Varios centenares de miles de personas nicaragüenses, venezolanas, cubanas y haitianas, que entraron legalmente a Estados Unidos (EE. UU.) autorizadas por el programa migratorio del parole humanitario establecido por la administración del expresidente Joe Biden, han quedado desamparadas al respaldar la Corte Suprema de Justicia la decisión del presidente Donald Trump de deportarlos sin consideraciones de ninguna clase, como si fuesen inmigrantes ilegales.
Diversas organizaciones sociales, religiosas y jurídicas de EE. UU. han apoyado, política, moral y legalmente a esa enorme cantidad de inmigrantes latinoamericanos, de los que unos noventa mil son nicaragüenses.
Incluso algunos legisladores de EE. UU. se han pronunciado en defensa de los inmigrantes paroleados, entre ellos la congresista cubano-americana María Elvira Salazar, quien es republicana igual que Trump y le ha hecho una propuesta razonable que podría ser viable para resolver al menos de manera transitoria este problema que en lo fundamental es político y humanitario.
El viernes 30 de mayo, la congresista Salazar expresó en un mensaje público que, aunque la resolución de la Corte Suprema “no fue la que muchos esperaban, una verdad sigue siendo innegable: Estos inmigrantes (los paroleados) ingresaron a Estados Unidos legalmente, confiando en las promesas hechas por la administración Biden”.
Reconoce la congresista estadounidense nacida en Miami, pero hija de inmigrantes cubanos, que “la Corte Suprema es sagrada y su orden debe respetarse, pero debemos considerar el costo humano. Estas personas huyen de regímenes brutales y condiciones que amenazan sus vidas”.
Con base en esa razón incuestionable, la congresista republicana ha pedido al presidente Trump que “ejerza su autoridad ejecutiva y otorgue la Salida Forzosa Diferida, para evitar que (los inmigrantes paroleados) sean devueltos a la violencia y la represión”.
La Salida Forzosa Diferida que propone María Elvira Salazar sería una orden ejecutiva del presidente Trump para aplazar la deportación de los paroleados y permitirles que permanezcan en EE. UU. hasta que las situaciones de sus países cambien o por lo menos mejoren.
La propuesta de la congresista podría ser una solución del problema protegiendo los derechos humanos de los inmigrantes, incluso las vidas de algunos o muchos de ellos. Pero es obvio que a Trump no le importan los derechos humanos ni la seguridad personal y familiar de toda esa gente.
El presidente Trump está convencido de que los inmigrantes ilegales son la mayor amenaza a la seguridad interna de EE. UU. y por eso su objetivo es sacarlos a todos del país, incluyendo a los paroleados, que para él también son ilegales porque no reconoce la autoridad que tenía el expresidente Biden.
De manera que es fácil suponer que con el respaldo que ha recibido del poder judicial, Trump está ahora más resuelto a sacar de EE. UU. a todos los inmigrantes que califica como ilegales, aunque estén allí legalmente como en el caso de los paroleados. Sin importarle que, como ha dicho María Elvira Salazar, en sus países de origen los esperan las terribles dictaduras de las que huyeron porque no respetan ni los más elementales derechos de las personas humanas.
