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La demanda interpuesta en un tribunal federal de Boston por un grupo de migrantes beneficiarios del parole humanitario contra la decisión de Donald Trump de revocar el estatus legal de más de 531,000 migrantes de Nicaragua, Cuba, Haití y Venezuela —medida ya oficializada y publicada en el Registro Federal— sigue avanzando. La jueza federal, tras escuchar los argumentos, programó una nueva audiencia para el próximo 7 de abril.
La programación de la audiencia representa una esperanza de que la jueza dicte una suspensión de la fecha del fin del parole, ya sea indefinidamente o temporal o considere el bloqueo temporal. De hecho, los abogados que representan a los migrantes en la demanda esperan con optimismo la posibilidad de que la jueza federal Indira Talwani emita una «orden de protección temporal antes de la próxima audiencia».
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Esther Sung, directora legal del Centro de Acción de Justicia —una de las organizaciones que introdujo la demanda— reveló, según reportes de medios internacionales, que «la jueza conversó con ambas partes y no indicó cómo piensa fallar, pero sí pareció preocupada por algunos argumentos del Gobierno, en particular sobre cómo trataba a las personas que ingresaron legalmente a través del CHNV y otros programas de libertad condicional. Reconoció la posibilidad de otorgar un alivio temporal».
¿Qué se puede esperar?
En la demanda Svitlana Doe v. Noem —apellido de la secretaria de Seguridad Nacional— figuran ocho migrantes provenientes de Afganistán, Ucrania y Nicaragua, quienes junto con la organización Haitian Bridge Alliance encabezan la acción legal contra la cancelación de tres programas claves: Unidos por Ucrania, el parole humanitario y la Operación Allies Welcome. La demanda fue presentada el pasado 28 de febrero. Los demandantes están representados por Justice Action Center y Human Rights First.
También forman parte de la demanda tres ciudadanos estadounidenses que actuaron como patrocinadores de migrantes de Nicaragua, Cuba y Venezuela, argumentando que la cancelación de los programas afecta gravemente a comunidades enteras en Estados Unidos.
Harold Rocha, abogado y académico de Derecho Internacional y presidente del Nicaraguan American Legal Defense and Education Fund (Naldef), recalcó que en la demanda Svitlana Doe v. Noem interpuesta en Boston, Massachusetts, los afectados «cuestionan la cancelación del parole antes de su vencimiento y la política de no admitir a trámite ningún proceso de cambio de estatus para quienes llegaron a EE. UU. con parole».
Por lo anterior, Rocha indicó que «hay garantías constitucionales que se estarían violentando» y agregó que de hecho, «varios fiscales generales estatales solicitaron participar como amicus curiae, amigos del tribunal, apoyando a los demandantes desde las políticas públicas».
Sobre la audiencia del próximo 7 de abril, el experto aseguró que «se espera que para entonces, si no antes, emita una resolución sobre el recurso de urgencia presentado por los demandantes, en el que solicitan la suspensión del decreto publicado hoy, mientras el caso se dirime judicialmente. Eso podría resultar en una orden que aplace la fecha de cancelación ya sea por tiempo limitado o indefinido».
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Rocha no dudó en apuntar que el caso de la demanda sin lugar a dudas «representa un rayo de esperanza» para los nicaragüenses que llegaron con parole y no han solicitado otro estatus migratorio.
Los 30 días para abandonar el país
Este martes 25 de marzo el DHS publicó en el Registro Federal el aviso de la Terminación de los procesos de parole para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos y estableció como fecha límite el 24 de abril para que los migrantes que tienen parole y no cambiaron su estatus abandonen EE. UU.
«El período de libertad condicional temporal de los extranjeros que se encuentren en Estados Unidos bajo estos programas, y cuyo permiso no haya vencido antes del 24 de abril de 2025, finalizará en esa fecha, a menos que el secretario determine lo contrario», indica el aviso.
Sobre esto, Rocha aseveró que «el plazo de 30 días es bastante corto y en las actuales circunstancias es sumamente difícil concertar citas para obtener asistencia jurídica calificada. Y en procesos migratorios no hay derecho constitucional a abogados de oficio, toda asistencia y representación corre por cuenta del interesado».
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Con la fecha final del parole se termina la validez de permisos de trabajo. Del más de medio millón de migrantes que fueron beneficiados con el parole, 96,270 fueron nicaragüenses, según las cifras oficiales.
Una parte ya cumplió los dos años de estadía, pero a otra gran parte aún le queda tiempo para finalizar el tiempo permitido. La situación de los nicaragüenses se vuelve más incierta, debido a que se han conocido casos de personas que se fueron con parole y a quienes la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo les impidió entrar a Nicaragua.
Los casos de los nicas en la demanda
En la demanda se especifican los casos de las personas beneficiarias que han resultado afectadas. Las identidades de las personas demandantes permanecen protegidas por el apellido Doe, que se usa en Estados Unidos para proteger sus nombres reales.
«Los demandantes Alejandro, Armando, Ana y Carlos huyeron de Nicaragua tras la tortura de un miembro de su familia a manos del Estado y la posterior persecución política», señala la demanda.
En el caso de los nicaragüenses, describe, que Alejandro Doe es ciudadano de Nicaragua que actualmente vive en Gainesville, Georgia. Él huyó de Nicaragua tras el secuestro y tortura de su padre por parte del Estado nicaragüense. Ingresó a EE. UU. en julio de 2024, después de que un primo, ciudadano estadounidense, lo patrocinara.
«Alejandro tiene una solicitud de asilo pendiente, que ha estado paralizada indefinidamente debido a la pausa de la administración Trump en el procesamiento de las solicitudes de beneficios migratorios para los ciudadanos CHNV en libertad condicional», indica la demanda.
En el caso de Armando está casado con Ana y actualmente vive en Gainesville, Georgia. Armando huyó de Nicaragua debido a la creciente represión política y el peligro derivado de la desaparición del padre de su esposa por parte del gobierno de Daniel Ortega y por su labor en una empresa de medios digitales dedicada a democratizar la información y documentar los abusos del Gobierno.
Armando ingresó a los Estados Unidos en febrero de 2024 y fue patrocinado por el primo de su esposa, ciudadano estadounidense quien reside en el estado de Washington. Al igual que Alejandro, esta pareja tiene la solicitud de asilo, mismo caso enfrenta Carlos. Estos cuatro nicaragüenses son familiares.
Sobre Carlos, la demanda destaca que él huyó por amenazas de muerte en su contra y la de su familia. Ingresó a EE. UU. en mayo de 2023.
