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El congresista republicano Mario Díaz-Balart ha intensificado sus esfuerzos en Washington para lograr una solución legal para miles de migrantes, entre ellos un número significativo de nicaragüenses, que se encuentran en Estados Unidos bajo una figura migratoria que no les garantiza estabilidad ni derechos plenos: el formulario I-220A.
Este formulario, utilizado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), permite que ciertos migrantes queden en libertad condicional mientras se tramita su caso migratorio, pero no otorga un estatus legal ni beneficios como un permiso de trabajo automático o camino hacia la residencia permanente.
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Tampoco protege de una posible deportación futura, lo que ha generado una creciente preocupación entre defensores de derechos humanos y comunidades migrantes.
Un limbo migratorio que afecta a miles
Desde el recrudecimiento de la represión en Nicaragua, especialmente tras las votaciones de 2021 consideradas fraudulentas por buena parte de la comunidad internacional, miles de nicaragüenses han huido del país, buscando asilo en EE.UU. Sin embargo, al llegar, muchos han sido liberados bajo esta figura administrativa, sin claridad sobre su futuro.
Díaz-Balart, de origen cubano y representante de Florida, ha sido una de las voces más firmes en el Congreso en defensa de los migrantes provenientes de regímenes autoritarios como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
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En declaraciones recientes para el medio Telemundo, calificó la situación como “una injusticia” y aseguró que está trabajando con el presidente Donald Trump para impulsar una vía de regularización.
“Muchos de estos migrantes escaparon de dictaduras. Es inaceptable que estén atrapados en un limbo legal mientras criminales entran libremente gracias a políticas migratorias irresponsables”, declaró el congresista.
Críticas a la administración Biden
Díaz-Balart también fue enfático en sus críticas a la gestión migratoria del presidente Joe Biden, acusando a su administración de permitir la entrada masiva e irregular de migrantes sin filtros adecuados y sin proveer soluciones para quienes llegaron de forma ordenada y tienen solicitudes de asilo legítimas.
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Grupos de derechos humanos han documentado un aumento en los cruces fronterizos desde 2021, mientras que también se ha incrementado la cantidad de personas liberadas bajo la figura del I-220A, especialmente en Texas, Arizona y Florida.
Apoyo y resistencia
La propuesta de Díaz-Balart ha comenzado a ganar apoyo entre otros legisladores republicanos y algunos demócratas moderados, especialmente en estados con grandes comunidades latinas. Sin embargo, enfrenta la resistencia de sectores más conservadores que se oponen a cualquier forma de alivio migratorio, así como de funcionarios de la administración actual que defienden su enfoque como más humano y estructurado que el de la era Trump.
Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han urgido al Congreso a establecer mecanismos legales que protejan a los migrantes con casos de persecución política comprobados.
Una esperanza en el horizonte
Para los nicaragüenses que huyen de un régimen que ha cerrado medios independientes, perseguido a opositores y anulado las libertades civiles, esta propuesta representa una luz al final del túnel.
El futuro de esta iniciativa legislativa aún es incierto, pero el respaldo de figuras influyentes y la atención mediática podrían ser claves en el destino de miles de migrantes atrapados entre la esperanza y la burocracia.
