Lista de reproducción
- No hay más artículos para escuchar
Mientras Estados Unidos se prepara para quitarle o limitar los beneficios a Nicaragua del DR-Cafta, la dictadura de Daniel Ortega se habría anotado una victoria, en un juicio que promovió Riverside Coffee contra el Estado de Nicaragua. En dicho proceso, los inversionistas acusaron al Estado de Nicaragua de no proteger su inversión millonaria, y permitir que paramilitares invadieran y destruyeran maquinarias y plantaciones de aguacate en una hacienda de su propiedad ubicada en Jinotega.
El Reportero de Arbitraje de Inversiones (IAReporter, por sus siglas en inglés), que es un sitio que especializado que informa sobre arbitrajes internacionales, entre inversores extranjeros y gobiernos soberanos, así como datos exclusivos y herramientas de investigación jurídica, divulgó los primeros resultados del maratónico proceso judicial que se celebró en julio del 2024.
Lea también: Estado de Nicaragua sometido a maratónico juicio por asalto de paramilitares a empresa de EE. UU. en 2018
El fallo se emitió el pasado 17 de octubre de este año, pero aún no han publicado el documento. El proceso de arbitraje se realizó en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), y un portavoz de la entidad le dijo a LA PRENSA que publicarán el laudo una vez que las partes involucradas en el proceso hayan revisado el texto, y que sometan ante los exmiembros del tribunal, cualquier disputa relacionada con las supresiones del texto.
Riverside exigía indemnización millonaria
El Ciadi es una dependencia del Banco Mundial (BM), y confirmó que el documento será publicado en su sitio web una vez que concluya el proceso antes mencionado, tal como lo establece el artículo 10.21 del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos de América (DR-Cafta) y a la sección 23.1 de la Resolución Procesal número 1 del Tribunal en el caso Riverside Coffee, LLC c. República de Nicaragua (Caso Ciadi número ARB/21/16).
La resolución la emitió un panel del Ciadi compuesto por tres personas. El finlandés Veijo Heiskanen, que fungió como presidente y fue electo por las partes; y dos árbitros, la británica Lucy Grenwood que fue designada por la demandante, es decir por Riverside, y el belga Philippe Couvreur que fue designado por el Estado de Nicaragua en su calidad de demandado.
Riverside Coffee reclamaba una indemnización de hasta 689.09 millones de dólares, que incluía daños a la inversión, así como ganancias no generadas a raíz de la destrucción de las plantaciones y maquinarias. Adicionalmente, la empresa exigía una indemnización de 45 millones de dólares en concepto de daños morales provocados a Inversiones Agropecuarias S.A. (Inagrosa), de la que es propietaria Riverside.
Según la empresa, el daño moral incluía «el estrés, la humillación y el sufrimiento derivados de la invasión ilegal, las amenazas de muerte y el sufrimiento causado a la alta dirección de Inagrosa».
No pudo demostrar complicidad del Estado
Durante el juicio, la empresa denunció que desde mediados de 2018, fuerzas paramilitares, con el supuesto apoyo de las autoridades locales, ocuparon la Hacienda Santa Fe, ubicada en Jinotega. Además se quejó de que mediante una orden judicial de diciembre de 2021, la dictadura Ortega Murillo se apoderó de la plantación, lo que calificó como una confiscación.
Además señaló que los paramilitares y simpatizantes del Frente Sandinista se llevaron maquinarias y equipos de trabajo de la finca, así como tractores, autos, una planta eléctrica, entre otros bienes. Durante el juicio, en un intento de deslindar responsabilidad, el régimen intentó descalificar los permisos que estos tenían en las plantaciones.
Sobre ese último punto, el panel determinó que la orden judicial emitida por un juzgado nicaragüense sólo buscaba proteger la propiedad mientras estuviera pendiente el arbitraje en cuestión, según reporta el artículo de IAReporter.
Según el reporte legal, «los árbitros determinaron que el demandante (en este caso Riverside) no había demostrado que la ocupación de la Hacienda Santa Fe por fuerzas paramilitares, entre junio y julio de 2018, fuera atribuible al Estado».
Riverside tendrá que pagar US$8 millones
A criterio del panel, según reseña el artículo de IAReporter, «el tribunal no observó ninguna violación del estándar de plena protección y seguridad (aplicando el estándar de debida diligencia) ni de la disposición de trato justo y equitativo del DR-Cafta (en particular, no observó denegación de justicia). El tribunal tambipén rechaó las demandas que presentó Riverside Coffee por expropiación y discriminación.
Durante el juicio, la dictadura Ortega Murillo justificó que durante las revueltas del 2018 ordenó a las fuerzas policiales estar en sus cuarteles en el contexto de la agitación social, lo que impidió acudir al llamado de protección de Riverside, algo a lo que el tribunal dio credibilidad.
«Hemos confirmado que, en consecuencia, las demandas fueron desestimadas y se condenó al demandante a pagar aproximadamente 8 millones de dólares en costas al Estado», reveló el reporte.
Hasta ahora el régimen de Daniel Ortega no ha emitido ninguna reacción sobre los resultados del juicio sobre Riverside.
