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Ocho expresidentes democráticos de Costa Rica emitieron una declaración conjunta sobre la crisis nicaragüense, en respaldo al reciente informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) presentado este miércoles ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Los expresidentes son: Oscar Arias Sánchez, Rafael Ángel Calderón Fournier, José María Figueres Olsen, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, Abel Pacheco de la Espriella, Laura Chinchilla Miranda, Luis Guillermo Solís Rivera y Carlos Alvarado Quesada.
En el pronunciamiento, difundido este miércoles, los exmandatarios expresaron su “profunda consternación” por las conclusiones del informe Nicaragua, que expone persecución más allá de sus fronteras y documenta violaciones locales y transnacionales de derechos humanos cometidas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Llamado a la comunidad internacional y a la Corte Internacional de Justicia
Los expresidentes coincidieron en que los hallazgos del GHREN “ratifican la naturaleza dictatorial y funesta del régimen imperante en Nicaragua” y exhortaron a la comunidad internacional —en especial al Gobierno de Costa Rica— a respaldar las recomendaciones del organismo de la ONU.
“Apoyamos la conveniencia de responsabilizar al Estado de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia por su renuencia a someterse a los instrumentos de rendición de cuentas a los que lo obliga el Derecho Internacional”, señala el comunicado firmado por los ocho exjefes de Estado.
El documento subraya que las violaciones denunciadas por el GHREN, algunas de las cuales “podrían tipificarse como crímenes de lesa humanidad”, forman parte de una estrategia sistemática para “intimidar, amenazar y apremiar a la disidencia” dentro y fuera del país.
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Asesinatos y atentados en el exilio
El pronunciamiento cita los recientes asesinatos de los opositores Roberto Samcam, ocurrido en San José, y Rodolfo Rojas Cordero, en Honduras, así como los atentados contra Joao Maldonado en Costa Rica, todos ellos nicaragüenses en condición de exilio.
“Estos hechos forman parte de una trágica circunstancia que demuestra que la represión del régimen de Ortega y Murillo ha cruzado fronteras”, advierten los exmandatarios.
El comunicado también enumera las acciones de persecución política dentro del país: detenciones arbitrarias, desnacionalizaciones, confiscaciones, expulsiones forzadas y negación de documentos civiles, medidas que —según el texto— colocan a la población opositora “en una situación de extrema vulnerabilidad”.
Costa Rica, país de refugio bajo presión
El grupo de exjefes de Estado hizo suya la recomendación del GHREN de implementar medidas integrales de protección para las personas nicaragüenses en condición de exilio o refugio en Costa Rica, alertando que los actos hostiles del régimen de Managua representan “un riesgo creciente” para la seguridad de esa población.
Costa Rica alberga a más de 200,000 nicaragüenses con estatus de protección internacional o en trámite de refugio, según cifras oficiales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Contexto internacional
La declaración de los expresidentes se emitió el mismo día en que la delegación de México ante la ONU se desmarcó del bloque de países aliados de Managua y llamó a “reconocer las violaciones cometidas”, en contraste con el discurso del representante del régimen nicaragüense, que tildó de “apócrifos” los informes del GHREN.
El presidente del grupo de expertos, Jan Michael Simon, había reiterado ante la Asamblea General que Nicaragua figura en la agenda de la ONU “como un Estado acusado de desmantelar sistemáticamente el Estado de derecho y las instituciones democráticas”, e instó a los Estados miembros a llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia.
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Una posición de Estado
La coincidencia de los ocho exmandatarios —de diferentes partidos y épocas— representa una postura de Estado frente al deterioro de los derechos humanos en Nicaragua y el impacto regional de la represión transnacional.
“Costa Rica, como nación comprometida con la democracia y los derechos humanos, no puede ser indiferente ante el sufrimiento del pueblo nicaragüense”, sostienen los firmantes, quienes instaron al actual gobierno a mantener “una política firme de defensa del asilo y del Derecho Internacional”.
