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El gobierno de Estados Unidos, al mando de Donald Trump, anunció este sábado que desplegará a unos dos mil agentes de la Guardia Nacional en Los Ángeles, California, donde se mantuvieron, por segundo día consecutivo, protestas a favor de los migrantes.
El anuncio, según recoge un reporte de The Guardian, lo hizo el jefe fronterizo Tom Homan. “Ya nos estamos movilizando. Vamos a traer a la Guardia Nacional esta noche y seguiremos haciendo nuestro trabajo. Se trata de hacer cumplir la ley”, dijo en declaraciones a Fox News.
Más tarde se pronunció el presidente Donald Trump quien dijo que intervendría en la situación. “Si el gobernador Gavin Newscum (apodo que usa el mandatario para referirse a Newsom), de California, y la alcaldesa Karen Bass, de Los Ángeles, no pueden hacer su trabajo, que todos saben que no pueden, entonces el Gobierno federal intervendrá y resolverá el problema”, señaló el mandatario en un mensaje de Truth Social.
Este sábado continuaron las redadas migratorias en lugares de trabajo en Los Ángeles. Residentes de la localidad se enfrentaron a las autoridades federales en rechazo a las detenciones y fueron repelidos con gases lacrimógenos.
«¡Fuera de Paramount! Los vemos como son. No son bienvenidos aquí», gritó una mujer en la localidad de Paramount. En tanto se leía un cartel de otro manifestante que decía: “Ningún ser humano es ilegal”.
Decisión «incendiaria»
El gobernador de California, Gavin Newsom, se pronunció sobre la decisión y dijo que «intencionadamente incendiaria». A través de su cuenta en X aseguró que esta medida intensificará las tensiones. «Esta es la misión equivocada y erosionará la confianza pública», agregó.
65 migrantes detenidos
Decenas de agentes con equipo táctico del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) allanaron la mañana de este sábado una empresa ubicada en la ciudad de Paramount, donde activistas reportan por lo menos el arresto de 65 trabajadores.
La respuesta de la comunidad fue inmediata, cientos de manifestantes se hicieron presentes para bloquear la salida de los vehículos federales. Por más de dos horas los agentes repelieron a los manifestantes con gases lacrimógenos.
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Las autoridades utilizaron tácticas militares para dispersar a los manifestantes para poder sacar a los detenidos en más de dos docenas de camionetas de CBP y sin distintivos federales.
Las consignas de “fuera ICE” se repitieron a lo largo de la jornada, que registró escenas más caóticas que este viernes, cuando se denunciaron más de siete redadas en lugares de trabajo, incluyendo una tienda donde venden donas.
Los reportes de la presencia de las autoridades migratorias en supermercados latinos y otros lugares de trabajo también ocuparon este sábado las redes sociales en donde se advertía “que la migra estaba a la caza”.
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Se reportaron las detenciones de varios manifestantes, al igual que ayer cuando el presidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios de California, David Huerta, resultó herido y detenido mientras documentaba una redada de control de inmigración en el centro de Los Ángeles.
Incomunicados
Mientras se desarrollaban las protestas en las calles angelinas este sábado, las autoridades federales negaron el ingreso de abogados y congresistas estadounidenses al centro de detención de ICE de Los Ángeles, que trataban de hablar con los inmigrantes.
“Nos han dicho que por motivos de seguridad no nos dejan entrar”, dijo a EFE el congresista Jimmy Gómez.
El representante a la Cámara por Los Ángeles dijo que ha recibido informes “muy inquietantes” sobre las condiciones que enfrentan los detenidos en su jurisdicción.
“Hay denuncias de hacinamiento, que los detenidos han estado sin comida, sin agua, encerrados en salas sin acomodación durante más de 12 a 24 horas, en muchos casos a oscuras. Queremos comprobar que está pasando”, insistió el legislador demócrata, que advirtió que los detenidos no son delincuentes, como los ha querido dibujar el Ejecutivo estadounidense.
Los activistas también han denunciado las tácticas del ICE de redadas realizadas fines de semana para desalentar la defensa de los inmigrantes, con lo que estarían allanado el camino para las deportaciones expeditas.
“En Los Ángeles defendemos a nuestra comunidad a la hora que sea”, dijo a EFE Ron Góchez, director de Unión del Barrio, un colectivo que se ha dedicado a alertar sobre los operativos de ICE.
Por su parte Jorge Mario Cabrera, vocero de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), cree que la Administración del presidente Donald Trump está usando estas redadas como “una cruel excusa” para bloquear la abogacía en contra de la propuesta de ley en el Senado estadounidenses que proveería miles de millones de dólares a las autoridades migratorias.
Gobierno Trump se defiende
Pero la Casa Blanca se ha defendido y ha tratado de contrarrestar la narrativa buscando responsabilizar a los líderes demócratas que rigen Los Ángeles y California.
En este sentido, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, acusó a los manifestantes de agredir a los agentes del ICE, pinchar neumáticos, y destruir propiedades federales con grafitis.
“La alcaldesa (Karen) Bass debe exigir el fin de esta violencia. La retórica violenta de los políticos ha ido demasiado lejos. Esta violencia contra el ICE debe cesar”, esgrimió la funcionaria que denunció que más de mil manifestantes rodearon el edificio federal la noche del viernes.
Pero la petición no convence a activistas como Pablo Alvarado, codirector de la Red Nacional de Jornaleros, que denunció que los agentes federales llevan máscaras, armas, equipo táctico y vehículos militares cuando realizan los operativos a los que calificó de “asaltos”.
“Ellos usan máscaras, no para protegerse, sino para ocultar su vergüenza. No se atreven a mostrar la cara porque saben que lo que hacen es fundamentalmente incorrecto. Están violando la decencia humana más básica”, ahondó el activista.
Alvarado defendió la respuesta de la comunidad de Los Ángeles sobre los operativos migratorios, en un condado donde hay cerca de un millón de personas sin estatus legal. “Están oprimiendo al pueblo, y el pueblo no lo permitirá”.
Con información de EFE
