Luego de que la administración de Donald Trump notificó al Congreso de Estados Unidos la disolución definitiva de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a hacerse efectiva a más tardar el 1 de julio próximo, algunos congresistas enviaron una carta al secretario de Estado Marco Rubio en la que le solicitan se realicen «consultas significativas» sobre el asunto en el Congreso estadounidense.
En la misiva, los congresistas explican que el pasado 24 de marzo fue la primera vez que los comités a los que pertenecen conocieron que disolverían la USAID y que los documentos recibidos por parte del Departamento de Estado «carecen de detalles críticos», por lo que insisten en pedir que se realicen «consultas significativas con el Congreso» y en las cuales están planteando «una serie de preguntas» que la administración de Trump se ha negado a responder.
Algunos de los congresistas que firman la carta, entre senadores y representantes del Congreso, son los demócratas Brian Schatz, Lois Frankel, Mike Quigley, Richard J. Durbin, Grace Meng, Norman J. Torres, Jeanne Shaheen, entre otros, diez en total.
La misiva de los congresistas refiere que el lunes 24 de marzo de 2025 el personal del Comité de Asignaciones recibió un correo electrónico de Paul D. Guaglianone, funcionario superior de la Oficina de Asuntos Legislativos, conteniendo dos cartas dirigidas a los miembros del Congreso y varios archivos adjuntos.
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Cierre de USAID violenta leyes estadounidenses
«Las cartas transmiten información sobre la revisión de la asistencia exterior del Departamento de Estado y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y afirman que la información proporcionada es parte de `consultas en curso`. A pesar de la obligación legal de celebrar consultas con los Comités de Consignaciones, observamos que no se han celebrado consultas de ese tipo», se quejan los congresistas ante Marco Rubio.
Los congresistas aseguran que la decisión de cerrar la USAID, por parte de la administración de Trump, violenta «numerosas leyes y ha costado a los contribuyentes estadounidenses millones de dólares en honorarios legales, pagos de intereses y tarifas de terminación».
Además, la medida de Trump ha puesto al descubierto en las últimas semanas «el impacto objetivamente negativo de estas acciones en los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos, la credibilidad de Estados Unidos, los trabajadores estadounidenses y las empresas estadounidenses».
Hace falta información de parte de Trump
Las cartas enviadas al Congreso transmiten las cifras totales de retención y terminación de indemnizaciones por asistencia extranjera, una lista de los programas retenidos y terminados, y estadísticas sobre los pagos de las indemnizaciones.
También señalan que miles de empleados de USAID se encuentran actualmente en licencia administrativa y el 34 por ciento de todos los empleados serán despedidos a través de una primera ronda de destituciones en los próximos meses.
Sin embargo, advierten los congresistas, las cartas no contienen información sobre los criterios utilizados para tomar la decisión de cerrar la USAID; cómo fue el proceso de toma de decisiones; la relación con los resultados deseados de las políticas; los impactos anticipados en los beneficiarios, los socios estadounidenses y los trabajadores y empresas estadounidenses; la relacioón entre las decisiones de personal y las decisiones programáticas; o si los fondos de los programas terminados se gastarán legalmente, o cómo lo harán.
Los congresistas insisten en que continuarán buscando respuestas a las preguntas que la administración Trump no ha querido responder sobre el cierre de la USAID, así como distintas preocupaciones que existen al respecto.
La carta enviada a Rubio culmina con la petición de los congresistas de que Rubio «testifique ante el Congreso en una audiencia pública».
