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A pesar de los esfuerzos de la dictadura Ortega Murillo por utilizar los espacios internacionales para vender una historia ajena a lo que ocurre y buscar que, en los espacios donde no puede manipular la verdad, la atención hacia Nicaragua se reduzca a la mínima expresión, la comunidad internacional continúa mostrando la realidad que se vive desde 2018.
El pasado 13 de febrero el Parlamento Europeo (PE) aprobó una resolución que condena la represión de los Ortega Murillo, contra defensores de derechos humanos, opositores políticos y comunidades religiosas.
La semana pasada el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), en el marco del 58 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, presentó la actualización de su informe sobre Nicaragua.
Tanto la resolución del PE como el informe del GHREN comparten como denominador común que, desde 2018 la situación de Nicaragua se ha agravado de manera progresiva y sistematizada, la lista de violaciones sigue creciendo y el Estado de Nicaragua, para mantener el control absoluto, funciona como una máquina represiva contra la población.
No es casualidad que durante la presentación del informe del GHREN, entre los pocos países que defendieron a los Ortega Murillo, estuvieron las dictaduras más reconocidas del mundo, Corea del Norte, Irán, China, Rusia, Cuba, Venezuela y Bielorrusia.
Llaman a no ser indiferentes
La no injerencia fue el escudo esgrimido por ellas para defender las violaciones cometidas por su par de Nicaragua y las que cometen todos ellos. Sin embargo, se toparon con el principio de la no indiferencia asumido por la gran mayoría de países que defienden la democracia y condenaron los abusos de los Ortega Murillo.
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Ese llamado a no ser indiferentes y sobre todo a actuar es el que caracteriza las recomendaciones del GHREN y del PE, que incluso comparten la mayoría de sugerencias. También, ambos hacen un llamado vehemente a la comunidad internacional y sobre todo a los países que abanderan la democracia y el Estado de derecho. Les piden dejar de ser testigos de esta crisis y actuar, tomando medidas concretas para detener los abusos y garantizar que los autores rindan cuenta por sus crímenes. Además, el GHREN está convencido de que “cuanto más se demore la comunidad internacional en actuar con firmeza, mayor será la carga”.
El GHREN pide que un país o un grupo de países lleven a los Ortega Murillo ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en virtud de la Convención sobre la Apatridia; y el PE aconseja denunciarlos ante la Corte Penal Internacional (CPI) por los crímenes de lesa humanidad que cometen.
En el caso de la CIJ, Nicaragua es uno de los países que más ha recurrido a ella. Entonces, el desdén que muestran sobre los mecanismos internacionales de derechos humanos se pondría a prueba si denuncian a los Ortega Murillo en un tribunal que tanto han utilizado.
Otra recomendación compartida es que, para contrarrestar la represión estatal nicaragüense, refuercen el apoyo a la sociedad civil, medios de comunicación independientes y defensores de derechos humanos. Incluso, el GHREN señala la necesidad de aumentar la asistencia financiera y técnica. Consideran que el aporte de estos grupos es fundamental y que se necesita de ellos.
Ampliar sanciones y restringir mercados
La resolución del PE solicita ampliar la lista de personas sancionadas e incluir a Ortega, Murillo y sus allegados; y el GHREN incrementar las acciones legales y sanciones contra las personas, instituciones y entidades responsables de los abusos.
La última recomendación que comparten es que se condicione, a parámetros de derechos humanos, el acceso preferencial de Nicaragua a los mercados; es decir, suspender algunos derechos que otorgan el DR-Cafta y el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.
Además, el GHREN pide que las conclusiones de su informe sean tomadas en cuenta en la Consulta del Artículo IV del Fondo Monetario Internacional (FMI) y en la recomendación 8 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) usado para justificar la cancelación masiva de Organizaciones Sin Fines de Lucro.
Una sugerencia unilateral del GHREN es la necesidad de proteger a los nicaragüenses privados de nacionalidad, expulsados y a quienes le niegan el ingreso al país.
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Desde la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN), agradecemos por estos invaluables aportes a la lucha por la democracia, esperamos que estas recomendaciones sean impulsadas por la comunidad internacional, y nos sumamos a los países y organizaciones que piden que en el actual período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos se renueve el mandato del GHREN y de la Oficina del Alto Comisionado.
*Este artículo se publicó originalmente en: www.cdnicaraguense.com
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