A fines de la semana pasada se conoció que el Parlamento Centroamericano (Parlacen) otorgó un premio a la “procuradora de los derechos humanos” de la dictadura de Nicaragua. El reconocimiento es por la supuesta gestión de esa funcionaria en defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses.
Es una ofensa para todos los nicaragüenses que han sido y son víctimas de los atropellos del régimen orteguista, por cuanto la labor de la funcionaria premiada por el Parlacen es encubrir y justificar las brutales y masivas violaciones a los derechos humanos que se cometen en Nicaragua.
Por supuesto que tal decisión del Parlacen fue recibida con indignación y rechazo por los verdaderos defensores de los derechos humanos y los activistas de los movimientos políticos y sociales democráticos de los nicaragüenses en el exilio.
Pero la verdad es que no se podía esperar otra cosa de los diputados del Parlacen. Ellos no representan realmente a los pueblos de Centroamérica sino a sus gobernantes, que no son precisamente ejemplo de democracia y respeto a los derechos humanos.
(Entre paréntesis es justo y necesario reconocer que el Estado de Costa Rica no pertenece a esa entidad política parasitaria y corrupta de Centroamérica).
La desvergüenza de los diputados del Parlacen es mayor, si se considera que esta es la primera vez y la primera persona a la que otorgan tal premio. Pero sobre todo porque le pusieron el nombre del santo salvadoreño y centroamericano monseñor Oscar Arnulfo Romero, el arzobispo de San Salvador que fue asesinado en marzo de 1980 por denunciar las atroces violaciones a los derechos humanos en su país, cometidas en particular por la dictadura de extrema derecha, pero también por las guerrillas comunistas que luchaban con ferocidad y apoyo extranjero para tomar el poder.
En los considerandos de la resolución creadora del premio en cuestión, aprobada en septiembre de 2024, los diputados del Parlacen falazmente dicen reconocer que en los países de Centroamérica “existen valientes mujeres, hombres y organizaciones dedicadas por completo a la lucha y defensa de los derechos humanos y sus conciudadanos”. Y señalan “que es deber del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) reconocer y honrar a aquellos individuos cuya labor y sacrificio han contribuido de manera significativa a la promoción y protección de los derechos humanos en la región”.
Son unos descarados y además sacrílegos. Los defensores de los derechos humanos y la gente democrática de Nicaragua y de toda Centroamérica que profesan la religión cristiana y pertenecen a la Iglesia católica, deberían orar en desagravio de la memoria de monseñor Oscar Arnulfo Romero, el santo de los derechos humanos de El Salvador y todos los demás países centroamericanos.
