Casi siete años después del inicio de la crisis de derechos humanos que enfrenta Nicaragua, la dictadura Ortega Murillo continúa perfeccionando los mecanismos de represión y consolidando su poder totalitario. Con el propósito de subyugar a la ciudadanía para ejercer su poder y pleno dominio, puso a todas las instituciones al servicio del control de la sociedad y consolidó una maquinaria unificada de represión.
El modelo represivo pasó del estado policial al de terror y los mecanismos de coacción, manipulación, intimidación, vigilancia, discriminación, regulación, propaganda, manejo económico e imposición de la ideología oficial, convierten a cada ciudadano en su propio policía, paralizado por el temor, incluso de pensar y a la espera de que, en cualquier momento, con causa o sin ella, le afecten su vida y subsistencia.
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La actualización del informe que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), presentó a finales de febrero en el marco del 58 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, identifica cuatro fases de represión.
La primera caracterizada por la violencia con que neutralizaron las protestas y la cantidad de muertos, heridos y encarcelados que provocó; la segunda más selectiva, enfocada en detener y enjuiciar arbitrariamente a opositores que podían entorpecer la tercera reelección de Ortega; paralelamente siguió cerrando los espacios de participación, la libertad de expresión y empujando a miles al exilio.
En la tercera, acabaron con cualquier vestigio de oposición, la escalada represiva contra la Iglesia católica incluyó la detención y destierro de líderes religiosos, incluidos tres obispos y la represión alcanzó incluso a antiguos colaboradores. Además, con el cierre de miles de Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) y partidos políticos, anularon los espacios de participación.
La meta es eliminar toda crítica
El GHREN considera que ahora, en la cuarta fase el objetivo es eliminar toda crítica y consolidar el control absoluto de los Ortega Murillo sobre las entidades del Estado y la población.
El perfeccionamiento de los mecanismos de represión incluye la expulsión y prohibición de ingreso a cientos de nicaragüenses, a los que privan arbitrariamente de su nacionalidad. Además, aceleraron la confiscación de bienes a organizaciones y personas víctimas de la represión, someten a las empresas al terrorismo fiscal y niegan derechos, servicios públicos y beneficios sociales a los opositores.
La represión sistemática consolidó el poder absoluto sobre la población mediante una represión generalizada y una extensa red que incluye vigilancia, hostigamiento, detenciones arbitrarias, juicios injustos y desapariciones forzadas.
En este esquema participan el partido FSLN y la totalidad del aparato estatal y está normado por una Constitución totalitaria que entró en vigencia recientemente. Ella socava la protección de los derechos fundamentales y concede poderes ilimitados y absolutos a los Ortega Murillo, ahora bajo la figura de copresidentes.
Con su nueva Constitución los Ortega Murillo consolidaron su poder dinástico, anularon la separación de los poderes Legislativo, Electoral y Judicial y con ello, suprimieron los contrapesos característicos de las democracias. Eliminaron la prohibición constitucional de censurar a los medios de comunicación; y al supeditar la libertad de expresión a la seguridad, paz y bienestar, cerraron toda posibilidad de debatir y divulgar información veraz.
Ortega y Murillo son el núcleo de la represión
Los Ortega Murillo constituyen el núcleo de la estructura represiva y sus colaboradores desempeñan roles vitales en la transmisión de instrucciones y cadena de mando de los distintos niveles de su inmenso aparato represor.
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El Ministerio del Interior y sus distintas dependencias, así como la Policía y el Ejército, realizan una labor fundamental en las violaciones de los derechos humanos y siempre están prestos a actuar cuando la subyugación por el terror no es suficiente para garantizar el control social.
Esto ocurre mientras la comunidad internacional sigue sin acoger las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos que, ante la gravedad de los abusos, sugieren activar los mecanismos de justicia internacional, para que Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus cómplices, paguen por los delitos que cometen y cesen las permanentes violaciones a los derechos humanos, que ofenden a toda la humanidad.
Ante el incremento de los mecanismos represivos de la dictadura Ortega Murillo, la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN), se suma al llamado del GHREN que pide a los países dejar de ser testigos y pasar a una acción global urgente, poniendo en práctica las recomendaciones que ellos, el Parlamento Europeo y otros organismos internacionales hacen para frenar estos abusos, pero también para hacer que los responsables sean juzgados en tribunales internacionales.
*Este artículo se publicó originalmente en: www.cdnicaraguense.com
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