En Nicaragua el poder judicial ha desaparecido, o dejado de existir como tal, al dejar de ser independiente y convertirse en un órgano operativo de la dictadura.
Según nos lo ha explicado un jurista nicaragüense versado en el tema, que además nos ha dado los insumos para el presente editorial, lo antes dicho se ha venido a confirmar con la aprobación de la Ley No. 1250, nueva Ley de Carrera Judicial, que deroga la anterior Ley 501 y entrega el control total del sistema judicial al poder ejecutivo.
Pero, ¿qué es la carrera judicial y por qué debería importarnos a los nicaragüenses en general?
La «carrera judicial» es el conjunto de reglas que definen quiénes pueden ser jueces o funcionarios judiciales, cómo se les selecciona, de qué manera ascienden y en qué condiciones pueden ser removidos. Es como el «sistema de recursos humanos» del poder judicial, que en los países democráticos es diseñado para garantizar que los jueces sean independientes, profesionales y estén protegidos de presiones políticas.
Pero con la nueva ley aprobada el pasado 13 mayo corriente, ajustada a la nueva Constitución totalitaria de la dictadura, ese sistema democrático ha sido reemplazado por un modelo vertical, turbio y controlado por los dictadores Ortega y Murillo.
Uno de los puntos más oscuros de dicha ley es que el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, que supuestamente debe tomar todas las decisiones importantes sobre jueces y funcionarios judiciales, es nombrado directamente por los jefes del poder ejecutivo. Con el agravante de que de 5 miembros de dicho Consejo, sólo dos de ellos deben ser abogados.
¿Qué significa eso en la práctica? Imaginemos que un juez tiene que decidir un caso y recibe una orden de los copresidentes del país. Con esta ley, ese juez sabe que su permanencia en el cargo, su ascenso o incluso su estabilidad laboral dependen de su obediencia a un órgano controlado por el mismo gobierno al que está juzgando. La independencia desaparece y el miedo entra en escena.
De esa manera en el sistema judicial ya no se elige al mejor, sino al más leal. Antes la ley obligaba a realizar concursos públicos para ocupar una plaza judicial. Se evaluaban méritos, estudios, experiencia y conocimientos jurídicos. Pero ahora, el ingreso a la carrera judicial queda en manos del Consejo subordinado a la pareja presidencial, que decide a quién nombrar sin necesidad de explicar por qué. No hay exámenes, no hay entrevistas abiertas, no hay transparencia.
Es un sistema que se basa en el clientelismo político, para decirlo de una manera amable. Los cargos se asignan como favores y no por capacidad. Es como si en vez de contratar al cirujano mejor capacitado para operar a una persona, el director del hospital escogiera a alguien sólo porque es su amigo.
Otro aspecto delicado que se determina en esta ley es el sistema de ascensos. Aunque menciona evaluaciones, estas serán hechas por el mismo Consejo controlado por el Ejecutivo. No hay un proceso claro, no se publican resultados, ni hay forma de apelar decisiones injustas. Los funcionarios saben que su carrera dependerá de mantenerse «bien vistos» por el poder político.
El mensaje es claro: si querés subir, no critiqués, no incomodés, no decidás nada en contra del Gobierno.
Pero, ¿el ciudadano común qué pierde con esto?
El problema consiste en que la justicia no es sólo para los políticos. Cada día muchas personas necesitan que un juez resuelva un divorcio, una herencia, un conflicto laboral o un problema de tierras. Cuando los jueces no son libres de decidir con independencia, los ciudadanos pierden la posibilidad de una justicia imparcial.
Un campesino enfrentado con un funcionario corrupto, una mujer reclamando pensión de alimentos o un empresario afectado por una medida ilegal del Estado, tienen que encontrarse frente a un juez que no tiene libertad para proteger sus derechos.
Conclusión, la nueva ley judicial es un golpe más a la democracia, si acaso quedara algo de ella. Con esta ley, el régimen ha dado otro paso hacia el control total de las instituciones. No le basta con controlar el órgano legislativo o los medios de información, también la justicia debe estar bajo su mando absolutista.
En teoría, el poder judicial debería ser un árbitro imparcial entre los ciudadanos y el poder político y administrativo. Pero la Ley 1250 confirma que ese árbitro no existe en Nicaragua, ha sido reemplazado por un jugador más del equipo de gobierno.
La democracia se basa en pesos y contrapesos. Cuando el poder se concentra sin límites, la justicia se vuelve obediente. Y cuando la justicia obedece al poder, el ciudadano queda indefenso, a merced de la tiranía.
