De todas las instituciones bajo el control de la dictadura de Daniel Ortega, la Policía es considerada la que tiene mayor discrecionalidad para actuar contra los opositores que aún quedan en el país.
Prueba de esto son las arbitrarias detenciones que no son reportadas oficialmente, mientras los familiares de las víctimas temen hacer denuncias por temor a las represalias. Todo esto invisibiliza estas detenciones, sobre todo cuando se trata de opositores locales.
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Aunque desde 2018 las detenciones de opositores han sido arbitrarias e ilegales, antes los presos políticos eran presentados ante los medios oficiales, lo que confirmaba dónde estaban y cómo iba a ser su proceso.
Máxima expresión el estado policial
Sin embargo, en los últimos años, los opositores que son detenidos quedan en una condición de desaparecidos. Hay muchos casos en los que no se vuelve a saber nada de ellos, como pasó con el diputado indígena Brooklyn Rivera Bryan o la periodista Fabiola Tercero, entre los casos más destacados.
«Esto ocurre porque el régimen Ortega-Murillo ha elevado a su máxima expresión el estado policial y militar en Nicaragua. Nunca antes como ahora se les ha otorgado a los órganos de seguridad, principalmente a la Policía Nacional y al Ejército de Nicaragua poderes y funciones que maximizan el accionar de estas dos instituciones. Por ejemplo, hoy la Policía tiene funciones jurisdiccionales en casos de expropiación, cuando esté de por medio delitos como estelionatos y otros», manifestó un experto en seguridad que habló con LA PRENSA bajo condición de anonimato.
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En el caso del Ejército, la fuente dijo que se les ha dado funciones para el control de internet y el espionaje de las comunicaciones digitales, mientras hay esfuerzos del régimen por adquirir tecnología china para tal fin.
«En conclusión, la Policía hoy no necesita una orden de captura para apresar a alguien, sólo basta con la orden de un jefe para hacerlo, porque se le ha otorgado autonomía funcional del poder judicial. Lo que hay en Nicaragua es un estado político-militar y policial, en el que los órganos de seguridad ejercen gran cuota de poder real», agregó la fuente.
Policía con más poder
Un analista político nicaragüense también aseguró que la dictadura orteguista le está dando más poder a la Policía y que un buen ejemplo de eso es la circular policial que orienta que los oficios judiciales sobre embargos, ocupación de bienes por deuda o desalojo, sólo podrán ser autorizados por el jefe de la Policía y consuegro del dictador Daniel Ortega, Francisco Díaz, y el comisionado general Victoriano Ruiz Urbina.
«Con la transformación del poder judicial en un órgano subordinado a la Presidencia, los Ortega-Murillo han colocado a la Policía por encima de las autoridades judiciales, especialmente la administración de justicia, y esta es una nueva modalidad de ejercer ese poder de forma discrecional», manifestó el analista político.
Buscan causar incertidumbre para el control social
El abogado en exilio, Yader Morazán, valoró que el accionar de la Policía orteguista «son técnicas para perpetuar la incertidumbre y el control social mediante el miedo generalizado».
«Todo es parte de un tratamiento procesal sistemático orientado a causar temor, miedo y zozobra a la población más allá de la víctima directa, ya que desde la detención amenazan a los familiares de tener consecuencias similares si llegan a preguntar a las delegaciones policiales, luego hasta los procesan en la clandestinidad. Para ello, han habilitado salas de videoconferencias en los centros penales, donde les realizan audiencias preliminares sin presencia de un abogado, ni noticias a sus familiares. Mientras tanto, el ahora sistema judicial oculta el expediente virtual y físico por un lado, y por otro rechazan los recursos de exhibición personal por detención ilegal», dijo Morazán.
Aunque ya pasaron más de siete años desde el estallido social de 2018 que generó la furia de la dictadura Ortega Murillo, las detenciones y amenazas a opositores y a todo el que exprese cualquier tipo de crítica o descontento, siguen vigentes hasta el día hoy en el país.
Particularmente este sábado 17 de mayo fueron detenidos más de 20 opositores, la mayoría miembros del cancelado partido Ciudadanos por la Libertad, entre ellos los exalcaldes de Santa María de Pantasma y San Sebastián de Yalí, ambos municipios de Jinotega, que son localidades históricamente conocidas por su antisandinismo.
Se desconoce el motivo de estas detenciones, porque además los exalcaldes Oscar Gadea y Noel Moreno mantenían un perfil bajo desde que fueron destituidos en 2022. El lunes se supo que estos ya habían sido liberados, pero fue imposible confirmarlo con sus familiares por el temor que tienen de hablar.
La presidenta en el exilio de Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, denunció que «esta nueva escalada represiva es una muestra de la situación de falta de libertades que viven los nicaragüenses».
