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Nicaragua se encuentra desde hace varios años en su nivel más bajo en los indicadores de la lucha contra la trata de personas, un flagelo que el régimen ha ignorado mientras concentra sus esfuerzos en el control político y la represión social, según analistas e informes reconocidos.
Esta semana, el Departamento de Estado de EE. UU. publicó su más reciente informe sobre la Trata de Personas (TIP Report), que clasifica a los países en “tiers” o niveles, de acuerdo con qué tanto cumplen los estándares mínimos para combatir este delito. Nicaragua volvió a aparecer en el nivel más bajo, el Tier 3.
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En los años 2012, 2013 y 2014, Nicaragua llegó a ocupar el nivel más alto, el Tier 1, cuando el país era reconocido por cumplir con los estándares mínimos en la prevención, persecución y protección de víctimas de trata.
En aquel entonces se destacaban condenas judiciales, cooperación regional y campañas de sensibilización. Pero a partir de 2015, el retroceso fue evidente. Primero cayó a Tier 2, luego a la lista de observación (Watch List) y en los últimos años terminó en Tier 3, junto a los países con peores prácticas en la materia.
Según el gobierno estadounidense, la Policía de Nicaragua investigó 29 posibles casos de trata en 2013, en comparación con 27 investigaciones de este tipo en 2012. En 2013, el gobierno nicaragüense procesó a 44 delincuentes acusados de tráfico en casos que involucraron a 52 víctimas. Cada enjuiciamiento completado en 2013 dio lugar a una condena; los jueces condenaron a 20 delincuentes de la trata y sentenciaron a 12 a 30 años de prisión.
Funcionarios llegaron a ser reconocidos
De hecho, Estados Unidos reconoció a varios funcionarios sandinistas por su aporte en la lucha contra la trata de personas, dos de ellos Javier Morazán, jefe de la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado y Juan Victoriano Ruiz cuando era jefe de la Unidad Anti-Tráfico de Personas de la Policía.
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En el Informe TIP de 2014, Nicaragua figuraba como país de nivel 1. En 2009, solo cinco años antes, habían sido incluidos en la Lista de Seguimiento de Nivel 2, y su mejora fue notable.
Corrupción fue clave
La socióloga nicaragüense María Teresa Blandón explicó a LA PRENSA que la trata de personas con fines de explotación laboral y sexual «es un problema viejo» que impera no solo en Nicaragua, sino en toda Centroamérica y en otros países muy pobres, «donde hay mucho desempleo».
«Las víctimas en general van a ser adolescentes, incluso niñas y niños, pero también mujeres jóvenes», afirmó.
Blandón señaló que «cuando menos control hay en las fronteras, o cuanto más corrupción hay, o cuanto más opacidad hay en la información pública, y cuanto más ausencia de políticas públicas para prevenir, pues más vulnerables son las niñas, los niños y los adolescentes».
Contrario a los años donde habían estadísticas claras sobre el castigo por trata, el informe más reciente del gobierno estadounidense señala que Nicaragua «no identificó a ninguna víctima de trata y tampoco informó si enjuició o condenó a ningún traficante».
«Los servicios de protección del Gobierno siguieron siendo inadecuados, y el Gobierno socavó la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para prestar servicios», agrega.
La socióloga nicaragüense indica que «en Nicaragua, a través de las redes sociales, permanentemente estamos viendo chavalas que han desaparecido».
«Muchas de estas chavalas son víctimas de estas redes. Aún y cuando los medios oficiales del régimen Ortega Murillo ya no lo publican, porque forma parte de su política, de su vieja política de opacidad. Así como hay opacidad en los femicidios, hay ocultamiento de información con las tasas de mortalidad materna, o con el comportamiento del VIH, o con el propio problema del abuso sexual contra menores, o incluso el mismo comportamiento de pandemias como el covid», lamentó.
