Han pasado dos años desde que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo confiscó la Universidad Centroamericana (UCA) en Managua. Para muchos estudiantes, el 16 de agosto de 2023 marcó el fin de un sueño, pero también el inicio de una travesía marcada por la incertidumbre, el desarraigo y la resistencia silenciosa. LA PRENSA conversó con dos jóvenes nicaragüenses que lograron continuar sus estudios en universidades jesuitas fuera del país.
«Yo ya estaba por salir de la carrera de Comunicación cuando fue confiscada. Sólo me faltaba un semestre y después la titulación», recuerda «Marcos», un joven de 24 años.
Hace dos años, alrededor de las 11:00 de la mañana, la UCA en Managua recibió por última vez a su comunidad académica. Ese día marcó el abrupto cierre de una de las instituciones de educación superior más prestigiosas del país, con más de seis décadas de historia al servicio de la formación humanista y crítica. El cierre se dio tras conocerse la apertura de una investigación en su contra, ordenada por el régimen Ortega Murillo.
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Dicha investigación, ampliamente cuestionada por organismos nacionales e internacionales, sirvió como pretexto para ejecutar la confiscación del campus universitario, el congelamiento de sus cuentas bancarias y la apropiación de todos sus bienes. Su cierre representó un golpe sin precedentes a la autonomía universitaria en Nicaragua.
«El día que congelaron las cuentas supe que algo iba a pasar. Y el 16 de agosto, cuando oficialmente acusaron a la UCA de terrorismo, sentí impotencia… y mucho coraje», contó el estudiante.
Estudiantes no querían título de la Casimiro Sotelo
Como él, miles de estudiantes quedaron en el limbo académico. Algunos se resistieron a aceptar un título de la nueva Universidad Nacional Casimiro Sotelo, creada y montada en las instalaciones de la UCA por el orteguismo tras la confiscación.
«Ninguno de nosotros quería, y hablo en general por todo mi grupo, prácticamente todo mi grupo de la carrera, mi generación, ninguno quería sacar el título de la Casimiro Sotelo porque la verdad es que es una estafa», dijo Marcos.
Agregó que «nosotros teníamos la idea desde ese momento que la poca validez del título universitario de la Casimiro a nivel internacional».
Mientras «Camilo», otro joven comunicador que también cursaba su último año en la UCA cuando fue cerrada, señaló que no quedarse en la Casimiro Sotelo «es una cuestión de dignidad, de repudio a la idea de estar ahí en un recinto robado a la UCA. No podía estudiar en un lugar que lleva ese nombre, que fue impuesto, y que ahora tiene un cafetín llamado Che Guevara. Eso da cólera, causa un repudio increíble», relató.
Tras la confiscación de la UCA, la dictadura anunció que las clases de II Semestre iniciarían el 28 de agosto del 2023, pero luego lo pospusieron para el 25 de septiembre. Sin embargo, a mediados de septiembre, el entonces designado rector Alejandro Genet Cruz declaró que no tenían fecha definida para el inicio de clases. Finalmente el campus fue abierto el 15 de enero de 2024.
Es importante mencionar que, a pesar que la dictadura Ortega Murillo ejecutó una de las peores embestidas contra la UCA en solo siete días, su ataque frontal data desde 2018.
«Más que orgullo, es una forma de no dejar que nos borren»
Muchos optaron por continuar sus estudios en universidades jesuitas de El Salvador o Guatemala. El proceso no fue fácil. La tramitación de documentos, la obtención de notas, su legalización en Cancillería y el tiempo limitado que daban las universidades receptoras fueron obstáculos duros de enfrentar en el intento.
«Fue complicado porque había mucha burocracia, que era entendible porque el contexto era entrar a una universidad en el exterior. Muchos de mis compañeros de clases vivían en el norte del país y tenían que pasar uno o dos días en Managua sólo para hacer un trámite porque el trámite en la Cancillería tardaba días», compartió Camilo.
