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Por lo menos 66 personas todavía sufren prisión política en Nicaragua tras las sucesivas «liberaciones» de un total de 11 presos políticos el último fin de semana de noviembre, al menos según ha recopilado el Mecanismo para el reconocimiento de las personas presas políticas de Nicaragua.
Entre los aún cautivos figuran Brooklyn Rivera, líder indígena miskito en desaparición forzada desde hace más de dos años.
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Otro detenido de alto perfil político es Steadman Fagoth, compañero de armas de Rivera cuando ambos combatieron al sandinismo en las guerrillas indígenas formadas tras los abusos contra la población nativa a principios del proceso revolucionario. Esto a pesar de que en los últimos años Fagoth fue un aliado del régimen.
Fagoth fue depuesto de su cargo de asesor presidencial en 2024 por haber cuestionado la política extractivista del régimen para con la costa Caribe, así como la pasividad hacia grupos de colonos mestizos que usurpan territorio indígena.
De hecho, el régimen ha detenido a varios ex-militares, algunos de alto rango, así como simpatizantes e incluso funcionarios sandinistas de trasfondo histórico. Esto como parte de un esfuerzo de la codictadora Murillo de consolidar su poder al desplazar a la vieja guardia del partido.
Estos detenidos incluyen a los coroneles retirados Carlos Brenes y Víctor Boitano, a los generales retirados Álvaro Baltodano y Rodrigo y Eddie González; y al capitán retirado Aníbal Rivas Reed.
Presos por «masacre del 19 de julio» siguen presos
Siguen en prisión algunos de los reos de larga data, como los detenidos por la llamada «Masacre del 19 de julio» en 2014. Se trata de nueve individuos —todos con algún trasfondo opositor o disidente del sandinismo— acusados de perpetrar el asesinato en masa de simpatizantes sandinistas.
El régimen ha realizado varias liberaciones masivas; en 2023 envió a 222 presos políticos a Washington con la mediación de Estados Unidos. Un año después excarcelaron a otro grupo de prisioneros que fueron enviados a Guatemala. No obstante no han sido liberados todos los reos políticos.
Quienes quedan, sus casos han estado marcados por severas arbitrariedades reportadas por la prensa independiente a lo largo de la década de cautiverio que han sufrido.
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Yaritza Mairena, del Grupo de Presas Políticas, lamentó en particular su caso dado que los detenidos han sufrido torturas y su condición física se ha deteriorado tras ya más de once años en prisión.
Mairena igualmente destacó el caso de un grupo de guardabosques de la etnia mayangna, detenidos por denunciar la venta y el arrendamiento ilegal de tierras en sus comunidades del Caribe.
Dos de estos habían sido detenidos en 2021 y otros cuatro en 2023, con edades entre los 21 y 54 años.
«Tanto las personas que siguen en las cárceles de la dictadura como las que están en casa por cárcel están privadas arbitrariamente de su libertad», advierte Salvador Marenco, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, en entrevista con LA PRENSA.
Los excarcelados, insiste Marenco, «no gozan de libertad como tal, pues están siendo obligados a ir a firmar (a una delegación policial) y, además, algunas personas han comentado que les han obligado a filmar videos de arrepentimiento o de perdón hacia la pareja dictatorial por hechos que evidentemente no han cometido».
También continúan cautivos el activista Jaime Navarrete y el médico Manuel Urbina Lara, ambos sometidos a tratos inhumanos por las autoridades carcelarias de la dictadura, según ha reportado el mismo Mecanismo.
Las excarcelaciones parecen responder a presiones externas, en particular la amenaza de que Estados Unidos pueda ejercer presión suficiente para expulsar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio que mantiene con el país y el resto de Centroamérica.
