En su informe de abril pasado, el Mecanismo para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas dio a conocer el dato de que hasta esa fecha había 52 presos políticos en Nicaragua. Pero a mediados de mayo esa cantidad saltó a más de 70, por la redada de por lo menos veinte personas que hizo la fuerza policial de la dictadura en el norte del país. Entre los nuevos presos políticos hay antiguos alcaldes y concejales opositores, pero también militares sandinistas retirados, como el general Álvaro Baltodano quien fue un prominente operador de las dictaduras sandinistas, de los años 80 y de ahora.
De manera que en la actualidad hay más de setenta presos políticos, aunque sobre los motivos concretos de su encarcelamiento el régimen no dice nada; sólo los manda a apresar y los desaparece en cualquier cárcel sin dar cuenta ni siquiera a sus familiares más cercanos. O sea, que esos presos políticos son personas desaparecidas, y la desaparición forzada de personas es un grave delito condenado por el derecho internacional en la Convención para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
En Nicaragua, desde el año 2018 la desaparición forzada de personas ha sido frecuente y es una de las razones por las que los organismos internacionales de derechos humanos, en particular el GHREN de las Naciones Unidas, han indicado que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo debe ser acusado ante la justicia internacional por cometer crímenes contra la humanidad.
Además, con algunos presos políticos desaparecidos hay el agravante de que son personas de edad avanzada, que por su condición de valetudinarios aunque hubieran cometido delito, cosa que no han hecho, no deberían estar en prisión sino al menos con casa por cárcel.
Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, de los 52 presos políticos que había hasta el pasado mes de abril, 15 eran adultos mayores. Ahora son más, pues entre los encarcelados a mediados de mayo hay otros de esa condición, como el antes mencionado general sandinista retirado Álvaro Baltodano.
Se le llama valetudinaria a una persona que además de tener una edad avanzada sufre diversas enfermedades crónicas, algunas de las cuales requieren asistencia médica permanente. Por eso el moderno derecho penal, que por su naturaleza es humanitario, prescribe que a esas personas se les debe dar un tratamiento especial, como por ejemplo el de casa por cárcel.
En los años 90 del siglo pasado, durante el período de la democracia que comenzó con el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro y terminó con el de don Enrique Bolaños, el sistema nicaragüense de derecho penal y penitenciario fue reformado con criterio democrático y por lo tanto humanitario. En consecuencia, se estableció que el juez tenía la opción de dictar la medida de prisión domiciliaria para una persona valetudinaria, o sea “aquellas que tienen más de 70 años y sufren los efectos de la edad: enfermedades, estados de salud delicados y padecimientos crónicos”.
Cabe recordar que el expresidente Arnoldo Alemán, quien fue llevado a prisión por haber sido acusado de cometer delitos de corrupción durante su mandato presidencial, fue favorecido por una jueza que ordenó para él la prisión domiciliaria por considerarlo una persona valetudinaria.
Pero, repetimos, eso fue cuando había democracia en Nicaragua. Los dictadores, en cambio, carecen de humanismo y compasión a pesar de que dicen ser cristianos practicantes. Lo cual es falso y ni ellos mismos se lo creen, pues a las personas se les conoce por sus hechos y no por sus palabras, como dice Jesús en el evangelio de Mateo.