Ambos entrevistados coinciden en que, aunque fue tedioso y prolongó su graduación por al menos un año, estudiar en otra universidad jesuita, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador, les devolvió algo de esperanza.
«Fue un alivio haber logrado entrar a estudiar a la UCA de El Salvador. Quiero que mi título diga UCA. Más que orgullo, es una forma de no dejar que nos borren», afirmó Camilo.
Sin embargo, el camino también ha estado lleno de frustraciones. Marcos viajó a El Salvador con la esperanza de recibir apoyo para instalarse en el país con el único objetivo de estudiar en la universidad. «Yo imagino que tuvo que ver con el hecho de que yo todavía estaba en la modalidad virtual, a pesar de estar en El Salvador, pero ninguna parte de los requisitos te exigía que tenías que estar en la modalidad presencial», apuntó.
Aun así, asegura que no se arrepiente. «Siento que continuar mis estudios en una universidad jesuita fue lo correcto. Mi título tiene más peso viniendo de una universidad jesuita que del régimen. Porque el régimen no tiene legitimidad, ni académica, ni política, ni ética, en ningún sentido», aseguró.
Ambos estudiantes esperan con ansías graduarse a mediados del próximo año, por lo que deberán viajar a El Salvador, comparten una convicción: «Resistir también es no dejar que nos borren, aunque eso implique más tiempo, más dinero y más esfuerzo», sostiene Marcos.
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Contraloría auditó a la UCA tras su confiscación y luego a la Casimiro
Después de la confiscación de la UCA en agosto 2023 y su transformación en la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro, la Contraloría General de la República (CGR) realizó una auditoría a los fondos públicos que el Estado le asignó entre 2018 y 2021.
El informe, aprobado el 20 de diciembre de 2023, supuestamente identificó fallas de control interno e incumplimientos legales en la ejecución del presupuesto recibido por la UCA, indica el informe al que tuvo acceso LA PRENSA. Entre los principales hallazgos se destaca la falta de informes financieros al no presentar los reportes trimestrales sobre ejecución física-financiera del presupuesto de los años 2018, 2019, 2020 y 2021.
La excusa principal que utiliza el régimen para cancelar universidades y organizaciones no gubernamentales es precisamente el incumplimiento en otorgar información, sin embargo, es el mismo régimen el que se niega a recibir la documentación para tener excusa para ilegalizar y confiscar a los organismos.
En septiembre y diciembre de 2024, la misma entidad realizó dos auditorías a la Universidad Casimiro Sotelo que revelaron que presentó fallas en la administración de recursos públicos. Las revisiones, que abarcan el segundo semestre de 2023 y todo el año en el caso del pago a personal, revelaron irregularidades como pagos sin respaldo completo, procesos de compras sin justificación técnica ni solicitud formal, y ausencia de normativa interna para contrataciones menores.
Aunque los hallazgos fueron reconocidos en los informes oficiales con números RIA-UAI-716-2025 y RIA-UAI-717-2025, la Contraloría no encontró méritos para establecer responsabilidades a ninguna de las autoridades universitarias. Entre los exonerados están el exrector Alejandro Enrique Genet Cruz, la vicerrectora Luz Marina Ortiz y otros funcionarios que ocupan cargos clave en áreas financieras y de adquisiciones.
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Las conclusiones de las auditorías apuntan que la nueva administración manejó cerca de 48 millones de córdobas en contrataciones de bienes, servicios y pago de nómina, pero sin cumplir completamente con los controles internos requeridos por la ley. Como medida correctiva, la Contraloría ordenó a la máxima autoridad del recinto implementar cambios en un plazo no mayor a 60 días calendario.
Sin embargo, advirtió que de encontrarse nuevos documentos fuera de los revisados, podrían establecerse responsabilidades administrativas en el futuro. Las resoluciones fueron aprobadas por unanimidad el 28 de mayo de 2025 por el Consejo Superior de la Contraloría General de la República.
