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Como ya es costumbre en una buena parte de las instituciones del Estado, el Instituto de Medicina Legal (IML) lleva más de un año sin actualizar las estadísticas de casos, tanto en sus anuarios como en los boletines mensuales que publicaba esta dependencia del poder judicial.
El último boletín mensual que publicó esta institución fue el de diciembre de 2023, mientras que el último anuario disponible corresponde al de 2022, publicado en noviembre de 2023.
El IML recibe denuncias relacionadas con delitos sexuales cometidos contra niñas, niños, adolescentes, mujeres y la población en general. Además, realiza peritajes medicolegales para personas vivas o fallecidas, relacionados con lesiones físicas, lesiones psíquicas, determinación del estado de salud física y mental, entre otros.
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Según el exfuncionario de la Corte Suprema de Justicia, Yader Morazán, la falta de publicación de boletines y anuarios podría deberse a que todas las actividades de comunicación del poder judicial están paralizadas desde noviembre de 2023, cuando el régimen Ortega Murillo emprendió una sacudida en este poder del Estado.
“Medicina Legal también está afectada por esta situación, ya que forma parte del Poder Judicial y no es ajena a esta realidad. Las áreas encargadas de gestionar el sitio web no están operando de manera adecuada. Todo esto refleja un poder judicial que se encuentra prácticamente paralizado desde la intervención policial”, afirmó Morazán.
A esto se suma que esta institución también ha registrado despidos, aunque de momento no es posible establecer una cifra exacta de cuántos funcionarios han sido removidos de sus puestos.
Política de ocultar datos
La socióloga y feminista María Teresa Blandón declaró a LA PRENSA que la falta de datos responde a una estrategia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para encubrir la gravedad de la violencia en el país, especialmente la que afecta a las mujeres y la niñez.
“El régimen Ortega Murillo se ha negado sistemáticamente a aplicar la Ley 779 y a implementar políticas públicas para prevenir y sancionar esta forma de violencia. Este rechazo para actuar y cumplir con lo que establece la ley es, en esencia, un esfuerzo por encubrir y ocultar la situación a la opinión pública”, refirió Blandón.
Según Blandón, el cierre del sistema de información pública en Nicaragua no solo afecta el tema de la violencia, sino prácticamente todos los ámbitos, ya que, a su juicio, el país opera bajo “un sistema caracterizado por la opacidad absoluta”.
“Esto dificulta enormemente que la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil, las Naciones Unidas o las instituciones financieras regionales e internacionales accedan a información confiable sobre la realidad del país. Temas cruciales como la economía, la demografía, la pobreza, los ingresos, la mortalidad materna e infantil, o la desnutrición permanecen en la oscuridad debido a la manipulación y el deterioro del sistema de información pública”, señaló.
“Esta opacidad es característica de gobiernos que no están comprometidos con abordar los problemas más urgentes de la sociedad. La violencia contra las mujeres y las niñas, así como los otros problemas mencionados, son asuntos apremiantes”, reiteró Blandón.
20 mil peritajes por violencia sexual contra niñas y adolescentes
Entre 2018 y 2023, el IML realizó 438,745 peritajes por diversas causas. De estos, al menos 1,190 fueron por suicidio y al menos 20,408 por casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes menores de 18 años. De este total, las menores de entre 13 y 17 años fueron las más afectadas, con 11,029 incidentes, 1,650 más que los registrados en niñas de 0 a 12 años.
En el caso de los suicidios, las cifras del IML, recopiladas por LA PRENSA con base en los boletines mensuales de esta institución, reflejan que entre 2018 y 2023 se realizaron 975 peritajes a hombres y 215 a mujeres. Esta distribución coincide con el patrón de suicidios en Nicaragua registrado por la Policía.
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