Colombia es uno de los países con más violencia en el mundo. No está entre los 10 más inseguros del planeta, pero en América Latina ocupa el cuarto lugar en incidencia criminal, detrás de Haití, Ecuador y Venezuela que dominan los tres primeros lugares.
Colombia cayó en una espiral incesante de violencia criminal, política y común, desde “el bogotazo” de 1948. Así fue llamado un estallido de disturbios sangrientos ocurrido el 9 de abril de ese año en Bogotá, la capital de Colombia, que dejó un saldo de alrededor de 180 mil colombianos muertos. La terrible matanza siguió al asesinato del líder liberal democrático Jorge Eliécer Gaitán.
La violencia se sistematizó en Colombia en la década del 60 del siglo pasado, cuando los comunistas respaldados por Cuba comenzaron una tenaz guerra de guerrillas rurales y urbanas. Y a pesar de los acuerdos de paz que se han firmado, la violencia no cesa porque las guerrillas degeneraron en organizaciones narcocriminales que el Estado ha sido incapaz de liquidar.
En ese ambiente sociopolítico tan inestable ocurrió el pasado sábado 7 de junio el atentado contra la vida del senador y candidato presidencial de la derecha democrática colombiana, Miguel Uribe Turbay. Un adolescente de entre 14 y 15 años, al parecer sicario de las bandas criminales que utilizan a menores de edad para ejecutar sus fechorías, disparó una pistola contra el líder político acertándole dos balazos en la cabeza.
Miguel Uribe Turbay ya había sido golpeado personalmente por la violencia criminal imperante en Colombia, pues en 1991, cuando apenas tenía cinco años de edad, su madre, la periodista Diana Turbay fue secuestrada por las bandas criminales de Pablo Escobar y asesinada en un fallido intento de rescate.
Paradójicamente, a pesar de la persistente violencia en Colombia, hay una democracia que si bien no es de tan buena calidad como la de Uruguay o Chile, funciona en lo general, pues por lo menos hay libertad de prensa aunque bajo riesgo permanente.
Además allí se realizan regularmente elecciones básicamente libres que han permitido la alternabilidad en el poder. Inclusive, en la actualidad hay un gobierno de izquierda revolucionaria presidido por Gustavo Petro, quien perteneció al M-19 que era una de las dos grandes bandas de las guerrillas comunistas colombianas.
Realmente es extraña la convivencia en Colombia de la democracia con la violencia criminal política y común, pues por su propia naturaleza y fines el sistema democrático requiere la paz nacional para funcionar bien y dar todos sus frutos beneficiosos para la gente y la sociedad.
Lamentablemente la democracia no ha sido capaz de erradicar la violencia criminal, como lo demuestran los casos de México, Ecuador, Haití, El Salvador y Colombia. Lo cual es muy grave, porque la violencia criminal facilita las condiciones para el surgimiento de gobiernos autoritarios con amplio respaldo popular. Como el de Nayib Bukele, en El Salvador, que con su política de fuerza desmedida ha puesto fin a la violencia criminal, pero también ha socavado la democracia republicana.
Es bueno sacar lecciones de estas experiencias, aunque sean de otros países. Sobre todo, deben hacerlo los políticos que quieren sacar a la dictadura del poder y establecer la democracia en el país. Ellos deben saber que en las sociedades con mayores desigualdades económicas y sociales es más fácil que cunda la violencia criminal, pero más difícil que la gente acoja masivamente el ideal democrático.
Lo cual significa que se debe asumir como tarea permanente la educación política de las masas en la cultura de los valores democráticos. Así como también valorar debidamente a las organizaciones de la sociedad civil; apoyar su formación, fortalecimiento y participación, en vez de menospreciarla y denigrarlas como hacen algunos políticos que aseguran querer la democracia y luchar por ella.
Como muy bien dice el refrán: “Obras son amores y no buenas razones”. O sea que debe haber coherencia entre las palabras y las acciones, que no es válido decir una cosa, pero hacer la contraria.
