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Hace algún tiempo, escuché las declaraciones de un exfuncionario del somocismo, que ahora vive en Miami, en las que decía que no le deseaba el exilio a nadie. Relataba las penurias que le tocó vivir y señalaba como el error de su vida haber aceptado pasivamente dejarse arrastrar al precipicio con la dictadura somocista.
Hoy, el exilio lo sufrimos miles de nicaragüenses, en su mayoría opositores que alzamos nuestras voces contra los abusos del orteguismo. Pero también hay varios exfuncionarios del Estado, incluyendo exmiembros de la Policía y del Ejército.
Frente a la crisis de la dictadura y el creciente descontento popular, que inexorablemente llevará al fin del régimen de Ortega y Murillo, es pertinente preguntarse qué futuro les espera a los hombres y mujeres que, por necesidad o por error, apoyan al régimen.
Las fuerzas democráticas hemos insistido en que el cambio en Nicaragua debe conllevar justicia. Justicia, no venganza. Justicia y una democracia inclusiva, porque sólo así será verdadera. Justicia para que los criminales y corruptos sean sometidos a los tribunales correspondientes.
Los responsables de los crímenes no son todos los trabajadores del Estado, ni todos los policías, oficiales o soldados del Ejército. La justicia pasa por individualizar las responsabilidades.
Ya el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU (GHREN), en su informe publicado el 3 de abril de 2025, identifica a 54 funcionarios responsables de crímenes y graves violaciones a los derechos humanos. En los tribunales argentinos, bajo el amparo de la jurisdicción universal, hay causas abiertas contra Ortega, Murillo y diez de sus cómplices por delitos similares.
Seguramente no están todos, y otros serán identificados tarde o temprano.
Los miles de trabajadores del Estado, los miembros de la Policía y del Ejército, también son víctimas del acoso, del chantaje y de las amenazas del orteguismo. Deben saber que también tienen un lugar en la Nicaragua democrática que construiremos al salir de la dictadura.
La dictadura se empeña en proyectar una imagen de fuerza y apoyo entre la población nicaragüense. Por eso amenaza, vigila y hasta encarcela a cualquier persona que, en la paranoia de los codictadores, ven como no confiable. Como se ha dicho varias veces: nadie está seguro en la Nicaragua bajo el orteguismo. Nadie.
Los trabajadores del Estado, los policías, los militares y sus familias no están condenados al despeñadero al que los quiere arrastrar el orteguismo. Tienen un lugar en la lucha por la democracia y, por supuesto, en la Nicaragua que construiremos, también con ellos, cuando los Ortega Murillo sean desalojados del poder.
El autor es miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional.
