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Todos conocemos el costo material que representó para la deuda pública la primera piñata que se derivó de las confiscaciones arbitrarias e injustas en la década de los 80, fábricas, casas, fincas, haciendas, en fin, todo tipo de propiedades que pasaron unas a manos del Estado y otras, en el caso de las casas, a manos de particulares.
El costo de las confiscaciones lo tuvo que asumir el pueblo a través de los impuestos y préstamos que los tres gobiernos democráticos que se sucedieron después del triunfo de doña Violeta tuvieron que resarcir a sus legítimos dueños, en muchos casos ciudadanos naturalizados norteamericanos, que con el apoyo de esa potencia reclamaron sus propiedades bajo la amenaza de que si sus reclamos no prosperaban, se cortaría la indispensable ayuda y préstamos a Nicaragua en los organismos multilaterales.
Por ello, cada año las diferentes administraciones estadounidenses revisaban el avance del pago de las confiscaciones a sus ciudadanos mediante bonos del Estado y otorgaban un waiver o excepción de la aplicación de las leyes estadounidenses sobre el tema de las confiscaciones extraterritoriales a sus ciudadanos.
Este waiver se otorgaba sujeto a encontrar suficientes avances en este proceso tras un riguroso examen de las compensaciones otorgadas a los ciudadanos norteamericanos confiscados, pero las viviendas que ocupaban los ciudadanos sandinistas “piñateros” jamás fueron regresadas a sus legítimos dueños.
Las reformas constitucionales de los años 90 prohibieron terminantemente las confiscaciones, garantizando el derecho a la propiedad privada de todos los ciudadanos y se establecía que en caso de que un gobierno recayera de nuevo en la inconstitucional práctica de confiscar a sus adversarios, los responsables deberían responder con sus propios bienes para resarcir las propiedades confiscadas a contrapelo de este mandato constitucional.
No obstante, esta experiencia en el pasado borrascoso de Nicaragua había tenido precedentes en los conflictos políticos, la pareja dictatorial ha vuelto a repetir su error arremetiendo con una nueva ola de confiscaciones contra sus adversarios políticos que para justificar su proceder ha declarado al por mayor, “traidores a la patria”.
Han confiscado propiedades valiosas, empresas, viviendas privadas y hasta las pensiones de vejez del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), lo que marca un nuevo hito en las confiscaciones. También se han valido en esta nueva ola de confiscaciones de quitarle la personería jurídica a más de 4,000 ONG, muchas de ellas religiosas y con fines altruistas, para confiscar sus bienes.
A pesar de la amarga experiencia que dejaron las confiscaciones en el tejido social en Nicaragua, hay algunas semejanzas entre la Piñata # 1 y la Piñata # 2. De lo único que se han cuidado esta vez es de no ocupar para uso personal las propiedades confiscadas, sino que las han pintado con colores fucsia y “transformado” en clínicas, hoteles, hoteles escuela y centros de “educación”. En fin, se trata de darle un cariz de “beneficio social” tras ejecutar una inversión mínima del Estado en su “transformación”, para luego ser “inauguradas” con bombos y platillos.
En justicia y de acuerdo con la Constitución que estaba vigente cuando efectuaron esta segunda ola de confiscaciones, en un futuro cercano cuando Nicaragua vuelva a ser república, deberán de responder con sus bienes todos los responsables de haber perpetrado esta nueva piñata confiscatoria, aparte de regresarle a sus legítimos dueños las propiedades que ilegalmente han trasladado a nombre del Estado de Nicaragua.
En adición, el INSS deberá pagar, con intereses de mercado, todo el monto adeudado a quienes injustamente se nos ha privado de nuestra pensión de vejez por puro revanchismo político, un caso inédito en nuestra historia.
No debe ser el pueblo, a través de sus impuestos y el pago de la deuda pública, el que asuma nuevamente el costo de las confiscaciones. Y en caso de que sus legítimos dueños no tengan interés, o no dispongan de recursos para volverlas a ocupar, las podrán vender o subastar para resarcirse —aunque sea parcialmente— las pérdidas ocasionadas.
El autor es periodista, político y escritor nicaragüense, expreso político desterrado y autor del libro testimonial “Destinos Heredados” y “Un cauce hacia la democracia”.
