Ciertamente Nicaragua ya no atraviesa por el impacto de una catástrofe natural como el huracán Mitch que en octubre de 1998 provocó miles de muertos y grandes daños en la infraestructura vial del país, al igual que en la vecina Honduras.
Esto fue lo que dio origen al Estatus de Protección Temporal (TPS) que ahora finaliza por decisión del presidente Trump, luego de que por más de 25 años fuese prorrogado por diferentes administraciones norteamericanas, tanto demócratas como republicanas y sus beneficiarios han sido conminados a regresar a su país de origen en 60 días, a pesar de que ya han sentado raíces por un cuarto de siglo en los Estados Unidos, viendo crecer a sus hijos nacidos en esta gran nación que los acogió.
Ahora Nicaragua atraviesa una catástrofe política: la peor dictadura de toda su historia, una dinastía familiar represiva que pretende mantenerse en el poder eternamente, eliminando cualquier asomo de oposición o de la sociedad civil organizada.
El Estatus de Protección Temporal (TPS), de hecho, dejó de ser temporal gracias a las múltiples extensiones otorgadas legalmente a lo largo de 25 años por distintas administraciones, tanto republicanas, como demócratas y evolucionó en un estatus permanente. Lo que cabe en este caso particular es una amnistía a todos sus beneficiarios.
Nicaragua no es un país seguro para los turistas extranjeros y menos aún, para los nicaragüenses. Ya no digamos para los nicaragüenses que quieren ejercer su derecho a escoger libremente a sus gobernantes y se organizan en partidos políticos para tal fin. Lo que es peor, como ha quedado evidenciado recientemente, ni siquiera los nicaragüenses opositores fuera de su patria, en Costa Rica, están seguros.
Por otro lado, las estadísticas de entradas e ingresos por turismo en Nicaragua están distorsionadas por dos factores: el puente aéreo y terrestre de migrantes ilegales que cruzaron el país como “turistas” para viajar hacia el norte y por el tráfico comercial centroamericano que pasa por el país de sur a norte y de norte a sur.
Todos los camioneros que transitan por el país entran como turistas si están más de una noche en el país, o como visitantes si están menos de 24 horas.
Estos dos factores, el turismo masivo del puente aéreo, ahora agotado por las medidas adoptadas por los Estados Unidos y el turismo del tráfico comercial centroamericano, distorsionan las estadísticas de turismo en Nicaragua y el gasto promedio diario por persona se mantiene en un paupérrimo US$40.7 en el 2024 según las estadísticas oficiales del Intur. Esto no lo convierte en un “destino turístico mundial”.
Tiene razón el Departamento de Estado de los Estados Unidos al calificar a Nicaragua en el nivel 3 sobre advertencia de viaje a sus ciudadanos desde diciembre pasado, entre otras razones “por la aplicación arbitraria de las leyes, el riesgo de detención injusta y la limitada asistencia en los servicios de salud”.
En un mensaje difundido el 17 de junio en la red social X, el gobierno estadounidense a través del Departamento de Estado fue aún más enfático, al advertir a sus ciudadanos que reconsideren viajar a Nicaragua porque “ningunas vacaciones valen el precio de la libertad”.
La situación para los turistas que viajan a Nicaragua debe estar aún más precaria con el límite de 50 kilómetros por hora impuesto caprichosamente por Ortega para movilizarse de un destino a otro en las carreteras del país, que, para decir verdad, están en muy buen estado.
Los controles y las multas a los infractores están a la orden del día y los turistas extranjeros que no están acostumbrados ni a las velocidades de tortuga, ni a los estrictos controles eminentemente recaudatorios, pagan las consecuencias.
El autor es periodista, político y escritor nicaragüense, ex preso político desterrado y autor del libro testimonial “Destinos Heredados” y “Un cauce hacia la democracia” y fue ministro de Turismo.
