Desde su retorno al poder en 2007, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha utilizado la violencia como mecanismo para acallar la disidencia. El caso de la familia Chavarría Morales —que será analizado en audiencia pública este viernes 27 de junio por la Corte Interamericana de Derechos Humanos— evidencia cómo, desde los primeros años del actual gobierno la represión se impuso como política del régimen.
El caso que tendrá la audiencia en la Corte IDH es el ataque contra la familia del entonces fiscal electoral Jaime Antonio Chavarría Morales, ocurrido el 27 de julio de 2008, durante el proceso de verificación ciudadana previo a las elecciones municipales, mismo en que se denunció el primer fraude electoral desde que retornó Ortega al poder.
«Hubo una colusión descarada del régimen: la Policía, el Ministerio Público y los jueces actuaron coordinadamente con los CPC. La violencia, la intimidación, las amenazas fueron utilizadas para someter a quienes sólo querían ejercer su derecho a cuestionar los actos de corrupción y las irregularidades en el proceso de verificación ciudadana de ese año», señaló el abogado Pablo Cuevas, quien aparece como perito en el caso.
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Desde agosto de 2021, el Estado de Nicaragua no participa en las sesiones de la Corte y en noviembre de 2022 esta instancia declaró al Estado en desacato permanente por no responder a las demandas de liberar a presos políticos.
Una agresión política en el marco del fraude electoral
Chavarría Morales, fiscal de verificación electoral por la Alianza PLC en el Distrito Cuatro de Managua, denunció que el centro de verificación cerró arbitrariamente, impidiendo que muchas personas pudieran registrarse. Cuando intentó presentar una impugnación, fue rechazado por los responsables del centro, todos identificados como operadores del Frente Sandinista.
Al salir del local, él, sus hijos y su yerno fueron interceptados por una turba de entre 40 y 50 personas armadas con machetes, tubos y cuchillos, identificados como miembros de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), afines al oficialismo. “Ordenaron que nos mataran”, señaló Chavarría. Él y varios de sus familiares resultaron gravemente heridos, incluyendo su hijo Jefferson, quien recibió un machetazo en la cabeza
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“La Policía estaba ahí y no hizo nada. A pesar de las denuncias ante las autoridades electorales y policiales, nunca hubo un pronunciamiento oficial ni una investigación seria. En 2016, el caso fue archivado sin notificación a las víctimas», dijo Cuevas.
Persecución sistemática
La familia Chavarría no sólo enfrentó la brutal agresión inicial, sino años de asedio, amenazas y desplazamiento forzoso. Algunos de sus miembros tuvieron que exiliarse.
“Han vivido prácticamente una muerte civil ordenada por la dictadura. Persistieron durante años sin apoyo económico ni institucional. Han sido un ejemplo de dignidad y perseverancia”, señaló Cuevas.
Caso escaló a la Corte IDH hasta 2023
Aunque los hechos ocurrieron en 2008, la denuncia ante el Sistema Interamericano se formalizó recién en noviembre de 2023. Esto, según los representantes, se debió a la falta de garantías judiciales en Nicaragua y al temor de nuevas represalias.
La Corte IDH analizará si el Estado de Nicaragua violó los derechos a la integridad personal, las garantías judiciales y la protección judicial, en relación con los derechos de la familia Chavarría Morales y sus descendientes. La audiencia del viernes 27 de junio representa una oportunidad histórica para que se reconozca la responsabilidad internacional del régimen de Ortega.
“Si ellos pudieron llevar su caso hasta aquí, cualquiera puede. Este juicio no es sólo por una familia, es un precedente para todos los que han sido víctimas del poder arbitrario en Nicaragua”, dijo Cuevas.
