Lista de reproducción
- No hay más artículos para escuchar
Tras una redada y desaparición forzada que tuvo lugar a mediados de mayo en Matagalpa, la dictadura bicéfala ha impuesto severas sentencias entre 20 y 50 años a dos exmilitares que han sido juzgados en juicios secretos y sumarios, supuestamente por opinar en grupos de WhatsApp contra el congelamiento del estamento militar.
Como se trata de adultos mayores como el general retirado Álvaro Baltodano, de 72 años, y el capitán Aníbal Rivas Reed, de 61 años, sus megacondenas equivalen a una condena de cadena perpetua por la edad que tienen; todo por comentar “chismes” en grupos de WhatsApp de exmilitares y excombatientes históricos.
La injusticia a que han sido sometidos no es sólo la brutal condena por expresar su derecho a la libre expresión, que ni siquiera fue en público, sino limitado a grupos de viejos amigos y excompañeros de armas, sino también por las condiciones de aislamiento solitario que han sido sometidos.
Según un informante exmilitar que reportó la cacería en LA PRENSA el lunes pasado y que logró escapar de la redada en Matagalpa, al general en retiro Álvaro Baltodano lo detuvieron a pesar de que no respondía o reaccionaba ante los mensajes que se compartían en el grupo, por considerar que era riesgoso en las circunstancias que vivía.
Fue castigado por no delatar a sus compañeros, es decir, por no reportarlos a la Dirección de Inteligencia del Ejército, devenida actualmente en una especie de Gestapo del cuerpo armado de la dictadura de Ortega y Murillo. Quizás por esa razón a Baltodano le dieron una sentencia de “apenas” 20 años y no de 50 como la que le acaban de dar a Rivas Reed, quien aparentemente sí opinaba activamente en el grupo de WhatsApp.
Más recientemente, la mañana del 19 de junio, fue asesinado en su casa en San José de Costa Rica, el mayor retirado del Ejército, Roberto Samcam, un asesinato que tiene todas las características de motivaciones políticas y que se convirtió en la sexta vez que un disidente nicaragüense en Costa Rica recibió disparos.
Es imposible no establecer que existe una relación o vínculo entre las redadas y condenas express a exmilitares de la “conspiración WhatsApp” en Nicaragua, con este vil asesinato de otro militar retirado que sí era un crítico abierto de la dictadura y de la forma que venía operando el Ejército de Nicaragua desde el 2018, como un ejército pretoriano.
Los casos de represión extraterritorial en Costa Rica tienen un patrón muy claro: se trata de excombatientes o exmilitares, la mayoría ligados al tranque de Carazo.
También las capturas y juicios sumarios y las megacondenas en Nicaragua tienen un patrón común: se trata de exmilitares desafectos al régimen, que aparentemente se comunicaban entre sí usando sus celulares en las redes sociales, pero de esto a incitar una insurrección armada o una revuelta militar, hay mucha distancia.
La condena es por la consabida “traición a la patria”, acusación que ha puesto “de moda” la dictadura para castigar severamente a sus adversarios políticos con prolongadas sentencias de cárcel, destierro, desnacionalización y confiscación de todos sus bienes.
Sencillamente se les está castigando brutalmente por lo que piensan, no por sus acciones. De nuevo, es un castigo a la libertad de expresión, la más elemental de todas las libertades del ser humano, aunque sea limitada a un pequeño grupo de WhatsApp.
El Ejército ha dejado de ser “de Nicaragua”, como su nombre lo indica y se ha convertido en un ejército al servicio de una dictadura familiar, que responde únicamente a sus intereses y no a los intereses nacionales, de la Patria.
Su profesionalismo ha caído en el basurero de la historia, a medida que la dictadura ha venido comprando su lealtad las veces que ha prorrogado la permanencia indefinida de su cúpula militar.
El autor es periodista, político y escritor nicaragüense, expreso político desterrado y autor del libro testimonial “Destinos Heredados” y “Un cauce hacia la democracia”
