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El 7 de junio la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, anunció la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los nicaragüenses y hondureños protegidos por este programa desde 1999.
Cabe hacer un paréntesis para señalar que, desde su implementación cinco administraciones lo mantuvieron: tres demócratas y dos republicanas, la de George W. Bush y el primer mandato de Donald Trump, cuando inició la crisis sociopolítica que afecta a Nicaragua desde el 2018.
No fue sorpresa el fin de este programa porque desde la campaña electoral, Trump dejó claro que una de sus prioridades en materia de política exterior sería aumentar las deportaciones y reducir la migración.
De hecho, previo a esta decisión, se implementaron otras acciones para lograr estos objetivos, entre ellas suspender el programa de libertad condicional humanitaria, redadas y deportaciones masivas, imponer un impuesto a las remesas y reducir el ingreso de migrantes a través de la frontera. Sin embargo, lo que sorprende es la justificación del DHS para no renovar el TPS.
Como señala una nota de prensa emitida por la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN), Noem describe las condiciones de Nicaragua como “estables” y con un “buen nivel de vida” para justificar la cancelación del programa, ignorando o queriendo pasar por alto la creciente represión estatal y transnacional, la violación de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad, cometidos por la dictadura Ortega Murillo —una de las dos peores de la historia de Latinoamérica—, que han sido documentados por múltiples organismos internacionales y países, incluido Estados Unidos.
Dictadura enemiga de la humanidad
Ese país que según el DHS tiene un progreso significativo tras recuperarse del desastre provocado por los huracanes, y donde ahora crece el turismo, ecoturismo, la agricultura y es líder en energías renovables, es el mismo que Marco Rubio en su primer viaje como secretario de Estado describió como enemigo.
En declaraciones brindadas en San José, Costa Rica, Rubio dijo: “En mi opinión esos tres regímenes que existen en Nicaragua, Venezuela y Cuba son enemigos de la humanidad y han creado una crisis migratoria en el hemisferio. La han creado porque son países donde su sistema no funciona”.
Llama poderosamente la atención que en su justificación el DHS usa el reporte sobre el Clima de Inversión de 2024, elaborado por el departamento de Estado que en una parte señala que Nicaragua continúa mostrando fundamentos macroeconómicos estables, incluido un récord de 5 mil millones de dólares en reservas internacionales, una carga de deuda sostenible y un sector bancario bien capitalizado.
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Pero ignora la parte que advierte que “los inversionistas deben ser extremadamente cautelosos”, porque “Daniel Ortega y Rosario Murillo, continúan suspendiendo los derechos civiles garantizados por la Constitución, deteniendo a presos políticos, confiscando propiedades privadas y violando el Estado de derecho, lo que crea un clima de inversión impredecible, plagado de riesgos reputacionales y regulación arbitraria”.
Además, en abril, en el marco del séptimo aniversario del inicio de la crisis sociopolítica, el secretario Rubio a través de sus redes sociales expresó: “Como dije durante mi primera visita a nuestra región, el régimen nicaragüense es un enemigo de la humanidad. La administración Trump no tolerará amenazas a la seguridad estadounidense por parte de un régimen que instrumentaliza la inmigración y posiciona a Nicaragua como un centro para inmigrantes ilegales que intentan cruzar nuestra frontera”.
Fortalecieron alianzas
De hecho, ellos siguen utilizando la migración como arma política contra la seguridad de Estados Unidos. Mantienen su política de libre visado que implementaron desde 2022 para todos los países enemigos de Estados Unidos y siguen ampliando ese beneficio.
También fortalecieron una alianza estratégica con China y Rusia que incluye temas de seguridad para Estados Unidos en lo militar y tecnológico; y promueven en Centroamérica, una mayor presencia de ambas naciones en el campo político y económico.
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Asimismo, Nicaragua continúa compartiendo la posición en contra de Estados Unidos de las dictaduras enemigas de ese país, que incluye entre otras a China, Rusia, Corea del Norte, Irán, Bielorrusia, Venezuela y Cuba.
Finalmente, la dictadura nicaragüense sigue siendo actor relevante en el narcotráfico que tiene, igual que el tráfico de personas, un componente ideológico para debilitar a Estados Unidos agudizando las crisis existentes. La Nicaragua que el DHS describe como un destino turístico mundial, es el mismo país al que recientemente el Departamento de Estado les pidió a sus ciudadanos reconsiderar viajar.
Por todo esto, desde la CDN instamos al DHS y al Departamento de Estado a revisar la evaluación sobre Nicaragua y en la medida de lo posible, como lo solicitó el congresista Mario Díaz-Balart, a la Administración Trump a reconsiderar su decisión de poner fin al TPS para los nicaragüenses, ya que no existen condiciones seguras para que regresen a su país.
*Este artículo se publicó originalmente en: www.cdnicaraguense.org
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