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Una nueva amenaza se cierne sobre las exportaciones nicaragüenses, ahora sobre la externalización de servicios a través de los call center. Este sector opera bajo el régimen de zona franca, genera unos 15,000 empleos, exportaciones anuales de alrededor de 250 millones de dólares y tiene inversiones por cerca de 100 millones de dólares, y se verá afectado si la iniciativa bipartidista Keep Call Centers in America Act of 2025, se convierte en ley y obliga a las empresas estadounidenses que reciben apoyo federal a repatriar los centros de llamadas a su país.
Esta nueva amenaza se suma a los aranceles generalizados que impuso la administración Trump a las exportaciones hacia Estados Unidos, que en el caso de Nicaragua serán del 18 por ciento.
El economista y exreo político desterrado, Juan Sebastián Chamorro, considera que aunque es una amenaza para el sector, es difícil determinar el daño que provocaría la aprobación de esta ley, ya que se desconoce cuántas de las empresas estadounidenses que ofrecen estos servicios desde Nicaragua reciben apoyo federal.
La iniciativa entró al Senado el 29 de julio y despertó las alarmas en muchos países de la región, donde los call center o centros de llamadas se han convertido en una opción de empleo con salarios atractivos, especialmente para jóvenes bilingües.
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Sanciones para los call center
Los senadores Rubén Gallego, demócrata de Arizona, y Jim Justice, republicano de Virginia Occidental, introdujeron en el Senado el pasado 29 de julio el proyecto de Ley para Mantener los Centros de Llamadas en América de 2025, que en inglés se denomina Keep Call Centers in America Act of 2025.
La iniciativa pretende proteger los empleos de los centros de llamadas en Estados Unidos, y lo haría a través de la aplicación de sanciones a las empresas que trasladen sus operaciones o subcontraten centros de llamadas en el extranjero. Las que lo hagan no podrán optar a subvenciones ni préstamos federales.
Si esta iniciativa se convierte en ley, obligará a las empresas a divulgar la ubicación física de sus agentes de servicio al cliente y a decir si usan inteligencia artificial en las comunicaciones. Además, los usuarios de estos servicios deberán tener la opción de elegir si quieren que las atienda una persona que esté en Estados Unidos y en el caso de las que usan inteligencia artificial, pedir que lo haga un humano.
También, sólo las empresas que tengan sus centros de llamada en territorio estadounidense podrán recibir contratos federales.
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Para proteger 150,000 empleos en EE.UU.
El documento menciona que según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS por sus siglas en inglés), los call center generan en Estados Unidos unos tres millones de empleos, pero los bajos costos de operación en el extranjero, estimulan a las empresas a trasladar o subcontratar estos servicios a terceros países, muchos de ellos como Nicaragua donde los salarios son muy bajos.
La BLS calcula que en los próximos años en Estados Unidos se podrían perder unos 150,000 empleos de este sector y la iniciativa evitaría que esto ocurra. «El objetivo principal de esta ley es precisamente trabajar para revertir esta proyección de pérdida de 150,000 empleos al limitar los beneficios federales a las empresas que trasladen operaciones de centros de llamadas al extranjero», dice parte de la iniciativa.
Para convertirse en ley, la Keep Call Centers in America Act of 2025 debe recorrer un largo camino. Una vez aceptada, el Senado la pasó a su Comité de Comercio, Ciencia y Transporte, donde después de discutirla tendrá que enfrentar el proceso de aprobación; si esto ocurre, debe pasar a la Cámara de Representantes donde también deben discutirla y aprobarla para que finalmente el presidente la ratifique para que entre en vigencia.
No hay plazos establecidos para que esto ocurra, sin embargo, el hecho de ser una iniciativa bipartidista, es decir que cuenta con el apoyo de los demócratas y republicanos, podría garantizar su aprobación e incluso acelerar el proceso.
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Los call center en Nicaragua
Según el más reciente informe divulgado en el sitio web de la Secretaría de Promoción de Inversiones y Exportaciones (Spiex), en Nicaragua 31 empresas trabajan en el sector de externalización de servicios, que genera actualmente 14,799 empleos. En 2024 el sector servicios exportó 224 millones de dólares y el principal destino de estas ventas fue Estados Unidos. Sus inversiones en el país rondan los 98 millones de dólares, el 80 por ciento de estos servicios se ofrecen en inglés y el restante 20 por ciento en español y portugués.
Además, la Spiex asegura que en los últimos tres años ofreció una lista de servicios, entre ellas atención al cliente por llamada y por chat, servicio de trastienda, diseño de página web, desarrollo de aplicaciones web, desarrollo de aplicaciones móviles, reclutamiento de personal, contabilidad, facturación médica, mercadeo digital, consultoría en Tecnología de la Información, cobranzas, desarrollo de software y soporte técnico, entre otras.
El salario básico en estas empresas se mantiene desde hace varios años en 550 dólares, por lo que es un mercado laboral atractivo, ya que dicho monto es más del doble del salario mínimo promedio del país.
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Los efectos de la ley
La iniciativa también generó alarma en Costa Rica donde sectores empresariales advirtieron que de convertirse en ley, atenta contra más de 100,000 empleos que genera el sector servicios que incluye los call center. Por su parte, la Cámara Americana de Comercio (AmCham) de El Salvador expresó que la propuesta de los senadores pondría en riesgo cerca de 50,000 empleos y las exportación de servicios que suma unos 500 millones de dólares anuales.
Chamorro considera que al eliminar subsidios y préstamos federales a las empresas que ofrezcan servicios con call center que operen fuera de Estados Unidos es más difícil proyectar el impacto que provocará esta iniciativa si se convierte en ley, ya que se desconoce cuántas de las 31 empresas que funciona en el país bajo esta modalidad reciben estos beneficios federales.
«Preocupa que se promueva una ley que, abiertamente amenace con quitar beneficios federales a call center que están en otros países. Eso tendrá impacto evidentemente en aquellos que tienen algún financiamiento. Pero también podría ser que quiten paulatinamente otros beneficios o que les aumenten los impuestos a los call center que ofrezcan servicios fuera de Estados Unidos», advierte Chamorro.
¿Otro anacronismo de Trump?
Por su parte un analista financiero que solicita no mencionar su nombre, coincide en que la afectación será sólo para las empresas que reciben beneficios federales, por tanto otras podrán seguir operando con normalidad y considera que esta ley es otro anacronismo de la administración Trump.
«Es un anacronismo más de una administración que por un lado dice que es pro liberación de regulaciones y hace todo lo contrario creando obstáculos a las empresas para hacer negocios», señala.
Además, considera que si la práctica de subcontratar servicios en el exterior está muy generalizada, es porque ha demostrado que es un buen negocio, no hay incentivo para modificar este modelo de trabajo y confía en que no provoque mayor impacto en un sector que emplea a muchos jóvenes que desde call center o desde sus casas hacen trabajo remoto para empresas estadounidenses.
