A tan solo tres días para que venza el plazo para que todos los contribuyentes cumplan con la declaración de impuestos correspondiente al año fiscal 2024, casi la mitad no había cumplido con la obligación, lo que allana el camino para que la Dirección General de Ingresos (DGI) empiece a aplicar masivas multas a partir del 1 de marzo a las empresas y demás contribuyentes.
La DGI informó que hasta el 25 de febrero solo el 51.5 por ciento de los contribuyentes había cumplido con la presentación y pago de la declaración de Impuesto sobre la Renta (IR) correspondiente al año fiscal 2024.
El proceso comenzó el pasado 15 de febrero, cuando se publicó el formulario de declaración, es decir que han transcurrido diez días para que un poco más de la mitad de los contribuyentes cumpla con el proceso, en medio de muchos obstáculos que la DGI ha impuesto para que haya fuerte retraso.
Según fuentes del sector empresarial, el bajo nivel de presentación de declaración de impuestos a pocos días de que venza el plazo es por las múltiples trabas que está generando el sistema de declaración de la DGI en línea.
«Los empresarios preocupados por todas los bloqueos que la DGI está haciendo. El sistema se bloquea automáticamente por las empresas que registran compras de activos como vehículos, terrenos o mejoras de edificios», explica una de las fuentes.
Indicó que «otros bloqueos tienen que ver con los gastos por servicios profesionales que tienen las empresas, también por los gastos financieros reportados», entonces «la administración tributaria de la DGI, lo que está haciendo es bloqueando para recuperar más dinero vía multas cuando ya no hay tiempo».
La situación de las empresas empeora porque paralelo a la presentación de la declaración anual del IR también estas deben cumplir con otras obligaciones fiscales. «Recordemos que con la reforma a la LCT (Ley de Concertación Tributaria) 2019 se acortaron todos los plazos y antes se tenía hasta el 31 de marzo para declarar y pagar, ahora es al 28 de febrero, lo que influye en la falta de tiempo de revisión para las declaraciones», precisó una fuente.
«El sistema tributario es abusivo, no hay derecho a la defensa, la misma DGI te amenaza con hacerte una auditoría fiscal, o que declarés lo que ellos dicen… un abuso total», agregó.
«Nadie se queja por miedo y nadie interpone recursos porque no prosperan y te volvés enemigo del Estado», lamentó otra fuente.
Cabe mencionar que este año también la Dirección General de Ingresos empezó a cobrar impuestos a las denominaciones religiosas. Según fuentes conocedoras del tema, tras el inicio del proceso de declaración de impuestos, «todas las asociaciones religiosas fueron elevadas al régimen general y están pagando impuestos en este momento… Las iglesias habían estado exentas de impuestos sobre la renta a lo largo de la historia tributaria del país».
Señalaron que a las iglesias se les están aplicando impuestos de hasta 30 por ciento sobre los ingresos, que en su mayoría son ofrendas y diezmos.
El 21 de agosto del año pasado, en silencio y a través de una derogación de ley, Ortega ordenó quitar exenciones a las iglesias de cualquier denominación, en un paquete de reformas que creó un nuevo modelo de trabajo de las organizaciones sin fines de lucro, donde aprovechó para hacer ajustes a la Ley de Concertación Tributaria (Ley 822).
En lo referido a la reforma a la Ley 822, la dictadura ordenó derogar el numeral 3 del artículo 32 de dicha ley, que protegía a las iglesias y otras instituciones religiosas del pago del Impuesto sobre la Renta (IR) de actividades económicas.
