, según la base de datos de COMTRADE de las Naciones Unidas, las exportaciones bielorrusas hacia Nicaragua apenas alcanzaron los 33 mil dólares en 2024, mientras que las importaciones desde Nicaragua a Bielorrusia rondaron cifras similares en años previos, como los 145.000 dólares en 2021.
Estos volúmenes representan menos del 0,01% del comercio total de Nicaragua, que en 2024 superó los 13 mil millones de dólares en importaciones y exportaciones combinadas. Los $85 millones en contratos firmados en julio de 2024 —principalmente en maquinaria agrícola y posibles proyectos en el parque industrial China-Bielorrusia Great Stone— no han pasado de palabras.
China, el socio emergente de la dictadura ha admitido 1.6 mil millones de dólares en exportaciones nicaragüenses en 2024, equivalentes al 13% del volumen total, con proyecciones superiores para 2025. También el aporte de Rusia es mayor, recibiendo Nicaragua poco más de 195 millones de dólares en importaciones rusas ese mismo año.
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Estados Unidos, con 4.6 mil millones de dólares en exportaciones en 2024, supone el 48% del total y pesa a las tensiones políticas que incita la dictadura, todavía 2.7 mil millones en importaciones estadounidenses llegan al país.
Los acuerdos bielorrusos se han limitado a cooperación sobre todo simbólica.
Desde 2023, Nicaragua y Bielorrusia firmaron acuerdos iniciales de bajo impacto, como la supresión mutua de visas en julio para estancias de 90 días y un marco de créditos a la exportación, reformado en 2024, que apenas facilitó importaciones menores de maquinaria.
En octubre de 2023, un crédito de 1 millón de dólares permitió a la dictadura en Nicaragua comprar camiones. En 2024, hubo pactos en salud, educación, aduanas y procuradurías, más créditos por 73 millones para buses de transporte urbano.
En 2025, los acuerdos escalaron a defensa con convenios por 36 millones en maquinarias, un plan 2025-2030 en múltiples sectores y créditos por 30.3 millones para 289 vehículos militares y policiales, además de un Plan de Acción Conjunta en agosto para traspaso de armas y tecnología.
Estos acuerdos generan una deuda superior a 100 millones sin lograr un impacto tangible en la calidad de vida de los nicaragüenses, siendo únicamente los intercambios en el área militar los que pudiesen demostrar más útiles para la dictadura.
Además, la falta de transparencia de ambas dictaduras dificulta medir el verdadero impacto de estos acuerdos.
