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La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó este jueves al gobierno del presidente Donald Trump «facilitar» el regreso de un migrante salvadoreño expulsado por error en marzo y encarcelado en una prisión de El Salvador.
Kilmar Abrego García, casado con una estadounidense, fue arrestado el 12 de marzo por agentes migratorios y expulsado tres días después junto a más de 200 personas a El Salvador.
La administración Trump acusa a la mayoría de ellas de pertenecer a la pandilla venezolana Tren de Aragua, declarada organización «terrorista» por Washington. No aportó pruebas.
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El gobierno reconoció más tarde ante un tribunal que la expulsión del salvadoreño se debió a un «error administrativo».
Ábrego García vivió en Estados Unidos bajo un estatus legal protegido desde 2019, cuando un juez dictaminó que no debía ser deportado porque podría estar en peligro en El Salvador.
La administración afirma que no puede enmendar el error porque Ábrego García está detenido en El Salvador. Lo acusa de formar parte de la pandilla MS-13, también declarada «terrorista».
Una jueza federal, Paula Xinis, dictaminó que no vio pruebas de que sea un pandillero y pidió al gobierno que «facilite» su regreso antes de la medianoche del 7 de abril.
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El gobierno recurrió a la Corte Suprema, de mayoría conservadora, que suspendió la decisión el lunes hasta nuevo aviso y solicitó a los abogados de Abrego García que presentaran una respuesta por escrito.
«Esta decisión —y su exigencia de llevar a cabo apresuradamente negociaciones internacionales delicadas y asegurar el regreso de Ábrego García esta noche— no tiene precedentes y es indefendible», afirmó el gobierno de Trump en su apelación, acusando una vez más a los jueces de interferir en las prerrogativas del poder ejecutivo.
Por unanimidad, los nueve magistrados de la Corte Suprema aprobaron la decisión del tribunal inferior en la medida en que exige al poder ejecutivo «facilitar» el traslado «y garantizar que su situación se gestione como se habría hecho de no haber sido enviado indebidamente a El Salvador».
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La corte restablece por tanto la decisión de la jueza de primera instancia pero le pide que «la aclare con la debida consideración al poder ejecutivo».
«Por su parte, el gobierno debe estar dispuesto a compartir lo que pueda respecto de las acciones que ha emprendido y de cara a acciones futuras» para remediar esta situación, enfatiza la Corte Suprema.
