Se conoció que la prestigiosa abogada española e internacional, Almudena Bernabeu, representará legalmente a la familia de Roberto Samcam, el mayor retirado del Ejército de Nicaragua y severo crítico de la dictadura sandinista que fue asesinado el jueves 19 de junio en Costa Rica.
La abogada Bernabeu es conocida como “azote de genocidas y dictadores”, y “pesadilla de torturadores y genocidas”, por el exitoso trabajo legal que ha realizado para llevar ante la justicia y lograr la condena de famosos exdictadores criminales genocidas, como el general chileno Augusto Pinochet y el general guatemalteco Efraín Ríos Montt.
Personas expertas opinan que su participación en el proceso por el asesinato de Samcam es una garantía de que será bien conducido y que –ojalá— pudiera culminar con la identificación personal y la condena judicial de los asesinos.
Bernabeu encuentra un ambiente favorable para su trabajo, porque el asesinato de Samcam ha conmocionado a la sociedad costarricense y sus fuerzas políticas democráticas presionan para que haya una investigación a fondo. Es que de comprobarse que este asesinato fue promovido por la dictadura de Nicaragua, sería una grave violación de la soberanía nacional de Costa Rica y su seguridad interior.
Por su parte, la oposición política nicaragüense —imposibilitada por ahora de realizar acciones tangibles y efectivas para impulsar el cambio democrático en Nicaragua—, cifra sus esperanzas en la justicia internacional para golpear a la dictadura y debilitarla.
Costa Rica es parte de la Corte Penal Internacional (CPI) y se le reconoce como “defensor activo de su labor y del sistema de justicia penal internacional en general”. Por su parte, Nicaragua no es miembro de la CPI, pero el Estado costarricense podría acusar a los dictadores nicaragüenses ante ella para que sean juzgados y, de ser posible, condenados por el asesinato de Roberto Samcam.
Costa Rica debería seguir el ejemplo de Argentina, en cuyo poder judicial se tramita un juicio contra la dictadura de Nicaragua por la acusación de cometer los crímenes contra la humanidad que han documentado los organismos internacionales de derechos humanos.
Siendo realistas, debemos decir que es poco probable que el Gobierno de Costa Rica acuse internacionalmente a los dictadores de Nicaragua, aun en el caso de que la justicia costarricense comprobara su involucramiento en el asesinato de Roberto Samcam. El actual presidente tico ha dado muestras de simpatizar con los regímenes autoritarios de la región y además no querría enfrentar las complicaciones que se derivarían de un conflicto con Nicaragua.
En realidad es muy difícil que la investigación y esclarecimiento del asesinato de Roberto Samcam fuese, como muchos quisieran, el inicio del camino a la justicia en este caso en particular y en general para todas las víctimas de la dictadura desde 2018.
Pero es necesario presionar, al menos para que como resultado el Gobierno de Costa Rica ejecute un plan de defensa frente a la intrusión delictiva de Nicaragua. Y para proteger a los exiliados nicaragüenses amenazados por la represión transnacional de la dictadura de Ortega y Murillo.
