El rompimiento del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) no impedirá que esta continúe brindando protección y asistencia a personas nicaragüenses que soliciten refugio o ya cuenten con ese estatus en otros países, como Costa Rica. Así lo consideraron especialistas en derechos humanos consultados por LA PRENSA, quienes calificaron la medida como “una rabieta política” de la dictadura.
El jueves 12 de junio, el régimen anunció el retiro «inmediato» de Nicaragua de Acnur, acusando a la agencia de realizar publicaciones “llenas de engaños y manipulaciones”.
“Acnur, como órgano subsidiario de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ha dejado de lado su naturaleza acordada por las naciones miembros, para convertirse en un instrumento de manipulación, de doble rasero y de injerencia en los asuntos internos de los Estados, al servicio de las potencias que aún no aceptan el derecho de los pueblos y naciones a su soberanía y autodeterminación”, indicó el régimen sandinista en una misiva dirigida a Filippo Grandi, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
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No afecta a refugiados nicaragüenses en el exterior
Aunque Acnur reportó oficialmente que el año pasado solo brindó cinco asistencias dentro de Nicaragua, la agencia ha apoyado a cerca de 395,823 personas refugiadas o solicitantes de asilo de origen nicaragüense en otros países.
“Esta decisión no impacta a quienes se encuentran fuera del territorio nacional, es decir, a personas refugiadas, solicitantes de asilo o desplazadas forzadamente en otros países. Cada acuerdo de cooperación de Acnur es independiente y se firma con cada Estado en el que opera. Por lo tanto, el rompimiento del acuerdo con Nicaragua tiene efectos únicamente dentro del país”, explicó Salvador Marenco, abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
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Según Marenco, esta ruptura no significa que Acnur deje de monitorear la situación de los refugiados nicaragüenses en el exterior.
“Tampoco implica que dejará de emitir datos o informes sobre la situación del exilio, porque el gobierno de Nicaragua no tiene potestad para ordenar a Acnur que deje de atender a la población exiliada. En todo caso, esta decisión parece más bien una reacción desesperada del régimen, una especie de rabieta para evitar que se le siga señalando por los crímenes que continúa cometiendo”, añadió.
Mensaje político
Yader Valdivia, también abogado del Colectivo Nicaragua Nunca Más, afirmó que esta decisión del régimen refuerza su actitud de desconocimiento hacia los organismos multilaterales del sistema de Naciones Unidas.
“Es importante que la comunidad internacional reaccione frente a esta actitud de desprecio por el multilateralismo. No se puede justificar la violación de derechos humanos en nombre de la soberanía nacional. Ese principio no puede estar por encima del respeto a los derechos fundamentales, aunque es el argumento que Ortega y Murillo han usado sistemáticamente para excusarse”, subrayó.
Valdivia recordó que, aunque el régimen no ha proporcionado datos completos en los últimos años, Acnur no solo protegía a personas que llegaban a Nicaragua con intención de quedarse —como ocurrió en ciertos momentos con ciudadanos venezolanos—, sino que también asistía a personas en tránsito y a desplazados forzosos dentro del país.
