En su más reciente presentación pública, el pasado lunes 2 de junio, Daniel Ortega amenazó a los embajadores extranjeros acreditados en Nicaragua con expulsarlos del país en el caso de que critiquen a la dictadura.
“El embajador que quiera darnos lecciones aquí, ¡afuera! Que vayan a dar esas declaraciones afuera, pero aquí se respeta la bandera azul y blanco, y la bandeja roja y negra”, vociferó Ortega en esa ocasión.
La amenaza del codictador sorprendió a los observadores, porque ningún embajador extranjero en Nicaragua ha criticado a la dictadura en los últimos años. Los gobiernos democráticos que la repudian sólo se han manifestado en organismos internacionales, y de hecho únicamente en la OEA.
En realidad, Ortega profirió su amenaza contra los diplomáticos extranjeros al mencionar que el Gobierno de Cuba ha amonestado al encargado de Negocios de Estados Unidos (EE. UU.), Mike Hammer, porque desde que llegó a La Habana en noviembre de 2024 se ha reunido con reconocidos opositores, disidentes y familiares de presos políticos. Algo impensable en Nicaragua.
Hammer también ha recorrido las calles de distintas ciudades cubanas y hablado con muchas personas comunes y corrientes. Y ha publicado mensajes significativos en sus redes sociales: «Si me ven por la calle y quieren compartir sus ideas, espero que podamos conversar», dijo en uno de sus mensajes el representante diplomático de EE. UU. acreditado en La Habana.
Ahora bien, de acuerdo con el principio ético de la información hay que decir las cosas como son y la historia contarla como realmente fue, debemos señalar que la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas prohíbe a los embajadores y demás agentes diplomáticos involucrarse en los asuntos internos de los países donde están acreditados. El Artículo 41 de dicha Convención dice textualmente que: “1. Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor. También están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado”.
De manera que, si bien es cierto que las personas opositoras e inconformes con la dictadura se sienten bien si un embajador u otro diplomático y funcionario de organismo internacional le canta las verdades a la dictadura, y le pide respetar los derechos humanos y las libertades democráticas de los nacionales, la verdad es que eso lo tienen prohibido y si lo hacen pueden ser declarados non gratos y expulsados sin miramientos del país. Esas son las reglas porque así lo establece la precitada Convención de Viena.
Los representantes de los Estados y gobiernos pueden opinar sobre asuntos internos de otros países, pero en el interior de los foros internacionales en los que está permitido. Y en cualquier caso lo pueden hacer a riesgo de perjudicar sus relaciones diplomáticas con el país y el gobierno dictatorial criticado.
Por cierto, que la posibilidad de que las dictaduras sean repudiadas en los foros internacionales se hace menos probable a medida que la democracia se viene deteriorando internacionalmente.
Se conoce que la Organización de Estados Americanos (OEA) es el foro internacional en el que con más frecuencia se ha condenado a la dictadura de Nicaragua y se ha declarado la solidaridad con los nicaragüenses despojados de sus derechos y libertades. Y aunque el régimen de Ortega sacó a Nicaragua de la OEA, esta sigue teniendo derecho y competencia para exigirle cuentas, de acuerdo con la Carta Democrática Interamericana y la Convención Americana de Derechos Humanos, que son instrumentos de derecho internacional.
Pero la verdad es que la OEA solía hacer eso cuando su secretario general era Luis Almagro. Ahora, con el nuevo secretario, el atildado diplomático de Surinam, Albert Ramdin, será muy difícil que la OEA siga criticando a la dictadura y exigiéndole que permita el regreso del país a la democracia.
Ramdin ha dicho que no quiere meterse en esos “problemas”; y como ha escrito en LA PRENSA el exembajador de la dictadura sandinista en la OEA, pero ahora disidente y crítico severo de la misma, el periodista Arturo McFields, con Ramdin “la nueva directriz de la OEA tiene una línea clara: Manejar la OEA como un foro administrativo que evita temas incómodos”.
Eso no podrá impedir, por supuesto, que los gobiernos democráticos miembros de la OEA que quieran ayudar, aunque sólo sea moralmente al pueblo nicaragüense, sigan fustigando a la dictadura en el Consejo Permanente y la Asamblea General del Organismo Hemisférico. Pero si lo hacen es muy probable que no será con la misma contundencia de antes que llegara Ramdin.
