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A principios de este año, el Fondo Monetario Internacional declaró que “los niveles de deuda se han estabilizado y se proyecta que se mantendrán estables o disminuirán ligeramente” en los mercados emergentes y las economías en desarrollo. Sin embargo, esta evaluación optimista ciertamente no aplica a América Latina y el Caribe (ALC), donde la creciente carga de la deuda, la vulnerabilidad climática y el estancamiento del progreso hacia los objetivos de desarrollo están alimentando una crisis en toda regla. Tratar la deuda como “estable” mientras se ignoran los riesgos climáticos y las necesidades de desarrollo es peligrosamente miope.
En todo el continente, la deuda pública externa ha superado el billón de dólares, con una deuda bruta promedio cercana al 70 por ciento del PIB, y superior al 100 por ciento en varios pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) del Caribe. Los costos del servicio de la deuda se han disparado debido a que el aumento de las tasas de interés y la depreciación de las monedas han encarecido los reembolsos en moneda extranjera. Como resultado, las grandes cargas de la deuda están asfixiando fiscalmente a la región, con ocho países de ALC gastando más en el servicio de la deuda que en salud pública entre 2021 y 2023.
Peor aún, ALC es una de las regiones más vulnerables al clima del mundo. Huracanes, sequías e inundaciones ya han costado más de 110,000 millones de dólares desde el año 2000. En Dominica, el huracán María causó daños equivalentes al 226 por ciento del PIB en 2017, mientras que el huracán Iván le costó a Granada el 200 por ciento del PIB en 2004 . Según la OCDE, la crisis climática ha costado a los países caribeños un promedio del 2,13 por ciento del PIB anual entre 1980 y 2020. Cada desastre obliga a los gobiernos a endeudarse más para la reconstrucción, lo que agrava una deuda ya insostenible. El resultado es un círculo vicioso en el que los desastres aumentan la deuda, lo que limita la inversión en infraestructura más resiliente y magnifica el costo del siguiente desastre.
La urgencia de esta creciente crisis es especialmente evidente para muchos PEID. A pesar de contribuir con menos del 1 por ciento de las emisiones globales, se ven desproporcionadamente afectados por el cambio climático. Tienen bases económicas limitadas, una alta dependencia del turismo y la pesca, y reservas fiscales limitadas. El resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Financiación para el Desarrollo (FfD4) de este año reconoció estos desafíos al impulsar un Servicio de Apoyo a la Sostenibilidad de la Deuda para los PEID (una medida positiva promovida por la Alianza de los Pequeños Estados Insulares). Sin embargo, el DSSS sigue siendo poco más que una aspiración. Sin una rápida puesta en marcha y recursos significativos, no proporcionará el sustento que estos países necesitan.
La región ha sido pionera en sus propias respuestas innovadoras a esta crisis de deuda y cambio climático. Por ejemplo, el canje de deuda por naturaleza de «bonos azules» de Belice en 2021 redujo la deuda en un 12 por ciento del PIB y financió iniciativas de conservación marina a largo plazo, y Barbados, Ecuador y Bahamas han seguido su ejemplo con sus propios acuerdos de canje. Granada y Barbados también han emitido bonos con «cláusulas de desastre» que suspenden los reembolsos tras grandes crisis. Sin embargo, por muy prometedoras que sean estas innovaciones, no sustituyen una reforma sistémica. Los canjes siguen siendo complejos y costosos, con altos gastos administrativos y persistentes preocupaciones sobre la soberanía de los activos ambientales nacionales. Las cláusulas de desastre aún son poco frecuentes y relativamente poco probadas.
Lo que realmente necesitamos es un nuevo marco con dos componentes complementarios. Para las economías en dificultades, es esencial una reestructuración profunda e integral, así como la participación de todos los acreedores —bilaterales, multilaterales y privados— bajo un régimen de trato comparable y vinculante. El alivio de la deuda debe ir acompañado de financiación concesional para apoyar la infraestructura verde, la protección social y la adaptación al cambio climático. Los países beneficiarios, a su vez, deben comprometerse a una gestión transparente de la deuda y a la publicación de planes de inversión alineados con la resiliencia climática y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En el caso de los países solventes, pero con limitaciones de liquidez, la prioridad debería ser reducir los costos de endeudamiento y ampliar el margen fiscal. Esto requiere una mayor concesión de préstamos concesionales de los bancos multilaterales de desarrollo, reasignaciones selectivas de derechos especiales de giro (el activo de reserva del FMI) y una adopción más amplia de instrumentos sensibles al cambio climático, como los swaps, los bonos vinculados al clima y las cláusulas de desastre.
Pero se necesita liderazgo político para implementar estas soluciones técnicas. Para ello, las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial ofrecen la oportunidad de replantear la situación al reconocer que existe una crisis de deuda y que ignorarla solo agravará la inestabilidad. La cumbre de la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en noviembre brindará entonces una plataforma para compromisos concretos, ya que se centra en el cambio climático, la transición verde y las inversiones en ambas regiones.
En ese debate, Europa debe superar la complacencia que hemos visto en las instituciones de Bretton Woods y el G20. La financiación climática y las inversiones verdes tendrán poco éxito en las economías endeudadas a menos que dichas medidas se vinculen a una reforma sistémica. ALC no necesita compromisos incrementales; necesita el respaldo político y financiero de Europa para construir un marco de sostenibilidad de la deuda alineado con el clima, implementar el Servicio de Apoyo a la Sostenibilidad de la Deuda de los PEID e impulsar mejoras urgentes en el Marco Común del G20, incluyendo procesos más rápidos, la plena participación de los acreedores y la comparabilidad del trato aplicable.
Fortalecer el diálogo y fomentar la acción conjunta entre la UE y ALC en materia de deuda y financiación climática podría ser un paso importante hacia una gobernanza financiera global más eficaz. Sin una acción decisiva, muchos países de ALC se arriesgan a otra década perdida, marcada por crisis recurrentes, falta de margen fiscal y una mayor erosión de los avances en materia de desarrollo. A menos que los responsables políticos afronten esta realidad y actúen en consecuencia, la estabilidad seguirá siendo un espejismo, y los costos recaerán sobre los menos responsables de la crisis. Sin embargo, mediante cambios sistémicos, la región puede fortalecer su resiliencia, impulsar el crecimiento inclusivo y realinear la gestión de la deuda con los imperativos climáticos y de desarrollo.
Los autores, María Fernanda Espinosa es expresidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas y exministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, es directora ejecutiva de GWL Voices, una ONG dedicada a lograr un sistema multilateral con igualdad de género; Ulrich Volz es profesor de Economía y Director del Centro de Finanzas Sostenibles de la SOAS, Universidad de Londres; y Alex Dryden es doctorando en Economía en la SOAS.
Derechos de autor: Project Syndicate, 2025.
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